En Costa Rica el régimen de ganancialidad se delimita a partir del artículo 41 del Código de Familia el cual establece un marco normativo tan amplio que deja a criterio de los jueces la determinación de la naturaleza ganancial de los bienes a liquidar al momento de la disolución del vínculo. Como resultado, muchos bienes con vocación ganancial pueden verse obviados y por lo tanto, excluidos dentro del proceso de liquidación; incluyéndose en este supuesto a las prestaciones laborales. La naturaleza ganancial de las prestaciones labores ha sido reconocida por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, quien a pesar de ello no supo resolver el problema de fondo: su constatación, de ahí la necesidad de acudir al análisis de Derecho comparado en busca de una solución viable y efectiva de acuerdo al ordenamiento jurídico costarricense. En concreto las medidas planteadas para solventar lo anterior y para hacer valer este derecho, es hacer uso de procedimientos como la liquidación anticipada para los casos en que las prestaciones se obtengan durante la vigencia de la unión conyugal o bien el reintegro de bienes cuando estos valores no hayan sido aprovechados en beneficio común.
