Derecho
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Item Las medidas preventivas o cautelares adoptadas en Sede Administrativa: una visión desde la Contraloría General de la República en su función de superior vigilante de la Hacienda Pública(2017) Jordán Brenes, César Enrique; Alvarado Quesada, Marco VinicioLa presente investigación, además de un ejercicio académico, constituye un verdadero aporte al estudio de las medidas cautelares en sede administrativa, el cual se expone desde óptica de la Contraloría General de la República, en virtud del importantísima deber que tiene el órgano contralor, en la correcta fiscalización superior de la hacienda pública. No obstante, para que el órgano contralor pueda alcanzar el efectivo y eficiente cumplimiento de las competencias asignadas constitucional y legalmente dentro del marco reglado y garantista del procedimiento administrativo, así como en materia de contratación administrativa y respecto a los estudios de fiscalización que lleva a cabo la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE) de la Contraloría General de la República, dispone de la facultad para decretar las medidas cautelares que estime pertinentes para los casos en concreto que tenga bajo estudio, en razón de sus especiales competencias que procuran un buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas. El fundamento general del marco normativo del cual deriva la potestad discrecional a las Administraciones para adoptar las medidas cautelares, deriva en primer lugar de la Constitución Política (1949), artículos 9, 11, 27, 33 y 41 y de la Ley General de la Administración Pública, artículos 19 y 146. Por lo anterior, podemos afirmar que el marco normativo que habilita a la Contraloría General de la República para adoptar medidas cautelares, es númerus Clausus y dependerá de la investigación o gestión de fiscalización de que se trate, la utilización de alguna medida cautelar. No obstante, en este trabajo, propones algún marco normativo regulatorio y mejoras al existente, sin pretender limitar la figura cautelar a un mecanismo taxativo de probabilidades cautelares. En este orden de ideas, consideramos que resulta posible incluir en el régimen cautelar del Órgano Contralor las medidas...Item Estructuras administrativas complejas para la regulación de las actividades de los particulares: el caso de la SUTEL en el mercado de telecomunicaciones(2013) Burgos Vargas, Carlo Magno; Fernández Flores, Luis Carlo; Mora Espinoza, Alvaro EnriqueEn la presente investigación se pretende realizar un estudio relativo a la estructura institucional dentro de la que se crea la Superintendencia de Telecomunicaciones en Costa Rica, realizando una suerte de comparación entre las competencias giradas al órgano regulador frente a las potestades conferidas para el cumplimiento de sus objetivos. Dicho análisis se genera con vista en la práctica y doctrina comparada, sobre todo de los sistemas de tradición anglosajona en donde se ha dado la génesis del movimiento regulatorio o de intervención indirecta en las economías. Los objetivos generales de la investigación se enmarcan dentro del estudio de la figura de la superintendencia como el instituto jurídico para la regulación de las actividades de los particulares, con un enfoque esencial en el caso de la Superintendencia de Telecomunicaciones en Costa Rica, así como el determinar si las potestades legales otorgadas a la SUTEL son las adecuadas de conformidad con su competencia orgánica de supervisión y control del mercado bajo tutela. Para la verificación de tales objetivos, la investigación se sustenta en una metodología que combina varios métodos; en primer lugar, un análisis diametral de la doctrina, normativa y jurisprudencia aplicable al tema, además de una lógica comparada al respecto, utilizando un sistema de estudio por medio del desarrollo histórico de los institutos por tratar. Llegando en sus finales a emplear la lógica deductiva para la generación de conclusiones. En concreto se pudo arribar a la conclusión que la estructura básica del sistema de regulación de las telecomunicaciones en Costa Rica se caracteriza por la difusión de competencias entre varios órganos o entes públicos, manteniéndose siempre bajo una lógica de gestión indirecta o control de la actividad privada, pero diluyendo la actividad de regulación dentro de un complejo de órganos públicos. La existencia de un sistema regulatorio...