Derecho

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    La protección jurídica de los consumidores financieros, frente a las prácticas abusivas en la cobranza por deudas: un análisis de derecho comparado con España, Estados Unidos y Perú
    (2022) Chavarría Mendoza, Ramón; Rojas Leiva, Jozabeth; Gatgens Gómez, Erick
    El presente trabajo investigativo tiene como justificación la existencia de un vacío legal respecto a la gestión cobratoria de deudas. Específicamente, la ausencia de una prohibición expresa de las prácticas abusivas en la cobranza, con rango de ley, que brinde seguridad jurídica a los consumidores. Esta justificación delimita el problema jurídico a tratar, lo que facilitó el planteamiento de una hipótesis acorde, que busca a su vez proponer una solución al problema identificado. Se tiene entonces como hipótesis, que una prohibición a las prácticas abusivas en la cobranza que esté contenida en la Ley 7472, Ley de la Promoción de la Competencia y defensa Efectiva del Consumidor, generaría una protección mucho más efectiva de los derechos de los consumidores financieros, en comparación con la regulación actual de tales prácticas. Según esta hipótesis, objetivo general a perseguir es determinar que, al tratarse de prácticas abusivas en la cobranza por deudas, la protección jurídica nacional de los derechos fundamentales de los consumidores financieros requiere una reforma a nivel legal para ofrecer una mayor efectividad en su tutela. En cuanto a la metodología, se propone alcanzar el objetivo planteado mediante el método histórico y el analítico. Con el método histórico se persigue comprender de qué manera surge el derecho de consumo y su contexto, para analizar su desarrollo a través de los años y la evolución que ha experimentado. Por su lado, con el método analítico se procura analizar la relación de consumo entre comerciante y consumidor, concentrándose en el momento en que existe una obligación exigible, previo a la judicialización para su cumplimiento. Se realiza, además, un análisis de derecho comparado entre Perú, España y Estados Unidos de América. Inicialmente, el capítulo primero aborda el origen de los derechos de los consumidores en el contexto del derecho internacional, siendo las Directrices...
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    Mejoras para la eficacia de la Ley de protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos, No. 8220, en los desarrollos inmobiliarios condominales
    (2022) Herrera Parra, Yensy Josette; Álvarez Hernández, Frank Alberto
    El interés en realizar la presente investigación nació a raíz de la gran cantidad de requisitos que deben cumplirse para someter un bien inmueble al régimen de propiedad en condominio. Esa problemática hace menester que se implementen mejoras para lograr una mayor eficacia de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, N°8220, las cuales pueden consistir en una mayor flexibilidad para la presentación de documentos, reducción en los tiempos de espera, facilidad de acceso a plataformas digitales para la gestión de trámites, así como para el seguimiento respectivo de los mismos. Para comprobar lo anterior, se consultaron diversas fuentes de información, se examinó de forma íntegra la normativa que existe, se revisaron las plataformas digitales para hacer gestiones en línea y se entrevistó a profesionales que realicen trámites de construcción para conocer su percepción de las posibles soluciones. Se concluyó que los requisitos para constituir un condominio están dispersos en la normativa nacional y en el proceso intervienen al menos 15 instituciones públicas, se deben confeccionar los planos, formular un anteproyecto y obtener los demás requisitos documentales. Lo que se contrastó con la doctrina de la simplificación de trámites administrativos, que busca hacer menos complicado el proceder de las oficinas públicas para lograr una mayor eficacia y eficiencia, así como reducir los costes para los destinatarios de las regulaciones. Lo que se plasmó en la Ley No. 8220 al reconocer un conjunto de derechos a la población como la presentación única de documentos, la publicidad de los trámites, el deber de información y pronta resolución (plazos), el trámite ante una única instancia administrativa, el respeto de competencias y la coordinación interinstitucional, así como el derecho de participación ciudadana. El CFIA desarrolló una herramienta muy útil llamada Administrador...
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    Obsolescencia programada y los derechos del consumidor
    (2022) Hernández Murillo, Adrián; Núñez Rodríguez, Erick Gerardo
    El presente trabajo tiene como objetivo principal identificar los efectos de la obsolescencia programada sobre los derechos del consumidor. Con el fin conocer los efectos de las diferentes manifestaciones del fenómeno en cuestión se hará un análisis del mismo, de los derechos del consumidor, de la normativa, así como de distintas propuestas para abordarlo. Para hurgar en el objeto de investigación se plantean cuatro objetivos específicos: En primer lugar, se demostrará la presencia del fenómeno de la obsolescencia programada en materia de consumo, en relación con los sujetos y objetos afectos. Se comprenderán, además, los antecedentes del fenómeno, sus aristas, sus diferentes manifestaciones, así como las formas de operar del mismo a través de distintos ejemplos de reciente data. Una vez expuestas dichas conceptualizaciones, se procederá a identificar los derechos específicos del consumidor que entran en contacto con la obsolescencia programada bajo los contratos y relaciones de consumo. En tercer lugar, se observará aquella normativa que ampare al consumidor con el objetivo de puntualizar sobre los alcances o falencias de la misma. Por último, se procederá a examinar aquellos institutos jurídicos que ostenta la normativa nacional con los que se podría, de manera puntual, hacer frente a los efectos de las diversas formas en que se muestra la obsolescencia programada.
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    Los derechos del consumidor ante la Ley de Usura N°9859
    (2021) Maradiaga Zúñiga, María Alejandra; Navarro Carranza, María Roxiris; Arce Arias, Guillermo
    Justificación. Existen muchos cuerpos normativos en el ordenamiento jurídico costarricense que no han podido lograr una tutela efectiva cuando se está en presencia de derechos del consumidor crediticio; recientemente, se perciben problemáticas como alto endeudamiento de la sociedad, poca regulación por parte del ente gubernamental hacia el sector informal, cobro desmedido de intereses en los créditos y, además, la promulgación de nuevas leyes que no vienen a regular la problemática y, por el contrario, causan confusión, al no tener la claridad de la aplicación de estas. Tal es el caso de la Ley 9859, que ha resultado insuficiente para la aplicación de la normativa y, al estudiarla, se evidencia que la protección del consumidor crediticio se ha visto en menoscabo; un ejemplo de ello es la falta de claridad en los términos y la aplicación de la ley. En el cuerpo legal, se habla de tasa efectiva, pero no se explica qué se entiende por este concepto y cómo se aplica; si bien es cierto, se regula el tema de los microcréditos, no se aclara cómo debe actuar la persona que eventualmente podría verse perjudicada en el cobro desmedido de intereses ni el proceder de la SUGEF, que es el ente encargado de supervisar que no se violente la ley. Además, no se toma en cuenta la problemática de los sectores más vulnerables que acuden a créditos informales y que pueden sacar los créditos que consideren conveniente, sin mencionar el vacío que existe en cómo y cuándo se va a desarrollar el sistema de promulgación de los índices crediticios formales. Ante esta problemática, es importante realizar el análisis de los derechos del consumidor frente a la Ley 9859, para analizar si la ley cumple o no con la finalidad con la que se crea. Además, estudiar si existe un quebrantamiento en los derechos de los consumidores crediticios. Hipótesis. Necesariamente debe existir una reforma al artículo 44 bis de la Ley 9859, para garantizar la posibilidad...
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    Análisis del perfil jurídico del consumidor financiero en la normativa y jurisprudencia costarricense, en contraste con derecho comparado colombiano y español
    (2018) Andrade Solano, Luis José; Sánchez Castro, José Paulo; Hernández Rodríguez, Magally
    En la actualidad en el ordenamiento jurídico costarricense, no existe una regulación expresa sobre el consumidor financiero, existiendo normas separadas e independientes que tutelan al consumidor y a los entes financieros por aparte. Es de especial relevancia disponer de un marco legal uniforme para los sectores financieros, que regule de manera directa, precisa y comprensible los derechos y deberes de los consumidores y las entidades financieras. En el entorno nacional, la protección y el reconocimiento de la figura de consumidor financiero se ha realizado por vía de la jurisprudencia a través de la aplicación de la normativa general del Derecho del Consumidor; implicando de especial importancia para los consumidores del sistema financiero nacional, un desarrollo oportuno acerca de la regulación y protección especial del consumidor financiero. Por lo cual un análisis de Derecho Comparado con las legislaciones más avanzadas sobre ésta temática, resulta menester para denotar los desafíos que presenta la legislación costarricense, y asimismo dar un marco de referencia. Del análisis de la doctrina del consumidor financiero, jurisprudencia y normativa nacional en conjunto con el análisis del Derecho colombiano y español, se evidencia en CR la deficiente tutela legal de dicho tipo de consumidor. Por ello, se proponen dos posibles reformas, sea para crear un capítulo dentro de la Ley 7472, o para crear una ley para la tutela del consumidor financiero. Dicho apartado deberá tutelar de forma homogénea e íntegra, al consumidor de los mencionados servicios, así como darle competencia a la Comisión Nacional del Consumidor para resolver las controversias que se puedan generar; o en su defecto, que se cree una ley de protección y regulación de los consumidores de servicios financieros. A su vez, se debe establecer un ente especializado y competente para dirimir los conflictos planteados por los consumidores de servicios financieros...
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    Propuesta de creación de una competencia especializada en materia de consumo
    (2015) Acuña Bolaños, Natasha Paola; Jiménez Bolaños, Jorge
    Debido a los múltiples conflictos que se derivan de las relaciones de intercambio de bienes y servicios, resulta menester contar con una legislación especializada, así como de una competencia exclusiva en materia de derecho de consumo, con el fin primordial de poder garantizar el respeto de los derechos e intereses de los consumidores. En el ordenamiento jurídico costarricense, existe una regulación especial en cuanto a la defensa de los derechos e intereses de los consumidores, por medio de la Ley 7472, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y su Reglamento, normativa que proclama y resguarda una serie de derechos como inherentes a todo consumidor, así como los deberes de todo comerciante o productor frente a los consumidores. En el artículo 35 de la Ley 7472 se enmarca el Régimen de Responsabilidad Objetiva, el cual establece que todo el que intervenga en la cadena de producción de bienes y servicios, ya sea como comerciante, productor, proveedor y/o encargado de la elaboración del producto, responderá objetiva y solidariamente ante el consumidor que resulte perjudicado con ocasión del bien o servicio prestado. En cuanto al Decreto Ejecutivo Nº 37899- MEIC, Reglamento a la Ley 7472, se establece un procedimiento claro para resguardar los derechos del consumidor, el cual debe llevarse a cabo ante la Comisión Nacional del Consumidor, procedimiento basado en una serie de principios primordiales para resguardar los derechos de los consumidores. No obstante, en la práctica este procedimiento resulta poco eficaz en el resguardo de los derechos y la satisfacción de los intereses de los consumidores, por cuanto la CNC posee una competencia limitada, así, en el artículo 46 de la Ley 7472, se establece que la CNC no puede conocer asuntos en los que se pretenda la anulación de contratos de adhesión o el resarcimiento de daños y perjuicios en virtud de violación a la Ley, de manera que en el tema...

SIBDI, UCR - San José, Costa Rica.

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