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    La obtención de la prueba penal en el extranjero: análisis a la luz del Tratado de Asistencia Legal Mutua en asuntos penales entre los países centroamericanos y la experiencia en los tribunales costarricenses
    (2014) Vindas Rojas, Wilson Alejandro; Salazar Murillo, Ronald
    El auge que han tenido figuras delictivas a nivel centroamericano como la corrupción, el narcotráfico, el sicariato, el tráfico de personas, entre otras, han llevado a los estados a buscar herramientas de ayuda para controlar y minimizar estas acciones delictivas y evitar la impunidad de sus conductas. Con esos fines, se han suscrito varios tratados, entre ellos el Tratado de Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre las Repúblicas de Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá (TALM). En dichos tratados, se han establecido procedimientos ágiles y expeditos para la obtención de la prueba penal en el extranjero, por medio de la Autoridad Central; sin embargo, la utilización de dichos procedimientos han generado en nuestro país una problemática en su aplicación, y esta es precisamente la hipótesis que se plantea en la investigación: Que el TALM ha resultado inaplicable al no existir un procedimiento previamente establecido para la obtención de la prueba penal en el extranjero, lo cual permite solicitar la prueba, sin necesidad de la orden de un juez costarricense, a pesar de que se invade la esfera de intimidad y privacidad del individuo. Aunado a ello, la Autoridad Central nombrada por Costa Rica no cuenta con las potestades suficientes para determinar si la asistencia procede o no. Al respecto, existen dos posiciones. La primera de ellas es aquella que sostiene que el fin del tratado es agilizar los trámites para la obtención de prueba, y que por lo tanto se hace innecesario la orden de juez para obtener la prueba, ya sea que invada o no la esfera de intimidad y privacidad del individuo, debido a que priva lo establecido en el tratado, el cual no exige dicho requisito. Por otro lado, la segunda posición es cual considera que, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico interno, se requiere la orden de un juez para solicitar dicha prueba, lo cual no es un mandado para el país...
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    Generalidades procesales del reconocimiento y ejecución de pronunciamientos extranjeros
    (2014) Muñoz Guevara, Marvin; Ulate Chacón, Enrique Napoleón
    El tema pretende examinar la doctrina, legislación y jurisprudencia más representativa en torno al tema. Con ello escudriñar las repercusiones que producen los pronunciamientos que autoridades foráneas emiten, y que de alguna manera tienen incidencia en el territorio costarricense. No obstante de las variadas acciones que los particulares pueden formular a las autoridades emisoras de los pronunciamientos por reconocer, tan solo me referiré, en forma generalizada, a las que trascienden las relaciones privadas, de modo que, salvo algunos asuntos relacionados con las materias que se dirán, no se examinarán las que tengan naturaleza represiva, fiscal, administrativa o de cualquier otra índole, pues por principio, salvo las excepciones previstas en los distintos Tratados y Convenciones, tales adolecen de eficacia extraterritorial. Por la necesidad de que en el ámbito nacional existan directrices que vengan a robustecer la tutela efectiva de los casos atinentes a brindar el reconocimiento y ejecución, cuanto la cooperación internacional requerida por los pronunciamientos emitidos por autoridades foráneas, se propone cual hipótesis central de la presente investigación aludir a que: En la praxis jurídica costarricense, los mecanismos de reconocimiento y ejecución de pronunciamientos emitidos por autoridades extranjeras (exequátur de gestión de parte interesada) y exequátur modalidad carta rogatoria, son de poco interés, estudio y hasta desconocimiento en los cursos universitarios, por los abogados litigantes, y por las mismas autoridades nacionales, por lo que no ha existido una apropiada y efectiva tutela de los derechos fundamentales que aquellos casos involucran, lo que sugiere realizar un abordaje práctico para evidenciar esas falencias, cuanto facilitar su conocimiento y tratamiento con el objeto de mejorar dicha tutela. Como objetivos de la presente investigación, destacan los siguientes: 1.Explicar y discutir ampliamente...
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    La implementación del estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional en el derecho costarricense
    (2003) Chamberlain Bolaños, Cynthia; Chirino Sánchez, Erik Alfredo
    Objetivo General -Analizar los aspectos fundamentales para una aplicación efectiva del Estatuto de Roma en el Derecho costarricense. Objetivos Específicos -Destacar y analizar la importancia del Estatuto de Roma y el establecimiento de una Corte Penal Internacional -Indicar las implicaciones del Estatuto de la Corte Penal Internacional en el derecho interno costarricense, especialmente en el ámbito constitucional, penal y procesal penal. -Determinar las reformas legales necesarias para una implementación del Estatuto de Roma -Comparar los proyectos de leyes de implementación y fallos constitucionales de otros países para su eventual adaptación a la experiericia costarricense. Hipótesis: -A pesar de la ratificación del Estatuto de Roma, se deben reformar normas sustantivas y de procedimiento penal para así garantizar el funcionamiento efectivo de la Corte Penal Internacional y cumplir con las obligaciones del Estatuto de Roma. Metodología: Para realizar los objetivos anteriormente citados, se utilizó un método deductivo de análisis en el que se estudió en primer plano, los antecedentes históricos que llevaron a la firma del Estatuto de Roma en 1998. Luego se analizaron los aspectos peculiares y distintivos que tiene este tribunal internacional con respecto a los anteriores tribunales penales internacionales y con el sistema interamericano de derechos humanos. Posteriormente se analizaron los aspectos constitucionales que tuvieron que ser tratados para la ratificación del Estatuto de Roma por parte del estado de Costa Rica, así como posibles problemas constitucionales que podrían surgir en el futuro. Seguidamente se estudió la normativa de los códigos penal y procesal penal costarricenses, para determinar si en materia legal existe complementariedad con el Estatuto de Roma, o si de lo contrario, se necesitan realizar reformas legales para adaptar la legislación costarricense con las obligaciones adquiridas con el Estatuto...

SIBDI, UCR - San José, Costa Rica.

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