Derecho
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Item El procedimiento de toma de acuerdos en las asambleas de condóminos de la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio no. 7933: problemáticas y propuesta de reforma(2018) González Hernández, Yoser David; Álvarez Hernández, Frank AlbertoEn la presente investigación se rea]iza un análisis teórico-práctico del procedimiento de toma de acuerdos en las asambleas de condominios contenido en la Ley Regufadora de la Propiedad en Condominio no. 7933 (LRPC), vigente en la actualidad; así como de su reglamento, el Decreto Ejecutivo no. 32303 del 02 de marzo del 2005 (RLRPC), también en vigor. En primer lugar, se analiza el origen histórico y normativo de la figura de la propiedad en condominio -tal y como se conoce, actualmente, en Costa Rica- desde su antecesor inmediato: la propiedad horizontal. Este análisis inicia con una reseña histórica por el instituto con una breve mención de la evolución en los casos de España y México. Luego, se focaliza la implementación de la propiedad horizontal en Costa Rica, a través de la Ley de Propiedad Horizontal no. 3670 del 22 de marzo de 1966 (LPH) y se remata con el estudio de los elementos propios del régimen de la propiedad en condominio introducidos por la LRPC. Posteriormente, se realiza un estudio sobre la figura de la asamblea de condóminos en e] ordenamiento jurídico costarricense, una aproximación histórica sobre sus posibles orígenes "modernos", su conceptualización y la de cripción del procedimiento de toma de acuerdos vigente. Luego, se hace un estudio de las problemáticas actuales de] procedimiento de toma de acuerdos, utilizando como base la opinión de profesionales con amplia experiencia en e] planeamiento, diseño, constitución, construcción, funcionamiento y administración de condominios en Costa Rica. Las principales problemáticas se recopilarán, de forma que puedan identificarse las más comunes y en las que existe mayor consenso por parte de los entrevistados. Con este insumo, se procederá a proponer una reforma al procedimiento previsto en la LRP . Por último, se analizarán los medios de impugnación y la solicitud de medidas cautelares en el nuevo Código Procesal Civil no. 9342 (NCPC), que entrará...Item Vacíos jurídicos sobre la naturaleza de la relación de los árbitros de fútbol que participan en el campeonato nacional de primera división de acuerdo con el ordenamiento jurídico costarricense: una propuesta de regulación normativa(2021) Soto Arias, Carlos Luis; Vega Robert, RolandoEn Costa Rica, los árbitros de fútbol se encuentran regulados bajo una modalidad de contratación como prestatarios de servicios, lo cual genera la existencia de una gran cantidad de requisitos, solicitudes y exigencias originados desde la Federación Costarricense de Fútbol (FEDEFÚTBOL). La realidad refleja un atropello a las garantías laborales de estos prestadores de servicios. La supuesta contratación por medio de servicios profesionales que existe en Costa Rica, produce un grave atropello a las garantías laborales de los árbitros, en donde muchas veces mediante supuestos intermediarios, se intenta eludir responsabilidades, cargas y aspectos sociales como, por ejemplo: el seguro o póliza de riesgos del trabajo son por ley universales y obligatorios. El actuar omiso de instituciones o ministerios como: la Caja Costarricense del Seguro Social, el Instituto Nacional de Seguros, o incluso el mismo Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en Costa Rica, ocasiona estos trabajadores presten sus servicios bajo una supuesta contratación de servicios profesionales sin una revisión de si está o no correcta su condición. Lo anterior, origina como consecuencia que no cuenten con ninguna garantía social, laboral ni civil. Tomando como pautas la jurisprudencia, la doctrina y la normativa internacional, en Costa Rica el objetivo debe centrarse en abarcar y regular dichas contrataciones mediante una normativa justa, adecuada y proporcional, tanto para la parte trabajadora como para la parte patronal. La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) puede establecer requisitos en la práctica y función del arbitraje de fútbol; pero, no puede atropellar o de alguna manera ir en contra del Código de Trabajo o la misma Constitución Política en Costa Rica (Derecho Positivo Costarricense). La evasión de la figura patronal mediante una contratación por servicios profesionales con intermediarios no produce más que actos...Item Humanización de la justicia en el derecho procesal de familia: implicaciones teórico-prácticas para el ordenamiento costarricense(2023) Calvo Brenes, Enrique Alonso; Figueroa Flores, RoxanaJustificación del tema. Ante la práctica de efectivizar derechos y combatir la mora judicial, aunado a la virtualidad de procesos por la facilidad de gestión de casos y la crisis biosanitaria, es necesario visibilizar la humanización de la justicia en el Derecho, con interés en la rama de Familia, al trastocar derechos que inciden en las relaciones fundacionales de la sociedad. Adquiere relevancia el rescate, integración y adaptación de la humanización a los procesos judiciales actuales, a fin de que no respondan exclusivamente a meros formulismos procesales y observancias de plazos. El abordaje humanista es vital para recordar que, en el fondo, se trata de intereses, antecedentes y pretensiones, todos ligados, indefectiblemente, a lo humano. En los antecedentes, se evidencia el tratamiento de la humanización de la justicia, mayoritariamente en el Derecho Penal, con profusa doctrina y jurisprudencia. Las escasas obras sobre los procesos humanistas en el Derecho de Familia, en el ordenamiento jurídico nacional y otras latitudes, darían pie a estudios innovadores y prometedores que echen mano de la teoría y práctica existentes en otras ramas para enriquecer un abordaje tan incipiente en esta materia. El Derecho Procesal de Familia, con su campo de aplicación en las relaciones paterno-filiales, materno-filiales, conyugales, de convivencia y parentesco, debe entenderse y abordarse desde lo humano, ya que son personas en el seno de las interacciones sociales más estrechas, universales y antiguas, quienes dan vida e impulsan el desarrollo de la rama familiar. Formulación de la hipótesis. Humanizar el Derecho Procesal Familiar es condición indispensable para replantear el eficientismo dentro de una justicia garantista que promueva la dignidad de la persona como máxima consideración en la resolución de conflictos. Objetivo general. Visibilizar la trascendencia de la humanización de la justicia como garantía de la dignidad humana...Item Análisis de las implicaciones jurídicas y prácticas de la implementación del derecho a la desconexión digital de las personas trabajadoras desde la perspectiva de la regulación de la intimidad y la salud en el ordenamiento jurídico costarricense(2023) Huembes Tijerino, Tatiana del Carmen; Ruiz Mena, Davis Junior; Campos Esquivel, RodrigoJustificación. Actualmente, por el vertiginoso auge de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el ámbito laboral, existe la duda con respecto a la línea que divide el trabajo y la vida privada. En nuestro país, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) detalla que al 24 de agosto de 2020 se registraban 63 747 personas trabajando desde sus hogares, esto es tres veces más la cifra de marzo de 2020, cuando apenas iniciaban las condiciones de emergencia (16 764) por la pandemia por COVID-19. Al respecto, Ferreyra y Vera (2020) mencionan que: Luego de la pandemia originada por la irrupción del COVID-19, las relaciones de empleo tuvieron que digitalizarse absolutamente, como consecuencia de la necesidad de mantener el aislamiento. Resulta vital la utilización de los dispositivos electrónicos en la prestación de servicios o TIC, lo que genera cambios en la organización del trabajo e impacto en las condiciones esenciales de la relación laboral como lo es la jornada de trabajo. Al permitir que se trabaje en cualquier lugar y en cualquier momento, se difumina la línea entre las horas de trabajo y la vida personal. Hipótesis. La adecuada regulación e implementación y control de la efectividad del derecho a la desconexión digital en el ordenamiento jurídico costarricense tiene implicaciones jurídicas y prácticas positivas para las personas trabajadoras desde el punto de vista de la salud y la intimidad. Objetivo General. Analizar las implicaciones jurídicas y prácticas de la implementación del derecho a la desconexión digital para las personas trabajadoras desde la perspectiva de la regulación de la salud y la intimidad en el ordenamiento jurídico costarricense. Metodología. Esta investigación se enmarcó en el enfoque cualitativo. La cual se basó en una lógica y proceso inductivo, que va de lo particular a lo general y por eso su alcance es descriptivo. El método de recolección de datos...Item Incoherencias en el cálculo del auxilio de cesantía en Costa Rica y recurso de casación en Interés del ordenamiento jurídico como propuesta para su estandarización(2022) Calderón Rodríguez, Héctor Josué; Díaz Díaz, Ilse MaryLa presente investigación surgió de la identificación de una incoherencia recurrente en resoluciones judiciales costarricenses en torno al cálculo auxilio de cesantía. Se plantea esta investigación para estudiar tal fenómeno y sus posibles soluciones, con un especial énfasis en el instituto laboral del recurso de casación en interés del ordenamiento jurídico como potencial solución. Utilizando las herramientas de hermenéutica jurídica, se concluye que las normas laborales en Costa Rica deben ser interpretadas primero según su texto y, en ausencia de claridad, tiene que primar el principio in dubio pro operario, que ordena la interpretación más provechosa para el trabajador. En virtud de ello, se concluye que la interpretación correcta del método de cálculo del auxilio de cesantía dispuesto por el artículo 29 del Código de Trabajo se puede dilucidar con una redacción interpretativa propuesta por este trabajo, como la siguiente: -Antes de cumplir 3 meses de trabajo, no corresponde el pago de cesantía. -Cumplidos los 3 meses, pero antes de cumplir los 6 meses: se deben pagar 7 días. -Cumplidos los 6 meses, pero antes de cumplir un año: se deben pagar 14 días. -Cumplido el año, pero antes de cumplir un año con 6 meses: se deben pagar 19,5 días. -Cumplido un año con 6 meses, pero antes de cumplir los 2 años con 6 meses: se deben pagar 40 días. -Cumplidos los 2 años con 6 meses, pero antes de cumplir los 3 años con 6 meses: se deben pagar 61,5 días. -Cumplidos los 3 años con 6 meses, pero antes de cumplir los 4 años con 6 meses: se deben pagar 84 días. -Cumplidos los 4 años con 6 meses, pero antes de cumplir los 5 años con 6 meses: se deben pagar 106,2 días. -Cumplidos los 5 años con 6 meses, pero antes de cumplir los 6 años con 6 meses: se deben pagar 129 días. -Cumplidos los 6 años con 6 meses, pero antes de cumplir los 7 años con 6 meses: se deben pagar 154 días. -Cumplidos los 7 años con 6 meses, pero antes...Item Análisis de la validez y eficacia de las cláusulas de no competencia en los contratos de trabajo, de forma posterior a la finalización de la relación laboral(2022) Quirós Picado, Diego; Varela Araya, Julia ZoraidaEn los últimos años, el desarrollo económico global ha dado paso al surgimiento de espacios de hiperespecialización técnica o ejecutiva. Las personas comerciantes buscan implementar disposiciones contractuales restrictivas en sus relaciones comerciales, en virtud de las cuales sus contrapartes noten precluido el uso de estos conocimientos especializados para el desempeño de actividades que impliquen competencia directa con estos comerciantes. Si bien, en el ejercicio comercial, este tipo de disposiciones se han estudiado ampliamente y se consideran aceptables, lo cierto es que su implementación en el ámbito laboral requiere un espacio extraordinario de análisis, en cuanto a las implicaciones que pueda tener para la protección de intereses tanto de los comerciantes, en su papel de empleadores, como de las personas trabajadoras. De acuerdo con lo anterior expuesto, el objetivo principal del presente trabajo de investigación fue analizar la validez y la eficacia de estas disposiciones restrictivas a la competencia en el ámbito laboral costarricense. Este estudio se dio específicamente circunscrito a la implementación de pactos que surtieran efectos, una vez finalizado el vínculo de trabajo, con el propósito de determinar la viabilidad de utilizar estas figuras en el país y las condiciones bajo las cuales deben concebirse. Consecuentemente, esta investigación realizó un análisis de los alcances, las limitaciones y los puntos de encuentro del derecho al trabajo y el principio de autonomía de la voluntad, derechos fundamentales en conflicto en materia de cláusulas de no competencia en contratos de trabajo, para luego estudiar la naturaleza y el manejo de estas figuras en el ámbito internacional para contrastarlo con el tratamiento local. Este trabajo determinó que la suscripción de un pacto de no competencia en materia laboral debe considerarse permisible, como consecuencia del principio de libertad de contratación privada...Item Invalidez e inconstitucionalidad de los planes reguladores: concretamente el caso del plan regulador de la Municipalidad de San Isidro de Heredia(2021) Camacho Solís, Laura; Sobrado González, Luis AntonioLos planes reguladores son una realidad en más de la mitad de los cantones de Costa Rica. Por medio de estos instrumentos, se ha establecido la facultad de establecer limitaciones al derecho de propiedad privada tutelado en el artículo 45 de la Constitución Política. Las disposiciones de los planes reguladores definen aspectos de la vida de los administrados y algunas son inconstitucionales, pues existen resoluciones judiciales que le indican a la Municipalidad de San Isidro de Heredia que debe adecuar su aplicación a derecho, deben ser estudiadas más a fondo y analizar todo el plan regulador, a la luz del ordenamiento jurídico. De esta forma, se deben visualizar otras disposiciones contrarias al ordenamiento jurídico que no han llegado a ser impugnadas a nivel judicial, así como con base a su estudio ofrecer una propuesta de reforma. De conformidad con lo anterior, la hipótesis que sustenta esta investigación es que, al ser el plan regulador del cantón de San Isidro de Heredia vigente desde el 2005, quince años después se debe promulgar uno nuevo, que se acople a la realidad normativa del país, del cantón y esté en entera armonía con el ordenamiento jurídico. Tomando en cuenta lo anterior, el objetivo general del presente trabajo es analizar el Plan Regulador del cantón de San Isidro de Heredia, para determinar cuáles disposiciones con inválidas y contravienen el orden constitucional. Para este trabajo, se utilizará una metodología analítica, que consistente en descomponer todo el Plan Regulador del cantón de San Isidro de Heredia y confrontarlo con el resto del ordenamiento jurídico, ya sea la Ley de Planificación Urbana, la Constitución Política y las resoluciones judiciales para estudiar la validez de sus disposiciones. Las principales conclusiones que se pueden extraer de esta investigación son, en primer lugar, que la interpretación dada por la Sala Constitucional a los planes reguladores es muy arriesgada...Item Protección jurídica al derecho de audiencia de los menores de edad dentro del proceso de adopción en Costa Rica(2020) González Conejo, Ricardo; Girón Beckles, JessicaLa adopción es un proceso que ha acompañado a la humanidad desde hace ya varios siglos, logrando alcanzar sus objetivos de la mano de un mayor interés para los menores de edad, conseguir esta meta debe realizarse acompañado de la aplicación de los derechos más favorables para este colectivo. Las mentalidades o el cambio de las mismas son procesos de larga duración, que requieren un buen lapso de tiempo para cambiar una concepción arraigada en el imaginario, esta situación se presenta con los niños, niñas y adolescentes, donde las actitudes paternalistas han dominado el panorama de la mano de una doctrina de situación irregular que ubica a esta población como objeto de atención y no como sujetos plenos para demandar y ser receptores de garantías. La Convención de los derechos del niño tiene relativamente poco tiempo de vigencia, por lo que esta investigación propone el análisis del cambio de concepción hacia una doctrina de desarrollo integral y como esta situación repercute en la normativa nacional, la jurisprudencia y en el trabajo realizado por las autoridades administrativas y judiciales que intervienen en los procesos de adopción. El derecho a una audiencia con condiciones mínimas que aseguren un debido proceso corresponde un pilar dentro del derecho que tienen los menores a que su opinión sea escuchada y sea tomada en cuenta, por lo que resulta necesario profundizar en los elementos que debe tener esta garantía. Los motivos que llevaron a emprender este trabajo es la persistencia de prácticas adulto céntricas, aunque la mayoría de ellas bien intencionadas, pueden mermar el potencial que tienen los menores de edad de desarrollar sus capacidades plenamente, situación que los pueden acompañar en decisiones que serán parte de su historia de vida. La hipótesis del presente trabajo es que en vista de la normativa costarricense y de las obligaciones internacionales existentes en materia de protección a la niñez...Item Alcances y limitaciones de la figura de acogimiento familiar en el ordenamiento jurídico costarricense, en relación con el interés superior de las personas menores de edad(2020) Vargas Rojas, Sandy Maritza; Montero Mora, Isabel Irene1. Justificación. El derecho a un hogar es de suma importancia para las personas menores de edad, pues la familia viene a ser el medio que juega un papel fundamental en el desarrollo integral de la persona. Este derecho encuentra asidero en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Convención sobre los Derechos del Niño. También, la legislación costarricense contempla este derecho en la Carta Magna y en el ordenamiento jurídico infraconstitucional. El acogimiento familiar es una medida de protección que es acorde con este derecho fundamental de la niñez y la adolescencia. Sin embargo, en Costa Rica existe una deficiencia legal en cuanto a esta figura, que ha producido una regulación administrativa deficiente por parte del Patronato Nacional de la Infancia. De este modo, se han dado situaciones contrarias al interés superior de la persona menor de edad, tales como la ausencia de procesos adecuados de transición entre el acogimiento y cualquier otra medida temporal o permanente, la ausencia de adecuado apoyo y traslado de información a las familias de acogimiento, en relación con las personas menores de edad que reciben, y la imposibilidad de adoptar debido a políticas institucionales, a pesar de que existe declaratoria judicial de abandono que imposibilita el retorno de la persona menor de edad a su familia de origen. Por lo indicado, resulta relevante analizar el papel del Estado costarricense, especialmente del Patronato Nacional de la Infancia, con el fin de determinar el tipo de regulación legal necesario para una adecuada ejecución de esta prioritaria alternativa de protección para los menores de edad que se encuentran en situación de riesgo. 2. Hipótesis. Es necesario que exista normativa de rango legal que obligue a la institucionalidad pública a implementar adecuadamente la figura de acogimiento familiar, con el fin de proteger el interés superior de persona menor de edad, al garantizarle el derecho...Item Huelgas en contra de políticas públicas: necesidad de una regulación expresa en nuestro ordenamiento jurídico(2020) Chan Azofeifa, Mónica; Durán Cubero, Felipe; Espinoza Garro, GabrielJustificación. Indica la doctrina que las huelgas han sido instrumentos de suma utilidad para los trabajadores a lo largo de la historia. Como se mencionó previamente, han transcurrido distintas épocas donde han recibido tratamientos distintos hasta llegar a la actualidad donde se han consolidado como un derecho que ostentan los trabajadores. Sin embargo, su relevancia ha sido tal que ha logrado trascender más allá del ámbito laboral e inmiscuirse en la política. Se consideró que, por ser eficaz en el ámbito laboral, también podría serlo en la política y en efecto, es así como surgen las huelgas políticas. Se ha definido como la huelga de masas dirigida contra el gobierno. En el mes de Setiembre del año 2018, se inició una serie de movimientos de huelga en el sector público en las cuales diversos gremios se unieron para manifestarse en contra de la implementación de la Ley Nº 9635 para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la cual en dicho momento se limitaba a ser un proyecto de ley que estaba por debatirse en la Asamblea Legislativa. Es decir, se dio una suspensión de labores por parte de trabajadores de diferentes instituciones del Estado que se extendió por más de tres meses, bajo la justificación de ser una huelga en contra de la aprobación de la Ley Nº 9635 por considerar que ésta contenía reformas que les eran perjudiciales y representaban un detrimento en sus derechos. Con la reciente aprobación de la Reforma Procesal Laboral, en Julio del año 2017, el tratamiento a los conflictos colectivos de trabajo tuvo modificaciones importantes por lo cual, el proceder de las calificaciones de los movimientos huelguísticos contra el denominado `Plan Fiscal¿, era una primera aplicación de las novedades que trajo consigo la Reforma mencionada. Como se mencionó previamente, la reforma no incluyó dentro de las novedades ningún tipo de regulación para las huelgas contra políticas públicas...
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