1. Trabajos finales de graduación de grado

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    La acción vecinal como instrumento de democracia participativa: una propuesta para su inclusión en nuestro ordenamiento jurídico
    (2016) Arias Pérez, Hugo Mauricio; González Porras, Andrés
    La participación ciudadana, juega un papel fundamental como uno de los elementos característicos de los regímenes democráticos, donde el ciudadano en lugar de asumir una posición pasiva, que se limita a la simple elección de sus representantes, debe tomar un rol mucho más activo, involucrándose de mayor forma en las decisiones que le puedan afectar. En Costa Rica, en los últimos años, ante la incidencia de diferentes grupos de presión, los cuales abogan por una mayor inclusión de ellos en la toma de decisiones y conducción de la cosa pública; y en concordancia con las postreras reformas al artículo nueve de nuestra actual Constitución. Se evidencia una fuerte tendencia hacia la conformación de una democracia de carácter más participativa, en la cual, tal y como se indicó en el párrafo anterior, el ciudadano juega un papel mucho más activo, pues esta exige una mayor participación y actividad por parte de él, tanto en el proceso de toma de decisiones, como en el campo de defensa y tutela de sus derechos ante las diferentes instancias estatales. Así, dado lo preliminar, resulta claro que es bajo este nuevo modelo de democracia que se tiende a encauzar la justicia administrativa, siendo el más vivo reflejo de lo anterior, el Código Procesal Contencioso Administrativo, mediante el cual, se optó por una ampliación de la legitimación en dicha jurisdicción. Y por tal motivo, es bajo este contexto que resulta relevante el instituto de la acción vecinal como instrumento propio de una democracia participativa. Pues mediante el estudio de su viabilidad y posible inclusión en el Ordenamiento, se estaría dando un gran paso en el mejoramiento y protección jurídica de los derechos de la ciudadanía y los administrados en general. De manera que, su estudio desde la perspectiva jurídica, posee una utilidad teórica y práctica para el ciudadano, de modo que, es hacia estos, donde se pretende dirigir este aporte investigativo...
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    Constitucionalidad y legalidad de la moratoria municipal y de las declaratorias de territorios libres de cultivos transgénicos
    (2016) Barquero Mata, Sofía; Muñoz Ureña, Hugo Alfonso
    Desde 1999, los Gobiernos Locales han iniciado la adopción de acuerdos para evitar o suspender el desarrollo de una determinada actividad, cuando ésta se considere dañina para el ambiente. Estas medidas precautorias han sido cuestionadas por sus posibles roces con el ordenamiento jurídico. Por ello, esta investigación pretende analizar las figuras de la moratoria municipal y las declaratorias de territorios libres de transgénicos y realizar los respectivos controles de legalidad y constitucionalidad. La metodología empleada permite clasificar la investigación como doctrinal-hermenéutica. Por tal razón, en primer lugar se desarrolla la hipótesis de trabajo, que corresponde al planteamiento de las declaratorias de territorios libres de transgénicos y la moratoria municipal como figuras jurídicas que pueden adoptar las municipalidades, en búsqueda de la satisfacción de los intereses y las necesidades de sus habitantes. En segundo lugar, se aborda los argumentos a favor de las figuras y se estudia los argumentos contrarios. En tercer lugar, se toma una posición al respecto y se justifica su adopción para, finalmente, descartar las razones que se han considerado sin fundamento y verificar la solución más plausible. Para responder a la citada hipótesis, se planteó como objetivo general: determinar si la moratoria municipal y las declaratorias de territorios libres de transgénicos se encuentran amparadas en el ordenamiento jurídico costarricense. Una vez realizado lo anterior, se llegó a la conclusión de que tanto la moratoria como las declaratorias de territorios libres de transgénicos pueden resistir los controles de legalidad y constitucionalidad, considerando la obligación del Estado de asegurar la protección del derecho a un ambiente sano. Sin embargo, deben analizarse casuísticamente para verificar si cumplen con los elementos esenciales del acto administrativo.
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