Ciencias Sociales

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    El proceso de ejecución penal: los informes y recomendaciones técnicas del Instituto Nacional de Criminología en la resolución de los incidentes de libertad condicional
    (2004) Campos Jiménez, Mery; Burgos Mata, Alvaro Antonio
    Esta investigación presenta un análisis serio acerca de lo que es hoy el Proceso de Ejecución Penal costarricense, abarcando cómo funciona este proceso, quienes participan en el mismo y cuáles son las funciones que desempeñan, dándole prioridad a la participación que tiene el Instituto Nacional de Criminología a través de los informes y recomendaciones técnicas que brinda para la resolución de los diferentes incidentes en la ejecución penal, y analizando en especial el caso de los Incidentes de Libertad Condicional. En la primera parte se estudia lo que es la Ejecución Penal, los diferentes conceptos de lo que es la pena y las diferentes teorías que sobre el fin de la misma se han estipulado, para finalmente establecer que la pena modernamente es la sanción por la realización de un acto ilícito, es decir, una consecuencia jurídica, y que el fin de la misma es la resocialización o rehabilitación del sujeto (Artículo 51 del Código Penal). Posteriormente se estudió el concepto de ejecución penal, en el sentido de que el proceso de ejecución penal es una fase más del proceso penal en la que se busca dar cumplimiento a las disposiciones de la sentencia que condena a pena privativa de libertad, sin olvidar por supuesto el respeto a los derechos fundamentales de los sujetos sentenciados. También se estipuló la naturaleza jurídica de esta etapa procesal penal, los principios que la rigen y los sujetos que intervienen en ella. En la segunda parte de la investigación se analiza la participación de cada uno de los sujetos intervinientes en la ejecución penal: el juez ejecutor, el Ministerio Público, la Defensa Pública y el propio condenado, la Dirección General de Adaptación Social con sus diferentes órganos, el Tribunal Sentenciador y el Querellante Público; estudiando de cada uno de ellos las funciones y deberes que tienen en esta etapa y el marco jurídico regulador de las mismas...
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    La única instancia en el proceso penal: análisis y crítica al sistema vigente
    (1982) Lee Ching, José Luis; Houed Vega, Mario Alberto
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    La prueba en el proceso penal
    (1968) Amador Madriz, Jorge Enrique
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    Límites a la búsqueda de la verdad material en el proceso penal
    (2008) Cubero Artavia, María del Rocío; Zamora Acevedo, José Miguel
    La presente investigación se divide en tres capítulos a saber: el capítulo refiere aspectos generales de la verdad. En este apartado se hace una reseña histórica del conceptos de verdad, en el se analiza el derecho germano y su sistema acusatorio privado, el derecho griego, romano y su sistema acusatorio popular, así como la roma imperial, el sistema inquisitivo y las legislaciones modernas de Europa continental y el sistema mixto, asimismo se define el concepto de verdad y se exponen las teorías de la verdad, las cuales son: teoría coherentista, pragmática, consensualista y la teoría de la correspondencia. En la parte segunda del capítulo uno se analiza el tema de la verdad como objetivo del procedimiento, en este se vislumbra la verdad real, la verdad forma. En la tercera parte del capítulo uno se hace un análisis de los medios y métodos para averiguar la verdad, en este apartado se analizan temas tales como: el concepto de prueba, elementos de prueba, el objeto de prueba, medio de prueba y el órgano de prueba. En la cuarta parte del capítulo uno se hace un breve análisis sobre los principios que rigen la prueba penal en los cuales se toman: la investigación oficial de la verdad (principio inquisitivo), libertad de prueba y la libre convicción como método de valoración de la prueba. En el capítulo segundo en la parte primera se hace un análisis sobre los límites formales para la averiguación de la verdad, en este apartado se habla del concepto de límites, se hace además un análisis de dichos límites los cuales son: El derecho de abstención, el imputado como objeto de prueba, la supresión de la tortura y la protección del domicilio, las comunicaciones y los papeles privados. En la sección segunda del capítulo dos se hace un análisis de las garantías que aseguran la averiguación de la verdad. En él se trata el tema del contradictorio visto como un método para encontrar la verdad y como un derecho de las partes...
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    Costa Rica: rumbo a un proceso penal ambiental
    (2009) Arce Guillén, Mario; Herrera Ugarte, Mariana; González Ballar, Rafael 1951-
    Los recursos naturales que conforman el ecosistema planetaria están agotándose a paso acelerado, producto de varios factores, entre ellos el avance despiadado del modelo de desarrollo actual, desmedido y voraz que desde el siglo XX viene generando estragos ambientales de forma cada vez más frecuentes en prácticamente todas las regiones geográficas, incluida desde luego, Costa Rica. Sin embargo, no es esta la única razón, ya que en países socialistas también se vive un desmejoramiento ambiental y despreocupación por el ambiente. Gran parte se debe a un gran desinterés en la materia. Dentro de las transformaciones negativas presentes en el medio ambiente y de particular interés por su nivel de afectación sobre la sociedad humana, destacan el efecto invernadero, generador de gran parte de los cambios climáticos experimentados en fechas recientes, así como el agotamiento de los mantos acuíferos, el cual tiene su origen en la falta de planificación hídrica en cuanto a su utilización racional. Como consecuencia de todo lo referido, se han implementado, en la mayoria de los países, instrumentos jurídicos con el objetivo de tutelar y sancionar aquellos que sin reparo alguno, lesionen el ambiente. Costa Rica no es la excepción, y de hecho, se ha caracterizado por tener un desarrollo amplio en esta materia particular de la ciencia jurídica, denominada Derecho Ambiental. La presente investigación plantea un análisis particular de los mecanismos procesales existentes para tutelar, regular y sancionar las ofensas ambientales. Lo anterior, partiendo de una premisa: Los mecanismos existentes, no permiten dar una adecuada protección del bien jurídico ambiente, y todos los elementos que en el se encierran. A lo largo del presente trabajo, se defendera una propuesta concreta, la cual, en consideración de los autores, bien podría ayudar a complementar las carencias de los sistemas jurisdiccionales existentes: La necesaria creación...
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    Abordaje de los delitos no convencionales relacionados con narcotráfico, robo de vehículos y corrupción, como prioridad en la política de persecución del Ministerio Público
    (2005) Astúa Garro, Lennis Gabriela; Masís Jiménez, Alejandro Vinicio; Mena Pacheco, Olga Marta
    El presente trabajo se avoca a determinar si existe un falso abordaje de los delitos no convencionales, por parte del Ministerio Público, que provoque impunidad en esta materia; sea que ello se deba a motivos que tienen relación exclusivamente con la política de persecución de este ente persecutor, a razones ajenas a esta entidad, o a una combinación de ambos. Para ello se delimitará el concepto de política criminal y la correcta forma en que se debe elaborar este tipo de política estatal, diferenciándolo del concepto de política de persecución del Ministerio Público, con el cual está relacionado. Lo anterior, para comprender a cabalidad el contenido de estos conceptos, y así determinar si existe en nuestro medio una política criminal bien definida y una política de persecución correctamente articulada; que respondan a las necesidades imperantes en la sociedad. Las diferencias entre ambos conceptos, se realizan tanto a nivel teórico-doctrinario, como a nivel de su implementación práctica. Por otra parte, se diferencia entre delincuencia convencional y delincuencia no convencional, especialmente en lo que se refiere a las particularidades de la forma de ejecución de cada una; y relacionando estos conceptos con la noción criminológica del modus operandi del crimen organizado; estableciendo la forma correcta de persecución en cada caso. Una vez establecido este importante marco de referencia, se analizan las actividades de narcotráfico, robo de vehículos y corrupción en general; las cuales son consideradas como delincuencia no convencional en el presente trabajo. El análisis de estas actividades se realiza en tres diferentes planos: a nivel doctrinario y de derecho comparado, a nivel de la legislación nacional y a nivel jurisprudencial costarricense. Todo este análisis conceptual se realiza dentro del título primero del presente trabajo, para posteriormente realizar un análisis de la práctica jurisdiccional en la materia...
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    El debido proceso en la pena de comiso
    (2003) Solano Leiva, Roberto; Campos Vargas, Henry
    En sentido amplio, la confiscación es una incautación o secuestro de la totalidad del patrimonio de un individuo. Esta sanción o pena ha sido una característica predominante en todos los sistemas políticos totalitarios. Por ser tan represiva e injusta, muchos de los que redactaron las constituciones de repúblicas modernas proscribieron expresa y tajantemente a la confiscación. Así, nuestra Constitución Política de 1949, cuyo contenido es similar a las constituciones liberales del siglo XVIII, prohíbe la confiscación en su artículo 40. El comiso es una especie de confiscación. Pero el comiso es un remanente de la confiscación general, reformado en una figura jurídica de índole administrativo- represiva y judicial. En ese sentido, la autora nacional Rosa María ABDELNOUR GRANADOS ha señalado: la pena de confiscación que prohíbe... [la Constitución Política de Costa Rica] es aquella GENERAL, vestigio de antiguas penas colectivas que en la antigüedad recaían indistintamente sobre culpables y su familia. El comiso es el resultado de una sentencia condenatoria o desfavorable para el imputado, en donde se sanciona con una pena de índole civil, adicional a las consecuencias principales que establece el tipo penal. La función del comiso consiste en garantizar la cesación de una acción antijurídica y dolosa de una persona o grupo de personas, mediante la privación de un objeto mueble o inmueble utilizado para alcanzar fines ilícitos. No obstante, también se aplica el comiso cuando se determina que los bienes del imputado son producto del delito. Como dijimos, el comiso es un término más específico que la confiscación. La diferencia es netamente jurídica, pero todavía hay muchos sectores de la doctrina, junto con alguna torpe técnica legislativa, y en general los diccionarios no legos y la jerga popular, que siguen usando los términos: comiso, decomiso y confiscación indiscriminadamente. En el ordenamiento jurídico...
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    Problemas, dificultades y obstáculos de un Ministerio Público sin políticas de persecusión
    (2003) Avendaño Vega, Yorleny; Delgado Martén, Juan Manuel; Chirino Sánchez, Erik Alfredo
    En la actualidad el ordenamiento jurídico costarricense a nivel procesal ha atravesado grandes cambios, de ellos fue la introducción del nuevo Código Procesal Penal, el cual trajo aparejado reformas de gran envergadura, como las nuevas funciones que se le otorgaron al Ministerio Público. Es por ello que la presente investigación trata sobre los Problemas, Dificultades y Obstáculos de un Ministerio Público sin Políticas de Persecución, señala las vicisitudes que enfrenta esta institución por tener en sus manos la tarea de perseguir los delitos, desde la promulgación del Nuevo Código Procesal Penal. Y es de esta manera, como el Ministerio Público se encontró de pronto con este nuevo reto por enfrentar, el cual es la emisión de las políticas de persecución. El Estado toma un rumbo según sea su forma de gobierno, la cual va a estar relacionada no solo con su gestión como tal sino además con su lineamiento de poder ya sea este económico, social, o político; es por ello que cada Gobierno ve de manera diferente el tratamiento a sus problemas y por ende el lineamiento de sus políticas. Siguiendo esta misma línea nos damos cuenta como el Estado emite una serie de políticas, las cuales caminan al lado de sus intereses no solo para el mismo Estado sino también para la sociedad, de esta manera vemos políticas sociales, políticas económicas, políticas educativas, políticas criminales, entre otras. Las cuales todas ellas son formas de exteriorización del Estado regente en ese momento. De esta manera, es como salen a la luz las políticas criminales, las cuales hacen frente a la criminalidad. Es así como las políticas criminales se tratan de ...un ámbito de decisiones, de criterios, de argumentaciones, que se postulan a nivel teórico o práctico para dar respuesta al fenómeno de la criminalidad. Así mismo, estas políticas criminales deben ser llevadas a cabo por una institución que cumpla con la finalidad de las mismas...
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    El Instituto Nacional de Criminología en el Sistema Penitenciario de Costa Rica
    (2003) García Zamora, Ericka; Maxera Herrera, Rita
    El trabajo comienza con una introducción general. En ella se establece un objetivo general, cuatro objetivos específicos y cuatro hipótesis. De seguido se dan a conocer el plan de estudio y el método. En el desarrollo del trabajo se estudia la figura del instituto nacional de criminología en el sistema de Costa Rica. Ello se hace mediante tres capítulos. Primero se estudian las características de los principales regímenes penitenciarios que se han utilizado en la historia. Se pretende, ante todo, mostrar los caminos que se han tomado al elaborar nuestros sistemas penitenciarios a través de la historia. Ello importa a efectos de situar el sistema penitenciario que se maneja hoy en Costa Rica. Luego, en el capítulo segundo, se estudia el marco jurídico que fundamenta el actual sistema penitenciario. Se analizan, detalladamente, las normas que lo configuran y le dan contenido -tratados, leyes, etc.-. Esto a fin de resaltar los fines constitucionales y legales que se le atribuyen, dentro de la etapa de ejecución de la pena, al INC; quien asume un papel fundamental dentro del sistema penitenciario de Costa Rica. En lercer lugar. se examina el INC en su evolución histórica y en las funciones legales y reglamentarias que se le atribuyen. Finalmente, dentro de este mismo capítulo, se observa el funcionamiento del INC en la realidad. Ello se hace con base en las entrevistas realizadas a funcionarios, tanto del Poder Judicial como del INC, que participan activamente en la ejecución de la pena: Jueces de Ejecución de la pena y funcionarios del INC. El estudio de la casuística, las prácticas y su evolución en el tiempo, evidencia las grandes transformaciones que, en la realidad, se han dado dentro del INC. Estos cambios, tal como lo señala el Licenciado Marino Sagot:, se deben principalmente a la incorporación de la Sala Constitucional, en 1989, y la figura del Juez de ejecucución de la pena, en 1998, dentro del ordenamiento jurídico...
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    El principio de objetividad en el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público
    (2007) López Matarrita, Elvis Antonio; Sanabria Rojas, Rafael Ángel
    Dentro de un Estado de derecho como el nuestro, la función de los órganos jurisdiccionales, es resolver los diversos conflictos surgidos entre los habitantes entre sí y entre éstos y el Estado o la ley. La solución forzada de los diferendos sociales, es necesaria para la seguridad jurídica y deriva de la delegación por parte del pueblo soberano, que renuncia al derecho a la auto tutela a favor del Estado. En el caso de la infracción de las normas penales, por las características de los bienes jurídicos que protege y las consecuencias individuales y sociales que acarrea su infracción, conlleva a que la persecución penal de los delitos se estructure como una de las formas más delicadas y a la vez más severas de intervención del Estado sobre el comportamiento de sus habitantes. Precisamente, la forma en que el ejercicio de la acción penal se materializa es a través del proceso penal, el cual se nos presenta como un conjunto de actos jurídicos regulados y ordenados dirigidos a determinar la posible existencia de un ilícito, su imputación a un sujeto y el eventual castigo a través de la pena, para lo cual determina en forma general, las condiciones bajo las cuales la acción penal será ejercida, los límites a las facultades de intervención de los órganos encargados de su ejercicio y los diferentes principios para el logro del restablecimiento de la paz jurídica. Dentro de este contexto, el principio de objetividad consagrado en nuestro actual Código Procesal Penal, exige como pauta de actuación que en el ejercicio del ius puniendi el Ministerio Público, vele no solo por el respeto de los derechos y garantías del imputado, sino también por un adecuado examen y valoración de las diferentes circunstancia en torno a la eventual punición de una conducta, sea que éstas perjudiquen o beneficien la posición del imputado. Este deber de objetividad, parte de una concepción de un Ministerio Público y de un fiscal...

SIBDI, UCR - San José, Costa Rica.

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