Ciencias Sociales
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Item Análisis crítico del requisito del elemento subjetivo para la justificación por legítima defensa, bajo los principios de un derecho penal liberal en un estado social y democrático de derecho(2022) Campos Jiménez, Daniel Fernando; Salas Porras, Ricardo A.Justificación: Las propuestas que haga la dogmática penal con respecto a sus conceptos deben procurar siempre ser debidamente fundamentadas. Lo cual implica que sus razonamientos deben ser claramente expuestos para que puedan ser analizados, objetados y de ser necesario mejorados. Esto tiene que ser así, si se entiende que el Derecho penal tiene un altísimo grado de responsabilidad por estar encargado de tutelar los bienes jurídicos más preciados por una sociedad. En este caso particular, la presente investigación expone claramente los argumentos de la doctrina dominante en relación con la exigencia de un elemento subjetivo para la justificación por legítima defensa. De forma que sea posible cuestionar dichos argumentos y cuestionar si la postura defendida mayoritariamente se ajusta a los ideales de un Derecho penal respetuoso de garantías individuales propias de un Estado social de Derecho. Hipótesis: no exigir elementos subjetivos como requisito esencial para la aplicación de la legítima defensa es una posición compatible con una teoría personal del injusto, con los fundamentos de la legítima defensa y es la más adecuada bajo un Derecho penal liberal dentro de un Estado Social y Democrático de Derecho. Objetivo general: Demostrar que no exigir elementos subjetivos para la justificación de una conducta por aplicación de la legítima defensa es una solución más adecuada bajo un Estado Social y Democrático de Derecho en contraposición con la respuesta dada por la actual doctrina dominante. Objetivos específicos: 1.Exponer los presupuestos teóricos que sigue la doctrina dominante para llegar a su solución sobre una conducta que únicamente cumple objetivamente con las circunstancias de una legítima defensa, pero que carece de elementos subjetivos por parte de quien ejecuta la acción defensiva. 2.Demostrar que los fundamentos de la legítima defensa no conducen necesariamente a la exigencia de un componente subjetivo...Item Criminalidad de bagatela: criterios de oportunidad para aligerar la sobrecarga del Poder Judicial y el hacinamiento carcelario(2021) Montero Brenes, Johann; Chan Mora, Gustavo AlonsoJustificación: En el desarrollo de la vida jurídica, al ciudadano le quedan pocas vías por las cuáles puede evitar el agresivo mecanismo que es el derecho penal una vez que se encuentre inmerso en su engranaje. Desde la concepción del aparato punitivo se sabe que, por la misma complejidad que representa este instituto, un error mínimo o una mala utilización de sus conceptos puede llevar a un abuso que afecte de manera gravísima a los actores de un proceso judicial. Con la necesidad del aparato represivo podemos ver como las doctrinas jurídicas relevantes siempre nos llevan a la misma conclusión: el bien jurídico debe ser protegido para el correcto desarrollo de las personas en sociedad y evitar conflictos interpersonales y grupales. Esta protección que se le pretende dar a los bienes jurídicos debe de ser consciente de todas las circunstancias de la sociedad como lo son la sobrecarga del aparto judicial y de las instituciones dedicadas a recluir a las personas que considere responsables de actos ilícitos para así poder poner en marcha el ius puniendi de forma justificada. Un factor influyente de la presente monografía es la criminología. Criminología entendida como la ciencia penal empírica que tiene por objeto el delito, el delincuente, la víctima y el control social y que analiza el crimen como fenómeno individual y como fenómeno social, utilizando un método causal-explicativo. En pocas palabras, es el conjunto de medidas de hecho y derecho de las que se vale el estado para enfrentar la criminalidad, para controlar, reprimir y prevenir el delito. La política criminal busca poner en práctica los medios y las formas más adecuadas para hacer eficaces los fines del Derecho Penal. Se puede definir a la política criminal como la ciencia que se ocupa de la política de reforma del derecho penal, de la ejecución y la lucha contra el crimen por medio del derecho penal. Con las estas bases doctrinales lo que se busca evidenciar...Item El rol del juez constitucional y la creación de nuevos derechos desde la óptica de la teoría neoconstitucionalista(2017) Céspedes Brenes, José Miguel; Montero Rodríguez, José Gabriel; Salas Porras, Ricardo A.El presente tema sobre el Neoconstitucionalismo, como construcción teórica, pretende analizar si los órganos jurisdiccionales en su rol interpretativo en la creación (o reconocimiento) de Nuevos Derechos, propician un Gobierno de Jueces. Todo este cambio en el desarrollo del Derecho Constitucional merece un estudio pertinente. El entrar a conocer con amplitud el rol interpretativo que cumple el juez constitucional en la actualidad y su función dentro de este paradigma Neoconstitucional, es imperante. Pues, como bien lo indican muchos detractores del Neoconstitucionalismo, se argumenta en contra de este la incursión de recursos moralistas y axiológicos (aunque, como se indicará, existe una concepción errónea de estos), ya que es posible caer en un activismo judicial, o inclusive en lo que se conoce como un gobierno por parte de los jueces. Argumentos que tienen en común la vaguedad conceptual del propio neoconstitucionalismo por parte de sus detractores (y que dan pie a que se generen críticas infundadas), no dejan de ser un escenario que debe analizarse en conjunto con la conceptualización que se desarrollará en los primeros apartados de la presente investigación. El Neoconstitucionalismo, en su formulación teórica y según las expectativas que, en ese plano, se hacen del órgano jurisdiccional, no favorece un llamado Gobierno de Jueces que implique una usurpación de las competencias de otros titulares públicos. Será el objeto de este trabajo ponderar la función interpretativa del juez en los derechos de conexidad e interpretación, basado en la teoría Neoconstitucionalista. Asimismo, se realizará una reseña histórica en la que se determinen las bases del Neoconstitucionalismo, las cuales se centrarán en los postulados democráticos, propios de un Estado de Derecho, enmarcado y correlativamente relacionado con el Constitucionalismo. No se pretende desarrollar al Neoconstitucionalismo como una antítesis del Constitucionalismo...Item La flexibilización y desformalización en el derecho penal: una crítica posible desde el derecho penal garantista del estado de derecho(2005) García Chaves, Alberto; Mena Pacheco, Olga MartaA lo largo de la historia, las sociedades han implantado el sistema de Derecho Penal más conveniente según las características propias de cada época, siendo destacado el modelo de Derecho Penal Garantista del Estado de Derecho, el cual establece una serie de principios que limitan el poder punitivo de Estado, restringiendo su aplicación a las situaciones de máxima gravedad y de tal manera que se lesione de la manera menos posible la libertad y dignidad de las personas. Sin embargo, en el marco de las condiciones de desarrollo de la Sociedad postindustrial moderna ha surgido la tendencia de utilizar el Derecho Penal como medio primordial de intervención del Estado en la libertad de las personas, esto con el fin de controlar los riesgos y eliminar la sensación de inseguridad en la que dicen vivir los ciudadanos. Es así que surge el Derecho Penal del Riesgo, basado en el modelo sociológico de la Sociedad del Riesgo, el cual presenta e implanta una serie de principios que buscan ampliar la intervención penal a campos en los que tradicionalmente ha estado ausente, pero que justifica ahora su participación con base en una política criminal que tiene como fin reaccionar de manera eficiente y contundente contra los peligros que pueden llegar a algún bien jurídico. Para este fin se pretenden flexibilizar diferentes aspectos y principios del Derecho Penal Clásico, circunstancia que propicia la fricción entre la inclinación a atender las demandas de tutela y seguridad y el recurso al sistema penal como ultima ratio y sometida al principio de intervención mínima, teniendo ello como resultado la contraposición entre los postulados de flexibilización y los principios garantistas del Estado de Derecho, circunstancia que lleva a analizar esta confrontación y la legislación nacional para determinar si existe tal fricción y si debe o no acogerse esta tendencia en el ordenamiento jurídico costarricense.Item La responsabilidad de la administración pública por su conducta omisiva(2002) Castro Acuña, Daniel; Sosto López, FedericoLa presente investigación versa sobre la imputación de responsabilidad a la Administración Pública como consecuencia de la inactividad administrativa, su tratamiento a la luz del ordenamiento jurídico costarricense y la determinación de los distintos requisitos, así como los supuestos en que procede la relación administrativa de responsabilidad. El tema de la inactividad, de escaso estudio en la doctrina nacional, así como a nivel normativo, permite el control de la Administración Pública ante el incumplimiento de los deberes que el ordenamiento jurídico le impone, y cuyo contenido consista en una prestación de dar o de hacer, es decir, una conducta activa. De esta forma, el estudio de la inactividad administrativa es una tarea cuya finalidad pretende desentrañar los efectos del incumplimiento de los deberes jurídicos que vinculan a la Administración. Justamente, parte del análisis de la presente investigación se centra en el estudio de los deberes jurídicos de actuar y los distintos grados de vinculación que estos presentan. Consecuentemente, dicho análisis condujo al establecimiento de distintas categorías de inactividad administrativa, atendiendo a un criterio de funcionalidad en la actividad administrativa, proponiéndose una clasificación a partir de los distintos ámbitos de actividad.encomendados a la Administración y que fuera aplicable al momento de tratar la responsabilidad. Asimismo, se plantea la diferenciación entre inactividad y omisión administrativa a partir de los distintos grados de vinculación de los deberes jurídicos. Partiendo entonces de la omisión administrativa, se analiza los distintos elementos de la responsabilidad que esta genera, desde el punto de vista doctrinal, así como las notas correspondientes a la legislación vigente. Así, se analizan los temas de relacionados con el nexo de causalidad, las situaciones jurídicas protegidas, y las características de este tipo de responsabilidad...