Ciencias Sociales

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    Análisis del procedimiento para juzgar a los miembros de los Supremos Poderes en Costa Rica a la luz de las garantías fundamentales
    (2023) Jiménez Arias, Gabriel; Carvajal Pérez, Marvin A.
    La presente investigación se realiza ante las múltiples críticas que ha recibido por parte de la doctrina costarricense el procedimiento para juzgar a los miembros de los Supremos Poderes. Así, por ejemplo, el profesor Javier Llobet afirma que no existe razón alguna que justifique el privilegio para que altos jerarcas del Estado sean juzgados por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y no por un tribunal ordinario. El Dr. Carlos Tiffer en un artículo de opinión publicado en un diario nacional califica el procedimiento de absurdo, inconsistente, contradictorio y hasta inconstitucional. El profesor Omar Vargas ha criticado que el procedimiento especial quebranta el principio fundamental de igualdad y es inconveniente desde el punto de vista social, político y de la independencia e imparcialidad. La Msc. Rosaura Chinchilla Calderón, jueza de apelación de sentencia penal, ha reprochado que los diputados sean las únicas personas que puedan escoger a quienes los van a juzgar en el futuro. Chinchilla también ha urgido por una reforma al Código Procesal Penal (CPP) que permita que estos juicios queden a cargo de la justicia común. La Asamblea Legislativa tramita dos proyectos de reforma constitucional y uno de reforma legal para modificar el procedimiento. La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos del Congreso llegó al acuerdo político el 2 de marzo de 2022 de impulsar dos de estos proyectos para acabar, en palabras de los mismos congresistas, con el trámite privilegiado y diferenciado que existe actualmente. Es en el contexto anteriormente expuesto que el presente trabajo de investigación analiza el juzgamiento a miembros de los Supremos Poderes a la luz de las garantías fundamentales. Esto con el fin de determinar si existe alguna incompatibilidad con la Constitución Política. Además, se examinarán las propuestas de reforma que se tramitan desde el Congreso con el objetivo de verificar si estas logran corregir las falencias...
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    La cesura en el proceso penal de adultos como elemento importante para la determinación de la individualización de la pena y de la sanción penal en Costa Rica
    (2023) Calvo Reyes, Diana Sofía; Chirino Sánchez, Erik Alfredo
    En un Estado Social de Derecho como el costarricense, el cual en principio es respetuoso de los derechos fundamentales de todos sus ciudadanos, el velar por las garantías fundamentales de las personas sometidas a un proceso penal es indispensable. Debido a la reciente transformación de los sistemas penales y procesales penales en la región, es que surgió un cambio en el sistema inquisitivo presente en el país, caracterizado, por el sacrificio de los derechos humanos y las garantías procesales del imputado y privilegiando la eficiencia de la investigación por sobre lo demás, siendo que se optó por un sistema con tendencias más acusatorias o mixtas, en el cual la persona imputada fue poco a poco adquiriendo una serie de derechos aplicados al proceso penal. Es en este contexto que surgen figuras como la de la cesura, la cual tiene por objetivo dividir el juicio en dos partes, para en la primera discutir las cuestiones relativas a la culpabilidad, y posteriormente en caso de que se determine la existencia de esta, se proceda a la individualización de la pena y las consecuencias civiles. Debido a lo anterior, mediante esta investigación se efectuó el análisis de este instrumento procesal contemplado en el artículo 323 del Código Procesal Penal, con el objetivo de comprender los alcances de la aplicación del instituto de la cesura como un elemento necesario para un análisis más a profundidad de la dogmática de la pena y la determinación de la individualización de la sanción penal en materia de adultos. Para llevar a cabo lo anterior, se usó el método sistemático, la estrategia metodológica de la investigación fue por medio de un enfoque cualitativo y el tipo de estudio desarrollado es de carácter exploratorio descriptivo. Así mismo, fue usado tanto el método analítico como el deductivo, que parte de conocimiento o fenómenos generales para inferir conclusiones particulares. Después de un amplio análisis de la figura...
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    Violación al derecho de recurrir la prisión preventiva en el procedimiento de flagrancia: como una manifestación de un proceso represivo que inobserva los instrumentos internacionales y el control de convencionalidad
    (2019) Marín Navas, Andrea; Rodríguez Miranda, Martín Alfonso
    La sociedad costarricense estima que se ha dado un aumento considerable en la criminalidad del país, por lo que la opinión pública ha clamado por medidas inmediatas, para disminuir ese índice. De esta forma es que surge la creación del procedimiento de flagrancia, el cual es una respuesta ante la inconformidad del pueblo y la opinión pública, como lo menciona Rosaura Chinchilla al decir: No obstante, el diseño de este proceso me parece que no surge de la mano de esas consideraciones sino ante la necesidad de dar algún tipo de respuesta a las constantes campañas en los medios de comunicación para que se aplicara mano dura en el combate contra la criminalidad. Sin embargo, ha generado una serie de críticas e investigaciones por tratarse de un proceso más rápido, con plazos muy cortos e incluso la supresión de derechos de los imputados. El procedimiento de flagrancia fue diseñado para que dure no más de 15 días, por lo que los plazos son realmente cortos, en especial para la defensa del imputado, puesto que cuenta con 24 horas cuando así lo desee para preparar la estrategia. Es necesario aclarar que, cuando se pensó en el procedimiento de flagrancia se tomó en cuenta únicamente el juzgamiento de las personas, con lo cual se deja de lado lo que sucedería una vez dictada sentencia condenatoria, esto porque en impugnación de sentencia se mantiene la prisión preventiva, lo cual representa lapsos ordinarios de prisión preventiva. Desvirtuando así el procedimiento expedito de flagrancia y el menoscabo de derechos fundamentales de los procesados. Como lo establece el artículo 258 del Código Procesal Penal. Unido a esto, cuando el Tribunal de flagrancia resuelva sobre la medida cautelar de la prisión preventiva, la parte afectada no podrá apelar dicha resolución, por tratarse de un procedimiento expedito, lo cual es una violación a los instrumentos internacionales. Es sobre este último punto, que se considera oportuno realizar...
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    Inconstitucionalidad del procedimiento abreviado
    (2021) Castillo Ortega, María Valeria; Vargas Méndez, Yohaidy; Orozco Solano, Víctor Eduardo
    El procedimiento abreviado existe formalmente en Costa Rica desde la entrada en vigencia del Código Procesal Penal el 1 de enero de 1998, y desde esa fecha existieron cuestionamiento sobre su constitucionalidad, sin embargo, la Sala Constitucional resolvió en repetidas ocasiones que no existe ningún tipo de violación con este instituto. En ese sentido, presente trabajo nace como respuesta al problema tanto de la inconstitucionalidad de la jurisprudencia de la Sala Constitucional, como del derecho penal del enemigo implementado en Costa Rica y a lo largo de Occidente, caracterizado por ser selectivo, con penas desproporcionadas y con fines retributivos, y que además parten de enfoques eficientistas, irrespetuosos de los derechos humanos. Concretamente, parte de la necesidad de hacer una revisión crítica del procedimiento abreviado y de la argumentación constitucional que expone las razones por las cuales no lo considera violatorio de derechos fundamentales, con el propósito de comprender cuáles son las vulneraciones existentes, siempre contextualizado a la realidad costarricense. En ese sentido, se parte de la hipótesis de que el criterio de la Sala Constitucional es contrario al Bloque de Constitucionalidad y, por ende, el procedimiento abreviado de igual forma transgrede los derechos fundamentales. Para verificar el cumplimiento de esta hipótesis, el objetivo general consiste en determinar la inconstitucionalidad del procedimiento abreviado en los términos en los cuales se encuentra regulado en los artículos 373, 374 y 375 del Código Procesal Penal, realizando un análisis tanto a nivel doctrinal como de la jurisprudencia constitucional, para posteriormente confrontarlos con los principios y garantías procesales contemplados en el Bloque de Constitucionalidad. La metodología implementada corresponde principalmente al uso del método sistemático, el comparativo, deductivo y analítico. A grandes rasgos, el primero de ellos por cuanto...
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    Deficiencias en la regulación del "testigo de la corona": análisis normativo, jurisprudencial, doctrinario y de derecho comparado
    (2020) Mata Quintero, Luis Enrique; Rodríguez Campos, Alexander
    En Costa Rica, la colaboración se regula en el artículo 22, inciso b) del Código Procesal Penal. Sin embargo, el problema consiste en que tal regulación es sumamente deficiente, no solo porque ignora muchos aspectos que necesariamente debería prever la norma, sino también porque introduce elementos que desnaturalizan la figura. Por ese motivo, el principal problema de esta investigación radica en la pobre regulación de la figura, lo que desencadena en las dificultades de aplicación de esta en la práctica judicial. Ante este panorama la hipótesis de trabajo de que se parte es que debe modificarse la regulación de la colaboración, de tal manera que situaciones como la escasez e indeterminación normativa se vean reducidas en el mayor grado posible, así como eliminar requisitos que no son propios de la figura. Dicha propuesta normativa parte de que la colaboración es un medio probatorio más previsto en el ordenamiento jurídico costarricense, como consecuencia, será regido por el principio de libertad probatoria y debe valorarse conforme a las reglas de la sana crítica. Entonces, el objetivo general consiste en analizar la figura del testigo de la corona en Costa Rica en relación con la normativa, la doctrina, la jurisprudencia y el derecho comparado. Para alcanzar dicho objetivo, se utiliza el método deductivo, ya que se buscarán soluciones particulares a partir de aspectos generales. Esto quiere decir que se buscará plantear soluciones para la aplicación práctica de la figura del testigo de la corona a partir del tratamiento conceptual que se le da a la figura, tanto en la doctrina nacional como en la internacional y también en la práctica judicial. Por otra parte, será de provecho el método sistemático, ya que se debe comprender el tema en tratamiento dentro del sistema de Derecho costarricense, especialmente dentro del Derecho Procesal Penal y el Derecho Penal sustantivo, así como la influencia que puede tener el Derecho...
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    La segunda instancia especializada en ejecución de la pena en un estado social y democrático de derecho: el caso de Costa Rica
    (2017) Campos Valverde, Yendri Patricia; Salas Porras, Ricardo A.
    En nuestro sistema de administración de justicia penal, no existe a la fecha un órgano de segunda instancia especializado en materia de ejecución de la pena, ya que dicha labor fue encomendada por el legislador al tribunal de sentencia que condenó en cada caso concreto. Con base en ello, debe cuestionarse si existe realmente una concordancia entre el discurso que promueve nuestro país, de Estado Social y Democrático de Derecho, garante y promotor de los derechos humanos, y la forma como se tramitan y llevan a cabo las ejecuciones de las sanciones penales dentro de nuestro sistema de administración de justicia, principalmente, en lo respectivo de su régimen de impugnación, que no toma en cuenta la condición de vulnerabilidad en la que se encuentra la población privada de libertad. Condición reconocida por las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad (regla nº 4), y en las cuales se establece el deber del Estado de crear órganos judiciales especializados para atender las necesidades concretas que tienen dichas personas de acceder a la justicia de forma efectiva (regla nº 40). Razones que denotan la trascendencia social, doctrinaria, académica y jurídica que implica el presente estudio, al tratarse de una temática relativo a la violación de derechos humanos en una población vulnerable. El presente es, además, un tema novedoso, ya que a pesar de que el problema surge desde la entrada en vigencia de la actual normativa procesal penal, subsiste, en la actualidad, y se agravan sus consecuencias día con día; perjudicando a los involucrados y vulnerando derechos fundamentales de un grupo vulnerable de la población costarricense. La hipótesis inicial es que dicho problema se solucionaría, con una reforma legal a los artículos 478 del Código Procesal Penal y 92 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que dé paso a la creación de órganos de segunda instancia especializados...
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    El papel del abogado defensor en el allanamiento a la luz del control de convencionalidad de los derechos humanos
    (2017) Chacón Rojas, Esteban; Zamora Corrales, Silene; Llobet Rodríguez, Javier
    El presente trabajo de investigación gira en torno a la participación del defensor en el acto de allanamiento, desde el punto de vista del control de convencionalidad de los Derechos Humanos. Es un hecho conocido que, actualmente, no se solicita en forma frecuente la participación del abogado defensor en el allanamiento de morada. Bajo esta óptica, el análisis se centrará en la importancia de la defensa técnica en el allanamiento de morada, dando especial énfasis a la defensa proveída gratuitamente por el Estado. Pues, este asume la defensa de la mayoría de las causas penales en el país. Se destaca que al existir una mayor presencia del abogado defensor en estos actos permite el incremento en la salvaguarda de las garantías procesales y de los derechos fundamentales de las personas imputadas; lo cual le permite, además, un aumento del control sobre la labor del Ministerio Público, la Policía Judicial y el Juez de Garantías e implantar una investigación defensiva propia y pertinente que dé certeza a las diligencias probatorias en beneficio de su patrocinado Para ello, se parte de la hipótesis de que la participación del abogado defensor en el allanamiento de morada encuentra fundamento en la interpretación de los artículos 292, 293 y 294 del Código Procesal Penal y de la una correcta aplicación del control de convencionalidad de los Derechos Humanos. Se planteó como objetivo general analizar la participación del abogado defensor en el allanamiento de morada durante el procedimiento preparatorio, su aplicación e interpretación dentro del ordenamiento jurídico costarricense, visto desde el control de convencionalidad de los Derechos Humanos. La metodología por emplearse en este trabajo será diversa, y dependerá de la clase de método necesario, por lo que se van a utilizar técnicas de índole descriptivo, histórico, deductivo, inductivo, comparativo y analítico. Dentro de las principales conclusiones de esta investigación...
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    Insignificancia del hecho en el estado social de derecho: un enfoque desde la política criminal
    (2019) Araya Chacón, José Carlos; Bermúdez González, José Alexis; Burgos Mata, Alvaro A.
    El presente trabajo final de graduación pretende realizar un análisis crítico de la figura de la insignificancia del hecho dentro de lo que hoy en día se entiende como un Estado social de derecho y aplicado en concreto al caso costarricense. Para dicho cometido, resulta indispensable tomar en cuenta la política criminal seguida por el Estado costarricense, puesto que resulta un factor que tiene incidencia directa en la forma que se aborde el tema de la insignificancia del hecho en la actualidad. La política criminal de un Estado no solamente está determinada por factores jurídicos, políticos, sociales, culturales o económicos. El factor histórico también tiene un peso importante en la determinación de este tipo de política estatal y Costa Rica no es la excepción. Por esta razón, el presente trabajo realiza en un primer momento un análisis histórico sobre la evolución de las distintas formas de Estado que ha tenido Costa Rica, específicamente la transición del Estado liberal de derecho al Estado social de derecho. Para un mejor entendimiento de la actual política criminal costarricense, en el segundo capítulo de la investigación se analiza a fondo el concepto de política criminal, la cual de una forma muy general se puede entender como el conjunto de medidas que adopta una sociedad para prevenir y reaccionar frente al delito, a efectos de mantenerlo en unas cuotas tolerables. Sumado a lo anterior, se analizan los distintos enfoques que prevalecen históricamente en cuanto a la aplicación de la política criminal, a saber, el enfoque represivo y en segundo lugar un enfoque preventivo (por el cual se aboga en esta investigación). En la definición del concepto de política criminal, se debe valorar en esta investigación, el factor ideológico que repercute en la adopción de alguno de los dos enfoques mencionados; la ideología influencia la política criminal que se pretenda implementar...
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    Análisis de la figura del juez de vigilancia penitenciaria, para determinar su viabilidad y empleo en el dereho penal costarricense
    (2019) Solano Carmona, Alexander; Salazar Rodríguez, Luis Alonso
    La ejecución de la pena es la última etapa del proceso penal. Siendo la culminación procesal, una vez llegada a dicha fase, se abandona casi en su totalidad el resguardo de derechos a la población penal. Es en esa etapa donde más afectaciones sufren los individuos sentenciados, ello por la pena impuesta. La máxima penalización o penitencia aplicada en nuestro sistema penitenciario es la pena privativa de libertad. Que en principio consiste en la privación de libertad ambulatoria del sujeto en determinado centro penitenciario. Nuestra realidad evidencia que la privación de libertad va más allá de una restricción de la esfera jurídica. Acarrea vivir situaciones transgresoras de la dignidad humana de los reclusos. Implica encontrarse condenado a recibir tratos inhumanos, carecer de espacios propios para una vida aceptable, ser blanco de agresiones, impedimentos para acceder a la tutela de su condición mediante el ejercicio de sus derechos y garantías; y en general todo tipo de negatividades imaginables. Dentro de todas las causas originadoras de esta problemática, nosotros decidimos centrarnos en un fenómeno en particular. Creyendo que si lo atacamos y corregimos se puede avanzar enormemente en este tema. Nos referimos a la actividad de vigilancia penitenciaria, a nivel nacional. Actualmente, dicha tarea se encuentra asignada en mayor medida a los jueces de ejecución penal, pero desde un plano accesorio, secundario. Lo que se traduce en una inoperancia o efectuación sumamente limitada y deficiente. Ello porque dicha jurisdicción tiene a su vez otras funciones más de índole de control, situación que la detiene y aqueja para cumplir con el vigilo penitenciario. Por ende, el problema de mayor pertinencia se traduce en: la falta de una figura jurisdiccional eminentemente de vigilancia penitenciaria, significando que hoy sólo contemos con un juez poseedor de funciones de naturaleza jurídica distinta, pero deficiente...
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    La nueva casación y el derecho al recurso, el acceso a la justicia y la seguridad jurídica del imputado en el proceso penal
    (2016) Garro Vargas, Rosaura; Jiménez Solano, Francisco; Chirino Sánchez, Erik Alfredo
    El presente trabajo académico encuentra su justificación a partir de la realidad procesal penal costarricense y de su sistema de impugnaciones. Busca sentar las bases de cambios y reformas que no solamente son deseables, sino necesarias para garantizar el principio de revisión integral de las resoluciones dictadas por los tribunales, el derecho a la justicia y a la seguridad jurídica del imputado. Partiendo de tal justificación, el problema que se plantea es: ¿Viola la casación penal, a partir de su modificación mediante la Ley 8837, el derecho a la justicia, la seguridad jurídica y el derecho efectivo al recurso del imputado en un proceso penal? Este problema debe responderse a partir de una hipótesis compuesta por dos elementos. En primer lugar, se propone que el recurso de casación penal viola el derecho a la justicia, la seguridad jurídica y el derecho al recurso del imputado dentro del proceso penal. En segundo lugar, al confirmarse tal hipótesis, es pertinente formular un sistema que elimine dichas violaciones y que sea acorde con las garantías procesales y constitucionales de nuestro país. Para comprobar o refutar la veracidad de la hipótesis planteada, el objetivo general de esta investigación es analizar si el recurso de casación penal actual es inconstitucional e ilegal por violar el derecho universal a la justicia, la seguridad jurídica y el derecho efectivo al recurso del imputado dentro de un proceso penal. En su desarrollo, se utiliza un método sistemático e histórico y posteriormente, una metodología esencialmente deductiva. Adicionalmente, se recurre a métodos comparativos, analíticos e incluso cuantitativos, donde se examinan todas las características del instituto y finalmente, mediante elementos estadísticos, determinar si realmente existe una tutela efectiva al derecho de recurrir el fallo o si el recurso de casación se ha convertido en una suerte de escollo procesal que alarga de manera...

SIBDI, UCR - San José, Costa Rica.

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