Necesidad del control jurisdiccional en la transición de personas adultas privadas de libertad del sistema institucional al sistema semi-institucional: análisis a la luz del proyecto de ley del servicio penitenciario nacional y de acceso a la justicia para la ejecución de la pena 18 867

Abstract

Justificación. Dentro del procedimiento penal, la ejecución de la pena es el momento donde el Estado ejerce de forma más evidente su poder coercitivo, es por esto, que deben ser respetados los derechos fundamentales del individuo de la misma manera que en todo el proceso penal previo. Por esta razón, es difícil comprender el olvido del tema por los diferentes operadores del derecho, jueces, doctrinarios e, incluso, los mismos legisladores. Los autores que se han dedicado en los antecedentes a temas relacionados, en especial desarrollan el tema desde un punto de vista sustantivo de la pena, sus fines, entre otros, dejando de lado aspectos procesales importantes de la ejecución en sí misma, aun cuando los derechos fundamentales del individuo adquieren tanta importancia en esta etapa. El interés de esta investigación recae en la realidad que se presenta actualmente en Costa Rica en relación al procedimiento que tiene el Ministerio de Justicia y Paz por medio de la Dirección General de Adaptación Social para el cambio de programa de atención del régimen Institucional al régimen Semi- institucional en adultos privados de libertad. Esto dado que no existe un control jurisdiccional en este sentido, aún y cuando existen requisitos estrictos que deben de cumplirse en su totalidad para el cambio de régimen y que en muchos casos ha quedado demostrado que los mismos no se cumplen ni son respetados por los encargados de llevar a cabo esta delicada tarea. Hipótesis. Nuestro problema se enfoca en la siguiente pregunta: ¿Se hace necesaria la judicialización de la aplicación del sistema de traslados de los privados de libertad, del régimen institucional al régimen semi-institucional? Es bien sabido que hasta ahora, en Costa Rica, han sido los órganos técnicos-administrativos, como la Dirección General de Adaptación Social por medio del Instituto Nacional de Criminología, los encargados de determinar los criterios de valoración...