Aproximación comparativa entre el discurso jurídico normativo del proceso de salvaguardia (Ley n° 9379) que se sustenta en el paradigma social de derechos humanos y sentencias del Tribunal de Familia, comprendidas del año 2017 al 2021, que desarrollan este mismo proceso desde el paradigma médico-rehabilitador

Abstract

Justificación: Es comprensible que puedan generarse concepciones mejorables cuando se hace referencia a la discapacidad, entre otras razones, porque mayoritariamente se refieren a ella personas no portadoras de esta condición, por lo que les es más difícil concebirla al no haberla experimentado, lo que dificulta una percepción cabal. Por tanto, esto explica por qué se da un abordaje epistemológico exógeno más basado en juicios de valor, estereotipos, construcciones sociales preconcebidas, que dificultan o impiden la implementación del paradigma social de derechos humanos. El objetivo de cambiar de paradigma y trasladarse a uno más garantista es velar por el respeto a la autonomía de las personas con discapacidad y así logren ejercer su vida de forma independiente; pero, si en algunas ocasiones, prevalece el modelo médico-rehabilitador (modelo que busca la sobreprotección y se aleja de brindar una autodeterminación plena) en el proceso de salvaguardia, las personas que se sometan a este pueden verse en un estado que comprometa su capacidad jurídica. Razón suficiente que configura su carácter de urgencia, por lo que es necesario hacer conciencia sobre el probable fenómeno ocurrido en la actividad jurisdiccional a la hora de desarrollar estos procesos, todo con el propósito de evitar la proliferación de juicios propios del paradigma médico-rehabilitador. Hipótesis: Pese a que la Ley para Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad, n°. 9379, desde el 30 de agosto de 2016 que entró en vigor, ha establecido el paradigma social de derechos humanos como base para su aplicación, en ocasiones, los jueces de familia que resolvieron los procesos de salvaguardia, en el periodo que comprende del 2017 al 2021, continuaron aplicando en sus razonamientos resolutivos el paradigma médico-rehabilitador; actividad jurisdiccional que causa un antagonismo paradigmático, evidenciando un conjunto ideológico -de sesgo...