La crisis de la política criminal de drogas: problemas de su definición a partir de criterios políticos y económicos

Abstract

El carácter transnacional de ciertas actividades relacionadas con el tráfico de drogas hace que se haya experimentado, sobre todo a finales de los años ochenta, un aumento significativo de su regulación penal. Aunque varios comportamientos ya estaban incriminados desde hace algún tiempo, la creación de nuevos delitos creció considerablemente. Nuestra política criminal acudió al derecho penal como la mejor opción para resolver el problema de las drogas. Sin embargo, al asignarle ésta labor de forma exclusiva y prioritaria, dejó por fuera un sinnúmero de alternativas que pudieron incluso aplicarse con preferencia a la represión penal. Olvidando que la política criminal debería ser una estrategia de prevención y control de ciertas conductas consideradas delictivas, se promulgan leyes, decretos y reglamentos cuya orientación principal va dirigida a una fuerte represión, dejando al importante tema de la prevención en un segundo plano, en el mejor de los casos. Esta excesiva utilización del derecho penal para enfrentar el problema de las drogas hace que se desarrolle un derecho penal cuya aplicación resulta desigual y que conlleva, en ocasiones, a consecuencias injustas. La política criminal de drogas costarricense no ha sido diseñada atendiendo a un estudio criminológico que permitiera analizar la realidad de nuestro país antes de adoptar cualquier estrategia político-criminal, sino atendiendo a ciertos intereses que han ido configurando una política criminal de apaciguamiento.