Legitimación institucional en el código procesal contencioso administrativo

Abstract

El instituto de la legitimación se encuentra intrínsecamente relacionado con la participación ciudadana y el nivel de democracia en un Estado de Derecho, en la medida en que existe una relación directamente proporcional entre la amplitud de la legitimación dentro de las normas del Derecho Público y las facultades de los habitantes para poder recurrir las decisiones administrativas y tener participación, incidencia y ejercer un control en la función administrativa. De conformidad con lo anterior, con la introducción del Código Procesal Contencioso Administrativo, se pretende cumplir con el mandato constitucional del artículo 49 de la Carta Fundamental costarricense, de manera que la ley ofrece a los ciudadanos una tutela efectiva de sus derechos subjetivos e intereses legítimos. Sin embargo, el CPCA más allá de tutelar los derechos subjetivos y los intereses legítimos de los particulares, ratifica la legitimación que le corresponde a los órganos del Estado para efectos de cumplir con las funciones que les han sido encomendadas. Tratándose de la Procuraduría General de la República, la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes de la República, la legitimación que les ha sido reconocida, trae consigo para estos órganos la oportunidad para posicionar sus criterios en la sede jurisdiccional y tener una participación activa con incidencia directa en la función administrativa, para lograr que ésta sea llevada a cabo de la forma más eficiente, económica y diligente posible, garantizando el respeto al ordenamiento jurídico, el interés público y los derechos e intereses de los habitantes. Por lo tanto, es ostensible el reto que enfrentan estos órganos frente a las facultades para las cuales han sido habilitadas mediante el CPCA, con el objetivo final de canalizar, explotar y utilizar de la mejor manera la legitimación que les ha sido reconocida y generar un impacto positivo en la función...