Browsing by Author "Carvajal Pérez, Marvin A."

Now showing 1 - 20 of 26

La acción de inconstitucionalidad por omisión en Costa Rica
(2013) Oconitrillo Fonseca, David; Sánchez Méndez, Iván; Carvajal Pérez, Marvin A.
La inquietud que da origen a este trabajo es la importancia del estudio de la acción de inconstitucionalidad por omisión en sus manifestaciones y causas, ampliando su aplicación a otros supuestos, además de la omisión legislativa. Se analizará desde una perspectiva procesal la figura de la inconstitucionalidad por omisión, según los criterios jurisprudenciales. Se observa en el trabajo las implicaciones de la figura de la acción de inconstitucionalidad por omisión sobre algunos principios como: el de supremacía constitucional, seguridad jurídica, legalidad y el resguardo del Estado Social de Derecho, ello en el marco jurisprudencial de la Sala Constitucional. Se suma como motivación a este trabajo, la sospecha del poco conocimiento de la institución de la inconstitucionalidad por omisión por parte de la comunidad jurídica costarricense. Se funda esta sospecha, en el poco tratamiento en la doctrina costarricense y la poca profundidad del manejo jurisprudencial. En este orden de ideas, esta hipótesis queda definida de la siguiente manera: "No existe una definición precisa en la doctrina y jurisprudencia costarricense de la figura de la inconstitucionalidad por omisión. En este orden de ideas, tampoco hay una correspondencia del orden sustantivo y el procedimental de la acción de inconstitucionalidad por omisión. El manejo que se le da a la figura en la doctrina es limitada. Por ello, la información a la que tiene acceso la comunidad jurídica sobre la institución es insuficiente. Esto deriva en el mal empleo o desconocimiento de la técnica jurídica para aplicar la figura correctamente." De esta forma, el objetivo general de esta investigación queda establecido de la siguiente manera: Analizar la figura de la acción de inconstitucionalidad por omisión en Costa Rica. El presente trabajo se realizará a través de distintos métodos que permitirían arribar a una serie de resultados destinados a corroborar o desvirtuar...
Análisis de constitucionalidad del artículo 236 inciso 25 de la Ley General de Aduanas, reformado mediante la ley para mejorar la lucha contra el contrabando n° 9328
(2019) Rojas Salazar, Erick Jesús; Álvarez González, María José; Carvajal Pérez, Marvin A.
Análisis de la publicación periodística de notas relacionadas a casos de violencia doméstica de género y la violación de los derechos humanos de las mujeres
(2014) Fung Ucañán, Ruth; Carvajal Pérez, Marvin A.
En los últimos años dentro del marco del Derecho Nacional e Internacional se ha dado el reconocimiento de la violencia doméstica de género, como un una problemática social que ha afectado violatorio de los Derechos Humanos de las mujeres. La hipótesis planteada para el desarrollo de la investigación radica en el análisis de la medida en que se ven violentados los Derechos Humanos de las mujeres, debido al tratamiento inadecuado de las noticias periodísticas de violencia doméstica de género. Como objetivo principal en nuestra investigación determinaremos el análisis del abordaje periodístico de los sucesos de violencia doméstica de género, para determinar el grado en que se violentan los Derechos Humanos de las mujeres, a través de la publicación de estas notas. Para el cumplimiento de este objetivo determinamos 5 objetivos específicos que se fragmentan de la siguiente manera: 1)Describir los principales aspectos socio-históricos en el reconocimiento de la violencia doméstica de género mujeres, como un crimen violatorio de los Derechos Humanos, 2)Analizar el rol del comunicador y los medios masivos influye en la opinión pública y crean imágenes que se albergan en las mentes de los diferentes lectores de esas noticias, 3)Determinar el concepto de violencia doméstica de género en todas sus acepciones, mediante el estudio de la normativa nacional, jurisprudencia internacional, instrumentos internacionales relacionados con los derechos de la mujer y propiamente con los Derechos Humanos, 4)Analizar desde la perspectiva crítica los estereotipos y el tratamiento mediático del discurso periodístico empleado en las noticias sobre violencia doméstica de género publicadas en algunos de los periódicos nacionales y 5)Determinar los principales retos y desafíos en el discurso usado en las notas periodísticas relacionadas a los sucesos de violencia doméstica de género desde la óptica de los Derechos Humanos de las mujeres...
Análisis de la violencia sexual contra las mujeres desde la óptica internacional de los derechos humanos
(2014) Hernández Campos, Wendy; Carvajal Pérez, Marvin A.
En los últimos años hemos sido testigos de cómo dentro del marco del Derecho Internacional se ha dado el reconocimiento de la violencia sexual como un crimen violatorio de los Derechos Humanos de las mujeres. La hipótesis planteada para el desarrollo de esta investigación, radica en estudiar la violencia sexual como una manifestación de la violencia basada en el género, y determinar cuál ha sido el abordaje y la evolución de su tratamiento en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Como objetivo principal en esta investigación determinaremos la evolución histórica de los derechos de las mujeres y el inicio del reconocimiento de la violencia sexual como un crimen violatorio de los derechos humanos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, estudio que a la vez permita determinar los principales retos para el abordaje de la violencia sexual contra las mujeres. En lo que respecta a la metodología empleada a lo largo de la investigación, habremos de utilizar un modelo de investigación de tipo exploratorio, descriptivo y analítico, la cual de acuerdo con Rodrigo Barrantes Echeverría, se puede definir como aquella que: "(…) se efectúa cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen dudas o no se ha abordado antes." (Rodrigo Barrantes Echeverria, 2002). Utilizando la recolección de información a travez de la revisión documental, de doctrina y de jurisprudencia de casos pre seleccionados y ejemplificantes. Si bien en nuestros días los Derechos Humanos abarcan y protegen los derechos de las mujeres, no siempre fue así, y esta integración se ha logrado a través de los avances manados de la doctrina, normativa y jurisprudencia de órganos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos así como de los Tribunales Penales Internacionales, sin embargo el proceso de cambiar la cultura patriarcal y terminar con la desigualdad de las mujeres...
Análisis del procedimiento para juzgar a los miembros de los Supremos Poderes en Costa Rica a la luz de las garantías fundamentales
(2023) Jiménez Arias, Gabriel; Carvajal Pérez, Marvin A.
La presente investigación se realiza ante las múltiples críticas que ha recibido por parte de la doctrina costarricense el procedimiento para juzgar a los miembros de los Supremos Poderes. Así, por ejemplo, el profesor Javier Llobet afirma que no existe razón alguna que justifique el privilegio para que altos jerarcas del Estado sean juzgados por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y no por un tribunal ordinario. El Dr. Carlos Tiffer en un artículo de opinión publicado en un diario nacional califica el procedimiento de absurdo, inconsistente, contradictorio y hasta inconstitucional. El profesor Omar Vargas ha criticado que el procedimiento especial quebranta el principio fundamental de igualdad y es inconveniente desde el punto de vista social, político y de la independencia e imparcialidad. La Msc. Rosaura Chinchilla Calderón, jueza de apelación de sentencia penal, ha reprochado que los diputados sean las únicas personas que puedan escoger a quienes los van a juzgar en el futuro. Chinchilla también ha urgido por una reforma al Código Procesal Penal (CPP) que permita que estos juicios queden a cargo de la justicia común. La Asamblea Legislativa tramita dos proyectos de reforma constitucional y uno de reforma legal para modificar el procedimiento. La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos del Congreso llegó al acuerdo político el 2 de marzo de 2022 de impulsar dos de estos proyectos para acabar, en palabras de los mismos congresistas, con el trámite privilegiado y diferenciado que existe actualmente. Es en el contexto anteriormente expuesto que el presente trabajo de investigación analiza el juzgamiento a miembros de los Supremos Poderes a la luz de las garantías fundamentales. Esto con el fin de determinar si existe alguna incompatibilidad con la Constitución Política. Además, se examinarán las propuestas de reforma que se tramitan desde el Congreso con el objetivo de verificar si estas logran corregir las falencias...
Análisis jurídico del Estado de Defensa Nacional, integración del marco supra constitucional, constitucional y legal, propuesta interpretativa de la figura constitucional en concordancia con el derecho internacional público y el derecho constitucional costarricense
(2015) Facey Torres, Jonathan Andrés; Piza Duarte, Luis Diego; Carvajal Pérez, Marvin A.
La consulta facultativa legislativa de constitucionalidad en Costa Rica: su papel en el control de constitucionalidad
(2014) Benavides Hernández, Viviana; Carvajal Pérez, Marvin A.
Indubitablemente, la constitución es la norma superior del ordenamiento jurídico y tal valor normativo es un reconocimiento genérico en todo Estado que la adopta. En la época moderna, se vincula la constitución con la democracia y se procura su tutela mediante un órgano especializado, que se encargué de velar por la supremacía constitucional, ya que el ser humano por natura no logra su autocontrol, y es posible que se amenacen o violen las disposiciones constitucionales. En el caso concreto de Costa Rica, la Ley de la Jurisdicción Constitucional contempla diversos mecanismos para garantizar la defensa de la Constitución Política, específicamente, mediante el control concentrado a priori y a posteriori. Dentro de tales figuras jurídicas, se halla la consulta facultativa legislativa de constitucionalidad. Como es usual, dicha consulta posee sus detractores, quienes consideran que es una herramienta que lesiona el principio de división de poderes y que se ha tornado en un vehículo de control político, en razón del uso incorrecto por parte del parlamento. En virtud de lo anterior y ante la idea de cierto sector político-jurídico de suprimir tal figura, la razón de ser ¿justificación- del presente trabajo de investigación está en evidenciar el papel que juega la consulta facultativa legislativa en el control de constitucionalidad y así, demostrar que la finalidad de su creación se mantiene vigente en el ordenamiento jurídico nacional, pese al posible empleo inadecuado del instrumento por parte de la Asamblea Legislativa, como órgano legitimado para su formulación. Debido a tal exposición, la hipótesis, en la presente investigación, es que necesario contar con la consulta facultativa legislativa de constitucionalidad, como parte del control preventivo, ya que se asegura la regularidad de la Constitución Política, la supremacía constitucional y el control entre Poderes. Paralelamente, se evita la entrada en vigencia de normas...
El control de convencionalidad en el riesgo de apatridia en el ordenamiento jurídico costarricense a la luz de la Declaración y Plan de Acción de Brasil de 2014 el caso de los indígenas ngöbe-buglé que habitan en la zona de Sixaola de Limón
(2017) Vargas Sibaja, Víctor Alonso; Carvajal Pérez, Marvin A.
En el año 2014 Costa Rica firmó la Declaración y Plan de Acción de Brasil de 2014, mediante la cual se obligó a eliminar la apatridia en el período de 10 años. Las obligaciones que se derivan de esta adhesión, de incumplirse, implican responsabilidad internacional para el Estado costarricense. Lo anterior justifica la labor de este trabajo, pues en esta investigación se pretende determinar si en efecto será posible cumplir con este compromiso internacional y proponer soluciones para que ello sea viable. Este trabajo de investigación tiene como hipótesis que la situación de los pueblos indígenas ngöbe-buglés que habitan en la zona de Sixaola de Limón que son afectados por el denominado riesgo de apatridia no es tutelada por las disposiciones vigentes en el Ordenamiento Jurídico costarricense, ya que este no contempla los aspectos esenciales de la Declaración y Plan de Acción de Brasil de 2014. Dicha hipótesis fue demostrada afirmativamente. Para la demostración de la hipótesis se planteó como objetivo general analizar el instituto del control de convencionalidad en el sistema costarricense en el caso de los indígenas ngöbes-buglés que habitan en la zona de Sixaola de Limón, pueblo indígena transfronterizo, a la luz de la Declaración y Plan de Acción de Brasil de 2014, mediante el cual el país se obligó a erradicar la apatridia para el año 2024. En particular se hace dicho análisis tomando en consideración a los ngöbe-buglé de Sixaola, pueblo indígena transfronterizo. El análisis inicia con las disposiciones vigentes en el Ordenamiento Jurídico costarricense sobre leyes de nacionalidad, normativa registral civil, Derecho Migratorio y normas sobre apatridia aplicables a pueblos indígenas transfronterizos. En Costa Rica la única normativa específica aplicable a estos grupos se encuentra en el Reglamento de Migración y Extranjería, el Reglamento del Registro del Estado Civil y las flexibilizaciones...
Delimitación del contenido de debido proceso adjetivo en el procedimiento administrativo sancionatorio y el proceso penal
(2007) Rosito Iglesias, Natalia; Carvajal Pérez, Marvin A.
El Estado posee un Poder de Imperio, el cual a su vez le otorga una potestad sancionadora. Históricamente el ejercicio de la potestad sancionadora estatal, estaba asignada y monopolizada por la jurisdicción penal, ya que tanto los delitos como las infracciones administrativas estaban contenidas dentro del Código Penal y por tanto eran de conocimiento de los jueces penales. Posteriormente, y por una necesidad social, por medio de la despenalización se le fue atribuyendo a la Administración Pública la tarea de conocer sobre la posible comisión de las infracciones administrativas. Es así, como existe una sola potestad sancionadora estatal o ius puniendi, la cual a su vez se divide en la potestad Penal y la Administrativa. Debe resaltarse que el Estado no podrá imponer ninguna sanción o pena sin antes haber seguido en Debido Proceso, entendido el mismo, como la integración de una serie de principios y garantías tendente a otorgarle a la persona investigada, la certeza de que contara con un proceso justo, en el que podrá defenderse de forma plena y eficaz. Del primer párrafo puede concluirse que cronológicamente surgió primero la potestad sancionadora Penal, la cual desarrolló los principios y normas integrantes del Debido Proceso a manera clara y precisa a nivel normativo, doctrinal, así como jurisprudencial. De esta manera, al surgir la potestad sancionadora Administrativa, esta debió en un primer momento tomar sus bases de las del Derecho Penal, ello con el afán de no dejar en estado de indefensión al administrado. Con el transcurso del tiempo, el Derecho Administrativo ha ido delimitando su aplicación de los principios y garantía; no obstante, aún está muy lejos de alcanzar la precisión del Derecho Penal, máxime si se toma en cuenta que carece de normativa aplicable. La situación antes descrita, ha motivado la realización del presente trabajo, con el que se pretende analizar los diferentes matices de aplicación...
Derecho a una muerte digna en la Constitución Política de Costa Rica, como manifestación de la dignidad humana: viabilidad de su despenalización, una lectura integral a la luz de los derechos humanos y el derecho comparado, en el caso de personas adultas en estado terminal
(2021) Fernández Serrano, Stefanny Mariela; Jiménez Araya, María Daniela; Carvajal Pérez, Marvin A.
Costa Rica ha intentado en al menos dos ocasiones regular el tema de la eutanasia, con el objetivo de armonizar el ordenamiento jurídico con el respeto al derecho a morir dignamente y la autodeterminación, ambas sin encontrar asidero en el plenario legislativo. No por su falta de regulación o discusión a nivel legislativo, disminuye la importancia sobre la necesidad de discutir y estudiar el tema para el país, es ese el primer paso para que cualquier tema de importancia social se le dé la atención necesaria. La palabra `eutanasia¿ y `suicidio asistido¿ poseen de entrada connotaciones que no necesariamente pertenecen a su definición, sino que las personas permeadas por distintas consideraciones personales -creencias espirituales o religiosas, educación o profesión, política, etc.- provocando que en ocasiones se confunda o se pierda su significado. No obstante, etimológicamente se puede observar que viene del griego, de las palabras efthanasía que significa bien y thanatos que significa muerte, queriendo decir el buen morir. The Euthanasia Society of America define la eutanasia como la terminación de la vida humana por medios indoloros con el objetivo de poner fin al grave sufrimiento físico. Si se consulta el Diccionario de la Real Academia Española lo definirá de dos formas, como la intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura. Esta definición da el primer elemento clave y es que se limita a un paciente incurable. Además, agrega que es, desde la perspectiva médica la muerte sin sufrimiento físico lo que agrega el segundo elemento esencial que delimita el concepto y es el morir sin dolor. Uno de los principales argumentos a favor de la muerte digna es que es parte del derecho a la salud; el cual es un concepto integral que comprende el derecho a poner fin a la vida si la que sigue es indigna y que comprende también el derecho de abstenerse de tratamientos...
Despenalización del aborto en casos de violación y en casos de embarazos con alteraciones congénitas y/o genéticas del feto en Costa Rica
(2019) Cubero Mora, Vivian; Carvajal Pérez, Marvin A.
La doctrina en el derecho internacional público y la jurisprudencia internacional en materia de Derechos Humanos han reconocido el acceder a servicios legales de aborto como un derecho reproductivo fundamental de la mujer. Este reconocimiento compone la obligación de los Estados de Derecho de garantizar la regulación del aborto, brindar los servicios necesarios y de adoptar las medidas administrativas y legislativas necesarias para asegurar que las mujeres puedan efectivamente acceder a dicho servicio. Sin embargo, según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud en conjunto con el Instituto Guttmacher, en los países en vía de desarrollo se llevan a cabo anualmente alrededor de 25 millones de abortos inseguros que resultan en muertes maternas evitables; esta relación verificable entre la práctica de abortos inseguros y las tasas de mortalidad materna evitables ha permitido un consenso internacional sobre la innegable relación que existe entre el acceso a servicios de aborto legal, y la garantía de los derechos fundamentales de las mujeres. En Costa Rica, aun cuando existe en nuestra legislación penal un supuesto de aborto no punible, es innegable la existencia de una realidad de ineficacia en la realización del mal llamado aborto terapéutico; esta inoperancia e incapacidad de una mujer para auto determinarse, proteger su salud, su dignidad, su vida, su derecho a la reproducción sexual, y su derecho a no ser re victimizada después de una violación o torturada al ser obligada a llevar a término un embarazo en el que el producto va a nacer muerto es el centro de este trabajo final de graduación. Así, mediante un análisis de constitucionalidad de la prohibición del aborto en los casos de embarazo producto de violación o de incompatibilidad del feto con la vida extrauterina esta tesis exalta la necesidad de expulsar de nuestro Código Penal el articulado que penaliza el aborto en dichos supuestos. Inicialmente se planteó...
Extensión e implicaciones del instituto jurídico del referéndum: una mirada crítica a la experiencia del 07 de octubre de 2007
(2013) Campos Portuguez, Alberto Fabián; Carvajal Pérez, Marvin A.
Justificación. En virtud de la práctica real sobre este instituto en Costa Rica, de la cual se tuvo la primera experiencia el 07 de octubre de 2007, se vuelve totalmente pertinente una investigación, que permita al menos llegar a puntualizar, desde el punto de vista jurídico, la sistematización de la naturaleza misma del instituto del referéndum en cuanto derecho soberano, y en lo posible, una elaboración propositiva para el saneamiento de sus falencias orientadas al logro de una auténtica y eficaz comprensión ciudadana acerca de las potencias reales de este instrumento de participación socio-política. Hipótesis. Las falencias e imprecisiones manifestadas en el Referéndum en la experiencia del 07 de octubre de 2007 evidencian una disociación entre los principios constitucionales que deben orientarlo y el desarrollo legislativo e implementación del mismo. Ello le ha restado contundencia como instrumento socio político coadyuvante a la construcción (creación y/o consolidación) de una institucionalidad genuinamente democrática. Objetivo General. Identificar los principios constitucionales que deben orientar al Referéndum, cuya observación lo potenciarían como posibilitador del diálogo social y coadyuvante a la construcción de una institucionalidad genuinamente democrática. Metodología. Inicialmente se analiza las formas que ha revestido su utilización más añeja por otras naciones, para comprender mediante análisis y efecto comparativo las especificidades y potencias que la disposición de principios y normativa constitucional le han reconocido en Costa Rica. Un posterior cotejo de éstos con el desarrollo legislativo y su interpretación en dicha primera experiencia referendaria permitirá constatar la correspondencia o no, entre su carácter y potencia reconocidos constitucionalmente y la implementación realmente acaecida en la experiencia del 7 de octubre de 2007. Conclusiones. El instituto del referéndum...
La fijación de la pena: sus fundamentos
(1999) Vargas Garbanzo, Alejandra; Carvajal Pérez, Marvin A.
La importancia de la Fijación de la Pena sólo es comparable con su alta complejidad. Ésta tiene sus fundamentos en dos instituciones pertenecientes al Derecho Penal: La Culpabilidad y la Finalidad de la Pena. Basado en una visibn antropológica indeterminista relativa bajo la cual se le reconoce al ser humano su libertad de autodeterminación, el Derecho Penal de corte democrático cimenta su sistema en un concepto normativista de culpabilidad, al ser este el más acorde para un Derecho Penal de Acto donde se juzga al individuo por lo que hizo y no por lo que es. De tal manera, el principio de culpabilidad funciona como fundamento de la determinación de la pena y, a la vez, como límite a ella. Concomitantemente, la pena, siguiendo su papel de ser la materialización del sistema represivo estatal, busca su determinación siguiendo las directrices que dictan los fines de ésta misma. Doctrinalmente, los fines de la pena son: retributivo, preventivo especial y preventivo general. Contemporáneamente, las teorías buscan, mediante su unión, posibles salidas satisfactorias a los problemas de antinomia que se presentan entre ellos. Así, se maneja una visión utilitarista de la Fijación Penal, al concebirla como un procedimiento por el cual se determina la pena, convirtiéndose en un medio y no un fin en sí misma.
Fortalecimiento de los gobiernos locales a la luz de la reforma al Art. 170 de la Constitución Política
(2003) Zamora Ramírez, María José; Carvajal Pérez, Marvin A.
En el título primero en relación con el régimen municipal, se analizan una serie de generalidades y conceptos propios de esta materia. Uno de ellos es el concepto de administración local, de donde se rescatan como ejes la prestación del servicio público y la satisfacción de necesidades colectivas. Se estudia el fundamento jurídico del régimen municipal, propiamente el título XII de la Constitución Política y la cronología de las principales reformas que se han dado en Costa Rica en materia municipal. Por otro lado, se analiza la historia del régimen municipal en Costa Rica y en este sentido se afirma, que aparejado al desarrollo histórico de nuestra república, los gobiernos locales también han sufrido transformaciones en pro de una renovación constante, dentro del contexto socio político de la época. Constitucionalmente, la competencia de las municipalidades está delimitada expresamente por razón del territono y de la materia. En cuanto a la materia, la constitución atribuye a las municipalidades la administración de los intereses y servicios locales. Para definir el interés local, que es indeterminado, se debe acudir a la ley o en su defecto, a la interpretación jurisprudencial. Se advierte que una serie de relaciones de tipo tutelar, de coordinación, planificación o de obligaciones, se han tejido entre el Estado y las municipalidades, en algunas ocasiones, en menoscabo de la autonomía de éstas. Respecto a sus funciones, las Municipalidades pueden asumir las funciones y actividades que crean convenientes, para satisfacer el interés local, ya que la Constitución Política las faculta para ello. En cuanto a la autonomía municipal, se expone el criterio de la Sala Constitucional, mismo que señala que la autonomía municipal implica: autonomía política, autonomía normativa, autonomía tributaria y autonomía administrativa, y que las municipalidades operan de manera descentralizada frente al gobierno de la república...
La función consultiva de la Procuraduría General de la República en la Administración Pública
(2003) Zúñiga Jiménez, Ana Isabel; Carvajal Pérez, Marvin A.
Esta investigación está dedicada al estudio de la función que realiza la Procuraduría General de la República como órgano asesor técnico-jurídico de la Administración Pública. Entre los objetivos que se plantearon están: analizar las diferentes manifestaciones de la labor consultiva que realiza la P.G.R., conocer cuáles normas del ordenamiento jurídico permiten llevar a cabo esa función, determinar cuáles órganos de la Administración Pública pueden gestionar la asesoría de la Procuraduría, indicar y estudiar cuáles son los instrumentos técnico por medio de los cuales se manifiesta la función consultiva, determinar los efectos jurídicos de las manifestaciones de la asesoría realizada por la P.G.R. Esta investigación se realizó utilizando el método deductivo, analizando el desarrollo de la actividad consultiva desde el punto de vista de la administración activa, estudiando el órgano principal que realiza esa función de asesoramiento, se realizan análisis críticos sobre los efectos de dicha actividad. Se pudo comprobar que las manifestaciones de la labor consultiva de la Procuraduría no se apegan estrictamente a la normativa que la rige. La figura del pronunciamiento contemplada en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República carece de contenido práctico, en el quehacer de la función asesora. Podemos concluir que la L.O.P.G.R., requiere de una reforma legislativa que elimine este termino, pues únicamente existen los dictámenes como criterios vinculantes. Con respecto a la jurisprudencia administrativa emanada de la P.G.R., está constituida únicamente por los dictámenes de acatamiento obligatorio para la Administración debiendo excluirse del concepto de jurisprudencia administrativa las opiniones jurídicas que no conllevan la obligatoriedad de ser acatadas. Se comprobó que en la legislación costarricense no existen mecanismos que le permitan a la P.G.R. dar seguimiento a sus dictámenes...
Justiciabilidad de los derechos fundamentales: el papel de la jurisdicción constitucional de Costa Rica en la efectiva tutela de los derechos económicos, sociales y culturales
(2008) Calderón Barrantes, Marcela; Carvajal Pérez, Marvin A.
La justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, y culturales constituye un tema en el cual no ha existido un consenso general por parte de la doctrina extranjera a través de los tiempos. En un principio se tenía la creencia de que estos derechos fundamentales no eran susceptibles de ser reclamados ante las instancias judiciales internas de un país, es decir, no eran justiciables; sin embargo, tal pensamiento fue cambiando hasta llegar a la realidad de la que hoy somos testigos respecto a la judiciabilidad de estas garantías. Una gran mayoría de expertos internacionales en el tema, finalmente ha coincidido que en la actualidad cualquier persona puede invocar este tipo de derechos ante un juez, o tribunal especializado, con el fin de que se le tutele de manera inmediata. En ese sentido es que ha sido verdaderamente interesante la práctica que ha seguido nuestra jurisdicción constitucional con relación a esta nueva corriente doctrinaria. La Sala Constitucional de Costa Rica, como órgano encargado de la protección y primacía del contenido de nuestra Constitución Política, ha buscado desde sus inicios garantizar de manera activa la vigencia de los derechos fundamentales, incluyendo los derechos económicos, sociales, y culturales. Siendo esto así, es que se ha evidenciado en nuestro medio un verdadero avance en cuanto a la implementación de estos derechos sociales en la vida diaria de las personas, con lo cual se ha logrado ir mejorando paulatinamente la calidad de vida de los costarricenses. Asimismo, se comprueba que la nueva teoría sobre la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, y culturales, es algo que perfectamente se puede traducir a la práctica sin generar consecuencias negativas, sino todo lo contrario, produciendo resultados satisfactorios en las personas titulares de esos derechos. Lo anterior viene a justificar el tema escogido, y que fue titulado Justiciabilidad de los derechos fundamentales: el papel...
La aplicación de la legislación costarricense para garantizar el derecho de resarcimiento generado por una noticia falsa
(2021) Castrillo Hine, Carolina; Carvajal Pérez, Marvin A.
I.Justificación. Al hablar de los fake news o las noticias falsas, lo primero que se piensa es en las redes sociales y en la comunicación moderna, no obstante, la sociedad tiene la idea errónea de que los fake news son del mundo moderno. En realidad, los fake news o las noticias falsas existen desde siempre, tanto así que no hay una fecha clara de cuándo realmente empezaron a existir. A nivel mundial, se han dado diferentes situaciones políticas, económicas y sociales que han sido causadas por distintas noticias falsas. Por lo cual, debido a esta desinformación a nivel mundial y entrando en el ámbito jurídico, en el 2017, se emite la Declaración conjunta sobre la libertad de expresión y noticias falsas, desinformación y propaganda. En el caso de Costa Rica, desde las elecciones del 2018 han aumentado las difusiones de las noticias falsas gracias a las redes sociales, causando daños a la población. No obstante, si bien Costa Rica es un país defensor de los derechos humanos, no hay una normativa que especifique cuáles podrían ser posibles limitantes a la hora de ejercer esos derechos. Si bien es cierto, el Código Penal regula este tema, para esta investigación no se recurrirá a dicho Código, puesto que se dará un enfoque meramente del derecho civil y derecho constitucional. Ahora bien, las razones que motivan esta investigación se dan porque, como se indicó anteriormente, la normativa penal es clara con respecto a las regulaciones de las noticias falsas o fake news, sin embargo, a la hora de hablar de una responsabilidad civil, no hay una clara normativa específica que pueda servirle a una persona a la hora de garantizar su derecho de resarcimiento por un daño causado por una noticia falsa. Además, la situación es preocupante porque, con los avances tecnológicos y los medios de comunicación, las noticias falsas o fake news se han estado divulgando con más facilidad, lo cual puede causar daño a una persona...
La asistencia personal humana como medio de garantizar el goce de los derechos humanos de las personas mayores de edad con discapacidad física en el estado costarricense
(2021) Gutiérrez Fallas, Carolina; Carvajal Pérez, Marvin A.
Justificación. Se estudiará la asistencia personal humana como medio de garantizar el goce de los derechos humanos de las personas con discapacidad física en el Estado Costarricense, ya que no existe mucho desarrollo doctrinal sobre el tema en nuestro país. Es relevante discutir el tema tanto por la evolución del derecho y la necesidad de actualizar su contenido, como para observar los derechos que el Estado debe garantizar de mejor manera. La discapacidad se ha consolidado como cuestión de derechos humanos gracias a la a adopción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, se observa gran desatención en cuanto a la autonomía e independencia de las personas con discapacidad, y es ahí donde radica la importancia de desplegar un adecuado análisis de la figura en cuestión. Hipótesis. Para que la asistencia personal humana logre garantizar el goce de los derechos humanos de las personas mayores de edad con discapacidad física su implementación debe guiarse bajo el modelo social de discapacidad y tener como eje la promoción de la autonomía de las personas con discapacidad. Debe considerarse a dichas personas como sujetos de derechos y, por tanto, reconocérsele su dignidad, sin caer en prácticas paternalistas y asistencialistas. Objetivo General. Determinar la manera en qué debe implementarse la asistencia personal humana para garantizar el goce de los derechos humanos de las personas mayores de edad con discapacidad física en el Estado Costarricense. Metodología. Se realizará un análisis bibliográfico de doctrina, legislación y jurisprudencia. Así mismo, se realizarán algunas entrevistas para verificar la implementación práctica de la asistencia personal en nuestro país. Las fuentes a analizar serán tanto nacionales como internacionales y dicho análisis se llevará a cabo siguiendo el método comparativo. Se estudiarán las acepciones y regulaciones de la asistencia personal humana...
La constitucionalidad de una tasa a las demandas de cobro judicial: un analisis desde los derechos fundamentales de acceso a al justicia, la igualdad y los principios de justicia tributaria material en Costa Rica
(2023) Porras Carvajal, Gabriel; Carvajal Pérez, Marvin A.
El presente proyecto final de graduación trata el tema de la implementación de una tasa a las demandas de cobro judicial, como requisito de su admisibilidad ante los tribunales de justicia de Costa Rica. El mismo surge a propósito del proyecto de ley Nº21.275 ley de creación de una tasa para el mejoramiento de la justicia cobratoria, sin embargo, no se agota en él, sino que analiza la viabilidad para que se instaure un tributo de esta naturaleza. La investigación se origina a partir de un problema referente a demostrar que una reforma legal que cree esta tasa a las demandas de cobro judicial es contraria a la Constitución Política de Costa Rica y a distintos instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos fundamentales. Existen diversas aristas que convergen en el seno del tema como lo son: el derecho humano a una tutela judicial efectiva, el de acceso a la justicia, y el de la igualdad. El proyecto de ley Nº21.275 se analiza a la luz de estos derechos fundamentales, que son reconocidos por la Constitución Política de Costa Rica y por diversos tratados internacionales de derechos humanos, para determinar su conformidad o la falta de ella. Esto, si fuera una ley inconvencional o inconstitucional. Asimismo, la dogmática jurídica, aunado a la jurisprudencia de los tribunales, al crear el derecho, han encontrado consenso para determinar los principios de la justicia tributaria material. Dentro de estos se pueden mencionar: el principio de capacidad contributiva, de igualdad tributaria, de generalidad, de no confiscatoriedad, de razonabilidad, de proporcionalidad, de progresividad, entre otros. Se incluye un análisis que pretende determinar si el texto de la ley está conforme con estas normas jurídicas no escritas. De igual forma, se incluye un apartado donde se plantea una propuesta para descongestionar los juzgados de cobro, que consiste en trasladar algunas de las competencias, como la ejecución de deudas u obligaciones...
La disyuntiva del ser y el deber ser en la aplicación del derecho a la libertad de cátedra en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica
(2019) Castillo Córdoba, Johan Alberto; Muñoz León, Natasha; Rodríguez Arrieta, Marvin José; Carvajal Pérez, Marvin A.
A. Justificación. El tema de investigación se seleccionó a partir de un análisis amplio e integral de las deficiencias que se presentan en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, en cuanto a la aplicación del derecho a la libertad de cátedra. Esta deficiencia corresponde a la forma en la que este derecho es aplicado y entendido de manera subjetiva, debido a la falta de un concepto establecido previamente. La falta de regulación es el principal problema que se identificó, ya que no se cuenta con normativa que indique los alcances y los límites. Se evidenció el conocimiento escueto sobre cómo aplicar el derecho mencionado, ya que las personas docentes lo consideran absoluto e ilimitado. Esto ocasiona que las personas estudiantes se encuentren en una posición vulnerable frente a las decisiones que arbitrariamente pueda tomar el docente, quien se ampara en el derecho a la libertad de cátedra. Además, se investigó el tema mencionado debido a la aplicación cotidiana que lleva a cabo la facultad, la cual brinda amplias funciones y competencias a las personas docentes sin límite alguno, a partir de la idea que el derecho es conocido enteramente. Debido a lo anterior, se buscó desarrollar el tema con la finalidad de elaborar un proyecto de reglamento dirigido a implementarse en la Facultad de Derecho, con el que se regule la aplicación de este derecho. Con esto, se pretende que no se perjudique al estudiantado con actuaciones arbitrarias de los profesores amparadas en un derecho ilimitado de libertad de cátedra. B. Objetivo general. Demostrar la disyuntiva que existe entre el ser y el deber ser de la libertad de cátedra en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, con el fin de que, a partir de esto e implementando las características relevantes del tema, se elaboren recomendaciones que se cristalicen en un proyecto de reglamento. C. Hipótesis. En la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica se maneja...