Derecho
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Item El proceso de ejecución penal: los informes y recomendaciones técnicas del Instituto Nacional de Criminología en la resolución de los incidentes de libertad condicional(2004) Campos Jiménez, Mery; Burgos Mata, Alvaro AntonioEsta investigación presenta un análisis serio acerca de lo que es hoy el Proceso de Ejecución Penal costarricense, abarcando cómo funciona este proceso, quienes participan en el mismo y cuáles son las funciones que desempeñan, dándole prioridad a la participación que tiene el Instituto Nacional de Criminología a través de los informes y recomendaciones técnicas que brinda para la resolución de los diferentes incidentes en la ejecución penal, y analizando en especial el caso de los Incidentes de Libertad Condicional. En la primera parte se estudia lo que es la Ejecución Penal, los diferentes conceptos de lo que es la pena y las diferentes teorías que sobre el fin de la misma se han estipulado, para finalmente establecer que la pena modernamente es la sanción por la realización de un acto ilícito, es decir, una consecuencia jurídica, y que el fin de la misma es la resocialización o rehabilitación del sujeto (Artículo 51 del Código Penal). Posteriormente se estudió el concepto de ejecución penal, en el sentido de que el proceso de ejecución penal es una fase más del proceso penal en la que se busca dar cumplimiento a las disposiciones de la sentencia que condena a pena privativa de libertad, sin olvidar por supuesto el respeto a los derechos fundamentales de los sujetos sentenciados. También se estipuló la naturaleza jurídica de esta etapa procesal penal, los principios que la rigen y los sujetos que intervienen en ella. En la segunda parte de la investigación se analiza la participación de cada uno de los sujetos intervinientes en la ejecución penal: el juez ejecutor, el Ministerio Público, la Defensa Pública y el propio condenado, la Dirección General de Adaptación Social con sus diferentes órganos, el Tribunal Sentenciador y el Querellante Público; estudiando de cada uno de ellos las funciones y deberes que tienen en esta etapa y el marco jurídico regulador de las mismas...Item La única instancia en el proceso penal: análisis y crítica al sistema vigente(1982) Lee Ching, José Luis; Houed Vega, Mario AlbertoItem Estudio acerca de la eficacia de las penas impuestas en delitos forestales y de recurso hídrico desde la óptica del realismo jurídico(2020) Pérez Briceño, Carlos; Zamora Acevedo, José MiguelEn Costa Rica, desde los años sesenta, ha habido preocupación por la conservación de la fauna y flora silvestre, esta se consolidó con la creación de la Ley N.º 6.084 (Ley del Servicio de Parque Nacionales) el 24 de agosto de 1977, anudado al digesto de legislación nacional que establece mecanismos para la protección ambiental. Las leyes específicas en materia ambiental establecen mecanismos de resarcimiento del daño ambiental, para reparar e indemnizar los daños causados al ambiente y salud de los ciudadanos, tratando de garantizar el derecho a un ambiente sano, establecido en nuestra Constitución Política en el artículo 501, haciendo uso de un régimen penal que incluye penas de prisión y medidas cautelares. Es así como, el derecho penal ambiental tipifica conductas y acciones en las que ya se presupone en muchos de los casos la existencia de un daño ambiental, como contaminación de aguas, drenaje de humedales, comercialización de especies de flora o fauna protegidas, tala de un bosque protegido, invasión de área silvestre protegida, entre otras; o aquellas dónde no existe un daño, pero si una puesta en peligro del bien jurídico tutelado. En una época donde, el no uso adecuado de los recursos aunado a la contaminación se convierte en uno de los mayores problemas a nivel mundial, involucrando las políticas públicas, económicas y sociales de los Estados. No obstante, la definición de los delitos ambientales conlleva a cuestionamos si esta legislación ha dado el resultado esperado en cuanto a la protección del ambiente en concordancia con el principio preventivo y precautorio del derecho ambiental y si estos logran su cometido o, si por el contrario, solo son artículos dentro de un ordenamiento jurídico ineficaz para la protección de los recursos naturales. Es a partir de esta preocupación que surge el presente trabajo el cual tiene como objetivo general analizar si los delitos ambientales, establecidos...Item Análisis del concepto de dominio en el Proyecto de Ley nro. 19.571 denominado "Ley Especial de Extinción de Dominio" y su aplicación en los casos de arrendamiento financiero (financial leasing) de acuerdo con el ordenamiento jurídico costarricense(2020) Salehi Cedeño, Sheila Eugenia; Olaso Álvarez, Jorge EnriqueObjetivo general. Analizar la viabilidad jurídica del Proyecto de Ley especial de Extinción del Dominio, número 19.571, en los contratos de leasing financiero. Justificación. En los últimos años, los niveles de violencia en la sociedad costarricense han ido creciendo rápidamente, ello en razón de la presencia del crimen organizado. Lo anterior, en el sentido de que quienes se encuentran en el mundo del narcotráfico han desarrollado una guerra territorial para aumentar su poder de distribución y venta de drogas. Como resultado de ello, dichas agrupaciones están aumentando su patrimonio producto de las actividades ilícitas que desarrollan y nace la necesidad de que se cree una norma que faculte al Estado costarricense -a través del ejercicio del poder punitivo- para extinguir el dominio de los bienes fruto de las actividades criminales organizadas, a través de un proceso in rem y no in persona, es decir, contra las cosas en sentido real y no contra las personas, como lo es el proceso penal per se. En la fase de aplicación de la figura que se procederá a analizar, existe la posibilidad de que se vulneren derechos adquiridos a través de situaciones jurídicas consolidadas. Sin embargo, los Derechos Fundamentales también están en peligro, puesto que el Debido Proceso y el Derecho de Defensa pueden ser vulnerados al momento de desarrollar el procedimiento de extinción del dominio de los bienes. Hipótesis. El contrato de leasing financiero es un instrumento que aún con el Proyecto de Ley número 19.571 puede ser utilizado para la legitimación de capitales. Metodología. En la presente investigación, se realizará un estudio de las posiciones del Derecho Penal costarricense -doctrina y jurisprudencia- con respecto a la creación de institutos jurídicos para el desincentivo al delito y cómo ello ha afectado al patrimonio de los imputados. También se analizará el criterio de los ex magistrados José Manuel Arroyo Gutiérrez y Carlos...Item El delito de tortura cometido por los agentes policiales del sistema penitenciario costarricense(2019) Díaz Arias, Lauren Andrea; Herrera Barquero, Víctor Hugo; Gatgens Gómez, ErickA grandes rasgos, la tortura es vista como un padecimiento, que de forma innecesaria y voluntaria, se le provoca a una persona con el objetivo de obtener algo de ella. Es una práctica de deshumanización, la cual afecta directamente a la dignidad humana. Una práctica que lacera. En los centros penales, en el ejercicio común y legítimo de las funciones administrativas, pueden darse actos crueles, inhumanos y degradantes, incluso desde el punto de vista coloquial con actos de tortura, sin embargo, no necesariamente son hechos que desde la figura típica del delito de tortura puedan considerarse como tal. Es en este sentido, que la violación de los derechos a la dignidad e integridad de estas personas, especialmente cometida por agentes policiales dentro de los centros penitenciarios costarricenses, se constituye en un problema de interés, tanto para la academia como para el Estado costarricense. En el año 2001, como parte de una corriente internacional de interés en el tema, el legislador costarricense planteó una solución: la inclusión del tipo penal de tortura del artículo 123 Bis en el Código Penal. Ahora bien, tan solo en el 2019, las cifras de hacinamiento y sobrepoblación carcelarias han llegado a superar en un 50%, la capacidad de alojamiento en los centros penitenciarios existentes; siendo aquellos, potenciadores de la tortura, y en sí mismos actos crueles, inhumanos y degradantes. Aunado a ello, en los últimos dos años, se han presentado alrededor de mil recursos de amparo y hábeas corpus, ante la Sala Constitucional en temas penitenciarios, no obstante, desde la aprobación del art. 123 bis del Código Penal, han sido pocos los casos que han llegado a la sede judicial penal, para discutir la configuración del delito, principalmente, en el caso de actuaciones de los agentes policiales. Existe un único caso ocurrido en lo interno de un centro penitenciario, el cual hasta la fecha continúa sin una individualización clara...Item Necesidad del control jurisdiccional en la transición de personas adultas privadas de libertad del sistema institucional al sistema semi-institucional: análisis a la luz del proyecto de ley del servicio penitenciario nacional y de acceso a la justicia para la ejecución de la pena 18 867(2019) Évora Castillo, Óscar Andrés; Salazar Rodríguez, Luis AlonsoJustificación. Dentro del procedimiento penal, la ejecución de la pena es el momento donde el Estado ejerce de forma más evidente su poder coercitivo, es por esto, que deben ser respetados los derechos fundamentales del individuo de la misma manera que en todo el proceso penal previo. Por esta razón, es difícil comprender el olvido del tema por los diferentes operadores del derecho, jueces, doctrinarios e, incluso, los mismos legisladores. Los autores que se han dedicado en los antecedentes a temas relacionados, en especial desarrollan el tema desde un punto de vista sustantivo de la pena, sus fines, entre otros, dejando de lado aspectos procesales importantes de la ejecución en sí misma, aun cuando los derechos fundamentales del individuo adquieren tanta importancia en esta etapa. El interés de esta investigación recae en la realidad que se presenta actualmente en Costa Rica en relación al procedimiento que tiene el Ministerio de Justicia y Paz por medio de la Dirección General de Adaptación Social para el cambio de programa de atención del régimen Institucional al régimen Semi- institucional en adultos privados de libertad. Esto dado que no existe un control jurisdiccional en este sentido, aún y cuando existen requisitos estrictos que deben de cumplirse en su totalidad para el cambio de régimen y que en muchos casos ha quedado demostrado que los mismos no se cumplen ni son respetados por los encargados de llevar a cabo esta delicada tarea. Hipótesis. Nuestro problema se enfoca en la siguiente pregunta: ¿Se hace necesaria la judicialización de la aplicación del sistema de traslados de los privados de libertad, del régimen institucional al régimen semi-institucional? Es bien sabido que hasta ahora, en Costa Rica, han sido los órganos técnicos-administrativos, como la Dirección General de Adaptación Social por medio del Instituto Nacional de Criminología, los encargados de determinar los criterios de valoración...Item Limitación normativa de la procedencia de mecanismos de solución alternativa de conflictos, a través de las reformas legislativas, y su contradicción con la justicia restaurativa(2019) Obando Reyes, Bryan Stewart; Llobet Rodríguez, JavierLa presente investigación busca determinar las limitaciones normativas que han incidido en la procedencia de los tres institutos de Solución Alterna al Conflicto, posterior a su entrada en vigencia con la nueva reforma procesal penal de 1996, conocida actualmente como el Código Procesal Penal o Ley 7594, que nos rige desde el 1 de enero de 1998. Para efectos de realizar este trabajo, resulta pertinente hacer un estudio doctrinal de las diferentes posiciones de juristas que fueron consideradas como un impulso a instauración de dicha reforma. Todos tienen un argumento en común, que a su vez consistió en la necesidad de implementar un sistema penal que permitiera un mejor acceso a los intervinientes, delegándolo en la víctima y darle una mayor participación y protagonismo en el proceso, no generando la decisión del proceso al monopolio estatal, como solía manejarse previo a la entrada en vigencia de dicha reforma. Así las cosas, se coincidió en la instauración de un proceso penal más horizontal. Asimismo, de acá se deriva el estudio de los institutos de Solución Alterna al Conflicto, denominados la Suspensión del Proceso a Prueba, la Reparación Integral del Daño y la Conciliación, que fueron creados (a excepción de la conciliación que ya estaba regulada, pero amplió su procedencia) con la finalidad de buscar una salida alterna a la del juicio oral con pena de prisión que se considera la solución por excelencia en el derecho penal. Sin embargo, estos tres institutos han sufrido distintas reformas normativas posteriores a su entrada en vigencia desde 1998. No puede alegarse que todas las reformas han resultado perjudiciales, sin embargo, existen otras reformas que han limitado la procedencia de los mismos, y como consecuencia a lo anterior, estos institutos han resultado insuficientes en su aplicación a la cuantía de casos que se presentan en los despachos penales por la cantidad de requisitos que contienen. Paulatinamente...Item Los testigos anónimos: valoración de la prueba testimonial en el proceso penal costarricense, desde la óptica del derecho de defensa de la persona imputada y el derecho a la protección de las víctimas y testigos(2020) Cordero Porras, María José; Sevilla Monge, María José; Llobet Rodríguez, Javier EduardoEl procedimiento penal ha variado paulatinamente, de acuerdo con los cambios surgidos en la política criminal. Desde hace algunos años, en virtud del surgimiento del Estado Democrático de Derecho, muchos países han tomado la decisión de reformar sus procedimientos penales con el propósito de que resulten acordes a un sistema acusatorio, o bien, en algunos casos, mixto. Como parte de las variaciones introducidas en los ordenamientos jurídicos, se ha implementado el reconocimiento constitucional de una serie de garantías que acompañan a las partes durante todo el proceso. En ese sentido, como parte del sistema de tendencia acusatoria que impera en la mayoría de procedimientos penales de la época, han surgido nuevas discusiones jurídicas, en relación con el ejercicio del derecho de defensa y el derecho a la protección de las víctimas y/o testigos. Es así como la implementación de la protección procesal y extraprocesal, como parte del derecho a la protección, no se ha caracterizado por ser un tema pacífico, sino que, por el contrario, ha originado una serie de discusiones jurídicas relacionadas con las implicaciones de su ejecución. Especialmente, se han generado cuestionamientos sobre los efectos de estas medidas en relación con el ejercicio del derecho de defensa de la parte acusada en un proceso penal; particularmente, para el caso de Costa Rica, esta discusión surgió con mayor fuerza a partir de la aprobación de la Ley No. 8720. El objetivo general del presente trabajo de investigación pretende analizar la figura del testigo anónimo en relación con el derecho de defensa de la persona imputada y el derecho a la protección de víctimas y testigos, en aras de examinar la compatibilidad de la figura con el Estado Democrático de Derecho. En virtud de la apertura del sistema penal a la reserva de la identidad del testigo y de sus características físicas individualizantes, en casos específicos (protección procesal)...Item La prueba en el proceso penal(1968) Amador Madriz, Jorge EnriqueItem La prueba y la tipología de los delitos ambientales, elementos fundamentales de la efectividad de los procesos ambientales en sede penal(2016) Castro Chinchilla, Jessica Priscilla; Garita Cubillo, Mary Ángel; Peña Chacón, Mario AlfonsoJustificación: El interés de esta investigación recae en la expansión del derecho penal hacia el derecho ambiental que ha generado la creación de múltiples delitos, pero esta unión no ha sido del todo satisfactoria debido a la rigidez del derecho penal frente a los principios del derecho ambiental que no se han logrado adentrar adecuadamente en los procesos para lograr el entendimiento suficiente por la certeza probatoria que se requiere en derecho penal y que presenta gran dificultad en temas ambientales. Es por esto que se considerará de relevancia generar una investigación enfocada en tres puntos esenciales: el correcto análisis de la tipología de los delitos ambientales, la exposición de un adecuado manejo general de la prueba durante todo su ciclo de vida en el proceso y finalmente la relación de lo anterior con la efectividad de los procesos penales de carácter ambiental. Hipótesis: La efectividad del desarrollo de los procesos ambientales en sede penal es afectada por diferentes factores como las estructuras utilizadas en la promulgación de delitos ambientales y la dificultad de aplicación de los principios ambientales en los procesos penales. Objetivo general: Analizar los elementos que podrían incidir en la efectividad del desarrollo de los procesos ambientales en sede penal, su tipología y procesos probatorios. Metodología: Esta investigación es de tipo descriptivo correlacional, de manera que iniciará siendo de tipo descriptivo para desembocar en correlacional. Es descriptiva inicialmente para la determinación de las variables de la investigación: la prueba y su tratamiento y el problema de la efectividad en el derecho ambiental. En cuanto a la investigación de tipo correlacional, una vez definidas las variables se pretende ver si están o no relacionadas en los mismos sujetos y después se analiza la correlación. Conclusiones: Para abordar esta afirmación se planteó una estructura compuesta por tres etapas...