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Item El procedimiento sancionador tributario costarricense: un análisis de las especificidades convencionales de los principios aplicables(2024) Calderón Ovares, Mariana; Murillo Ramírez, Andrey Alonso; Vargas González, PatriciaEn esta investigación de final de grado, se realiza un análisis integral de los principios del debido proceso del Derecho Penal aplicables con ciertos matices en las sanciones administrativas, específicamente en las tributarias, según lo dispuesto por la Sala Constitucional en la resolución Nº03929 – 1995, y determinar, que no existe una consolidación de criterios por parte de la Administración Tributaria, dado que el mismo sistema jurídico no ha precisado la manera, y cómo se deben de implementar los principios en los procedimientos sancionadores. Debido a lo anterior, se realizó una descripción detallada de los principios constitucionales y del debido proceso penal aplicables en la materia fiscal, a saber, entre dichos principios se encuentra, el principio de lesividad, el principio de legalidad, el de contradicción, el principio de non bis in ídem, el derecho de defensa, la prohibición de analogía, el principio de proporcionalidad y razonabilidad, además del principio de igualdad. Se analizará 30 Fallos del Tribunal Fiscal Administrativo, con el objetivo de conocer las lesiones al derecho de defensa, debido proceso y cada uno de los principios del Derecho Penal aplicables en materia sancionadora tributaria que comete la Administración en los diferentes procedimientos sancionadores que lleva a cabo. Los principios de proporcionalidad y razonabilidad se han desarrollado ampliamente en la investigación, porque mediante éstos se puede concluir si la sanción en cuestión tiene lesiones constitucionales, mediante lo cual se analiza la garantización de los derechos humanos y la seguridad jurídica, con la que debe contar el ordenamiento. El desarrollo de los principios del Derecho Penal aplicables en materia sancionadora-tributaria, se debe enfocar en la garantía del debido proceso de los administrados, por lo cual el análisis de estos, se sustenta en el derecho de contradicción e igualdad de las partes (también...Item El sexting: incidencias y limitaciones del derecho penal costarricense(2024) Villalobos Vindas, Laura Sofía; Brenes Vargas, RodolfoJustificación : La práctica del “sexting” primario está directamente relacionada con la libertad sexual y el derecho a la vida privada. Adicionalmente, el “sexting” secundario y terciario consisten en nuevas formas de transgredir esos derechos fundamentales, y un novedoso acto de violencia de género. En ese sentido, el “sexting” es relevante jurídicamente, pues, tiene relación directa con el ejercicio y violación de derechos fundamentales. Sin embargo, a nivel nacional no existe un desarrollo o análisis doctrinal ni jurisprudencial de la regulación penal del “sexting”; tampoco existe normativa especial sobre el tema Ante ese vacío es pertinente examinar la actual regulación de esas conductas y sus fallos y aciertos, a la luz de los principios que informan el Derecho penal y con un enfoque de perspectiva de género requerido por la problemática. Hipótesis : Al no existir un tipo penal autónomo que sancione la difusión del contenido sexual sin consentimiento de su titular mayor de edad, se genera la impunidad de esas conductas, por cuanto esas acciones no se subsumen en ningún delito del Código Penal costarricense. La tipificación penal de esa conducta no violenta el principio de última ratio. La omisión de una regulación especial del “sexting” además impacta el ámbito de las personas menores de edad. Cuando esas personas practican “sexting” primario o son víctimas de difusiones sin consentimiento, esas acciones son penalizadas por los delitos de pornografía infantil tipificados en los artículos 173 y 173 bis del CPCR. Lo anterior violenta el principio de proporcionalidad en abstracto, el interés superior de la PME, el principio de autonomía progresiva y la prohibición de discriminación. Objetivo General : Analizar la regulación penal del “sexting” primario, secundario y terciario. Metodología: La metodología utilizada es la de tipo...Item Imputación subjetiva de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la Ley No. 9699: responsabilidad de las personas jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno transnacional y otros delitos(2022) Arroyo Pradilla, Grace Adriana; Ross Muñoz, Alejandro; Chirino Sánchez, Erik AlfredoEl 23 de setiembre del año 2013, Costa Rica aplicó para convertirse en miembro de la mesa de trabajo sobre Cohecho Internacional de OCDE y firma la Convención CCSP. La firma de la convención y su posterior ratificación por parte de la Asamblea Legislativa generaron una serie de compromisos en el país, entre estos el de penalizar penalmente a las personas jurídicas. Existe claridad en cuanto a la imputación objetiva de las personas jurídicas, idea que se reitera en la doctrina alemana, aunque en este país se siga entendiendo que las personas jurídicas son una ficción jurídica y por lo tanto no pueden delinquir. Sin embargo, no hay claridad en cuanto a la imputación subjetiva, ya que existen diversos criterios que se pueden utilizar y que parecen no estar presentes en la Ley No. 9699. Como hipótesis se plantea que el criterio de imputación subjetiva utilizado en la Ley No. 9699 de la República de Costa Rica sobre la Responsabilidad de las Personas Jurídicas sobre Cohechos Domésticos, Soborno Transnacional y Otros Delitos es insuficiente para responsabilizar penalmente a una persona jurídica. Por medio de los objetivos específicos se ha busca analizar las teorías de imputación subjetiva desarrolladas en Alemania, España y Estados Unidos de América para identificar, si es que existe, cual es la teoría aplicada en la Ley No. 9699, También, se analizan los contenidos y tendencias político-criminales de las teorías de imputación subjetiva con el fin de determinar el posible aporte a la Ley No. 9699. Además, se determina cual es el alcance jurídico de la Ley No. 9699 y con el fin de hacer posible la efectiva persecución de las personas jurídiza se realiza una propuesta de lege ferenda, tomando en consideración el aporte doctrinal del análisis de derecho comparado.Item La imputación de la responsabilidad penal de la persona jurídica: un análisis critico de la regulación costarricense, a partir del examen de la Ley No. 9699 en contraste con los modelos de responsibilidad doctrinarios y del estudio de los modelos normativos de Argentina, España e Italia(2022) Alfaro Ulate, Daniel Antonio; Rojas Rodríguez, José María; Salas Porras, Ricardo A.El presente trabajo es la culminación escrita de un importante esfuerzo de investigación sobre el tema de interés jurídico penal de la responsabilidad penal de la persona jurídica y su imputación. Este análisis contempla un estudio especial y actualizado de la regulación costarricense. Esta investigación surge ante la necesidad de dar a conocer y adentrarse en el cambio normativo y de paradigma de imputación de la responsabilidad penal que significó en Costa Rica la entrada en vigor en el año 2019, de la Ley No. 9699, normativa denominada: Responsabilidad de personas jurídicas sobre cohecho domésticos, soborno transnacional y otros delitos. Dicho cuerpo legal, pretende ser una herramienta jurídica para el combate de la criminalidad económica empresarial vinculada a delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, siendo dirigida a sancionar específicamente a las personas jurídicas involucradas. Debido a ello, es que en esta investigación se analizó dicha regulación, en contraste con los modelos de responsabilidad doctrinales predominantes y las regulaciones normativas homólogas establecidas en los países de Argentina, España e Italia, a fin de tener insumos para determinar su correlación y valorar su idoneidad jurídica, así como su aplicación a la actual criminalidad económica global que afecta a nuestro país. Para lograr este objetivo, se realizó un repaso histórico y conceptual de las teorías de imputación de la responsabilidad penal y sus elementos, posteriormente se analizaron los modelos de imputación de la RPPJ preponderantes en la doctrina jurídico penal. Estos insumos, fueron de relevancia para entender las normativas de la RPJ regulada de manera distinta en los ordenamientos de Argentina, España e Italia, siendo además, que en tales sistemas se identificó la aplicación adaptada de elementos propios de los sistemas doctrinales contemplados. A partir del examen anterior, se realizó un análisis...Item Criterios de imposición de medidas de seguridad en materia penal, un análisis del desarrollo jurisprudencial de los votos de la Sala Constitucional y la Sala de Casación Penal, así como de los extintos Tribunales de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia a partir del voto Nº0088-1992 de la Sala Constitucional(2022) Molina Chaves, Rebeca; Salas Mata, Diego Antonio; Salazar Rodríguez, Luis AlonsoLa presente investigación tiene como finalidad el análisis del instituto de la Medida de Seguridad, tanto desde su conceptualización, como dentro de la Teoría del Delito y la doctrina del Derecho penal costarricense, partiendo desde su evolución histórica hasta su sucinta regulación normativa, para luego, realizar un análisis acentuado, respecto de la existencia o no, de criterios jurídicos prevalentes utilizados por las personas juzgadoras en la etapa recursiva o su análisis a nivel constitucional, para imponer una medida de seguridad a una persona declarada inimputable, lo anterior, a partir del voto Nº0088-1992 de las de las once horas del diecisiete de enero de mil novecientos noventa y dos, emitido por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. En el citado voto, derivado de una acción de inconstitucionalidad, resulta relevante para la presente pesquisa pues, realiza un examen elocuente y claro de la diferenciación entre el principio de culpabilidad y la peligrosidad criminal, que debe valorarse a la hora de imponer una pena o bien una medida de seguridad respectivamente. Para lo cual, es conciso el voto Nº0088-1992 al indicar que, (...) existe marcada aceptación en la doctrina para tener como fundamento de la pena a la culpabilidad, mientras que las medidas lo hacen en la peligrosidad. La culpabilidad permite una función garantista a la pena, pues limita al Estado en cuanto a la reacción por la comisión de un hecho delictivo, al tanto de culpabilidad, mientras que la peligrosidad no puede cumplir ese cometido, dado que para superarla se necesita someter al sujeto a un tratamiento o intervención por tiempo indeterminado; la gravedad del hecho, la importancia del bien jurídico afectado y el grado de culpabilidad demostrado en la comisión del hecho, pierden importancia como circunstancias a tomar en consideración para fijar el tanto de la reacción penal, así bien puede ser posible que por la participación...Item Análisis del concepto de dominio en el Proyecto de Ley nro. 19.571 denominado "Ley Especial de Extinción de Dominio" y su aplicación en los casos de arrendamiento financiero (financial leasing) de acuerdo con el ordenamiento jurídico costarricense(2020) Salehi Cedeño, Sheila Eugenia; Olaso Álvarez, Jorge EnriqueObjetivo general. Analizar la viabilidad jurídica del Proyecto de Ley especial de Extinción del Dominio, número 19.571, en los contratos de leasing financiero. Justificación. En los últimos años, los niveles de violencia en la sociedad costarricense han ido creciendo rápidamente, ello en razón de la presencia del crimen organizado. Lo anterior, en el sentido de que quienes se encuentran en el mundo del narcotráfico han desarrollado una guerra territorial para aumentar su poder de distribución y venta de drogas. Como resultado de ello, dichas agrupaciones están aumentando su patrimonio producto de las actividades ilícitas que desarrollan y nace la necesidad de que se cree una norma que faculte al Estado costarricense -a través del ejercicio del poder punitivo- para extinguir el dominio de los bienes fruto de las actividades criminales organizadas, a través de un proceso in rem y no in persona, es decir, contra las cosas en sentido real y no contra las personas, como lo es el proceso penal per se. En la fase de aplicación de la figura que se procederá a analizar, existe la posibilidad de que se vulneren derechos adquiridos a través de situaciones jurídicas consolidadas. Sin embargo, los Derechos Fundamentales también están en peligro, puesto que el Debido Proceso y el Derecho de Defensa pueden ser vulnerados al momento de desarrollar el procedimiento de extinción del dominio de los bienes. Hipótesis. El contrato de leasing financiero es un instrumento que aún con el Proyecto de Ley número 19.571 puede ser utilizado para la legitimación de capitales. Metodología. En la presente investigación, se realizará un estudio de las posiciones del Derecho Penal costarricense -doctrina y jurisprudencia- con respecto a la creación de institutos jurídicos para el desincentivo al delito y cómo ello ha afectado al patrimonio de los imputados. También se analizará el criterio de los ex magistrados José Manuel Arroyo Gutiérrez y Carlos...Item La aplicación de institutos del derecho penal en la sanción administrativa de funcionarios públicos dentro del ordenamiento jurídico de la Hacienda Pública: el caso del régimen de responsabilidad de la Ley N° 8422(2017) Richmond Portuguez, Luis AlonsoEl interés por elaborar la presente investigación, se justifica en la necesidad de insertar dentro de los estudios existentes sobre el Derecho Administrativo Sancionador, consideraciones que permitan comprender el funcionamiento de este Derecho dentro del llamado ordenamiento jurídico de la Hacienda Pública, que contiene una serie de particularidades que no se han investigado de manera amplia, y que cada vez representa un tema de importante discusión dentro de la praxis jurídica del país en diferentes niveles como lo son el jurisdiccional, el constitucional y por supuesto el administrativo. Por esta razón, surge el interés de analizar la responsabilidad administrativa, sobre todo la que dentro de sus competencias ejerce la Contraloría General de la República, desde el enfoque del citado ordenamiento de Hacienda Pública, específicamente en cuanto a la aplicación de los institutos sustantivos y procesales del Derecho Penal. El hecho de centrarse en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, encuentra su razón de ser en lo delicado de la materia que regula, así como los alcances que su aplicación puede tener en la prevención y sanción de actos de corrupción dentro de la función pública, tema cuyo interés ha crecido a nivel nacional e internacional, en forma considerable en los últimos veinte años. De aquí el interés en delimitar el estudio, al régimen de responsabilidad administrativa que esta norma establece. Como hipótesis de esta investigación, se establece que el régimen de responsabilidad administrativa contenido en la LCCEIFP contiene particularidades con respecto a otras manifestaciones de la potestad sancionadora de la administración, que generan una relación con el Derecho Penal, que resulta quizá de las más estrechas dentro del ius puniendi estatal. Esto aporta particularidades en la discusión sobre la aplicación e institutos sustantivos y procesales...Item Delitos informáticos en la actualidad costarricense(2021) Esquivel Alpízar, Carol Andrea; Romero Salmerón, Andrea Estefanie; Salas Porras, Ricardo A.En la presente investigación, se realizó un análisis de los delitos informáticos en la legislación penal costarricense, nos encontramos a simple vista, la existencia de imprecisión en los tipos penales y múltiples carencias en comparación con la legislación internacional. Creemos, que el camino es intentar mejorar los términos en que están redactados los tipos penales, y crear así nuevas figuras que se consideran esenciales para generar una claridad en los conceptos que no existe en este momento creando inseguridad jurídica. Además, existe poco desarrollo doctrinal debido a lo novedoso del tema y lo rápido de la evolución de las tecnologías de la información. Los delitos informáticos muchas veces han quedado sin sanción, no solo en virtud de la ausencia de normas penales claras, que a fin de cuentas resultan de difícil o imposible aplicación por el juez dada su ambigüedad, sino que también por la constante confusión en la definición de conductas. En primer lugar, la hipótesis de la investigación afirma que es necesario que el legislador responda a la ratificación del Convenio de Europa sobre Ciberdelincuencia, haciendo un análisis de la realidad nacional sobre los delitos informáticos, este análisis debe tener como finalidad la creación y aplicación de una normativa vinculante, que permita obtener la seguridad jurídica, que hasta ahora se ha quedado escasa, siendo la falta de claridad en los conceptos, la que contribuye de gran manera a generar esta incertidumbre. Nos parece prudente la generación de doctrina, por esto buscamos dejar nuestro aporte en el desarrollo teórico del tema, produciendo un texto claro y conciso, que sea una iniciativa para que el legislador reconozca la necesidad de la actualización de dicha normativa. Dentro de los principales objetivos de esta investigación se encuentra analizar la legislación penal costarricense en el tema de delitos informáticos, buscando identificar sus principales...Item ¿Es la figura del curador procesal una solución al tema de la representación de personas jurídicas con ocasión de la Ley 9699?(2021) Solís Ramírez, Adriana María; Olaso Álvarez, Jorge EnriqueEn Costa Rica, con la reciente aprobación de la Ley 9699, también conocida como Ley sobre Responsabilidad de las Personas Jurídicas sobre Cohechos Domésticos, Soborno Transnacional y otros Delitos, se introdujeron concepciones nuevas y, hasta ahora desconocidas por la legislación procesal penal, en lo referente a la posibilidad de imputar responsabilidad penal subjetiva, cual si se tratara de un imputado-persona física. Este texto normativo, entre sus más llamativas innovaciones incluye que, en determinadas circunstancias, cuando el representante legal de la sociedad no pueda representar a la persona jurídica por encontrarse en un conflicto de intereses así determinado por el juez a cargo, se debe nombrar a la figura jurídica un defensor público quien ostentará una doble función como curador procesal y defensor penal. Por lo anterior se planteó la siguiente hipótesis para el presente trabajo: La figura de la persona defensora pública en su doble actuación, según lo dispuesto por la Ley 9699, como garante del proceso penal y en ejercicio de la figura de curador o curadora procesal, no resulta idónea para asegurar la defensa técnica y el debido proceso para la persona jurídica imputada. Por consiguiente, como objetivo general se planteó: Analizar la idoneidad de la aplicación de la figura del curador procesal con motivo del régimen jurídico que planteó la Ley 9699, en los casos de la imposibilidad de que comparezca el representante legal de la persona jurídica, con litigios pendientes de resolución en sede judicial o procesos sancionatorios en trámite. Con este objetivo se recurrió a tres metodologías, en primer lugar; se realizó un abordaje histórico de la personalidad jurídica y capacidad procesal como atributo de esta personalidad, por lo que se recurrió al método histórico a partir del análisis de la normativa que ha estado vigente en cada etapa de esta evolución y el estudio de trabajos relacionados...Item El derecho de indulto en Costa Rica: ¿invasión de competencias entre poderes del Estado?(2021) León Zamora, Bernardo de Jesús; Campos Esquivel, RodrigoJustificación: Dentro de los estados democráticos la separación de poderes es una garantía determinante que permite la fiscalización y el auto-control estatal, lo que en conjunto con la Constitución, garantiza independencia y estabilidad institucional. Pero como ciencia humana, el derecho es propenso a presentar entredichos teóricos y el indulto es un ejemplo. El indulto es el perdón total o parcial de la ejecución de la pena impuesta por el Poder Judicial o su sustitución por una menos grave que otorga el Poder Ejecutivo vía Decreto, siendo un acto altamente discrecional, pues no está regulado en una ley. Para sus detractores con el indulto el Ejecutivo afecta la sanción en firme del Poder Judicial y es un ejemplo de invasión de competencias entre poderes, afirmándose que tiene rasgos de un modelo monárquico y lesivo del sistema democrático. Mientras sus defensores dicen que es un Derecho que garantiza la Constitución y el derecho internacional a todo sentenciado y por eso no es posible derogarlo. Del año 2006 al 2017, en el país se dieron 146 indultos de 1724 solicitudes, lo que refleja su importancia social, legal y política. Este estudio aborda el indulto en Costa Rica, y a partir de análisis de doctrina, legislación y jurisprudencia, busca establecer si es o no una invasión de competencias entre poderes públicos. Se estudian los principios que validan el indulto y su ejecución desde los cánones constitucionales del Estado de derecho, para ampliar su estudio y comprensión. Hipótesis: el indulto implica un traslape o invasión de competencias del Ejecutivo sobre el Judicial, en perjuicio de la división de poderes del artículo 9 constitucional. Objetivo General: Evaluar si el indulto implica una invasión de competencias del Poder Ejecutivo sobre el Judicial, en Costa Rica. Metodología: Se utiliza el método analítico descriptivo de fuentes bibliográficas. La investigación es cualitativa y descriptiva...
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