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    La cosa juzgada en la filiación y el conflicto en su aplicación con principios constitucionales
    (2009) Argüello Coto, Jonathan; Ovares Jiménez, Róger Antonio; Jiménez Mata, Alberto Antonio
    El presente trabajo está integrado por un primer Título, compuesto por dos capítulos, además de un segundo Título que, a su vez, está conformado por tres capítulos, y que en conjunto tratan de analizar la disyuntiva existente entre los criterios en que se posicionan los principales órganos jurisdiccionales en nuestro país específicamente, Tribunal de Familia, Sala Segunda y Sala Constitucional con respecto al tópico de la fricción de los principios constitucionales de seguridad jurídica y el de toda persona de conocer sus padres, dentro de los procesos de filiación, donde se pretende ilustrar a aquellos que estudien este trabajo, los más objetivos criterios al respecto, para dar una salida adecuada al mencionado conflicto. El Título Primero, capítulo I, profundiza en el tema de la filiación, específicamente en los antecedentes y evolución histórica a favor de la situación jurídica de las personas que ostenta una filiación de tipo extramatrimonial, además de las diversas formas establecidas dentro de nuestro ordenamiento jurídico para establecer tal filiación, institución jurídica que exige el reconocimiento y aplicación de otros derechos básicos e indispensables para darle sentido a la figura de la filiación. El capítulo II acentúa sobre la importancia del derecho constitucional de toda persona de conocer la identidad de sus padres, apoyándose en la normativa nacional e internacional en la que encuentra asidero este derecho humano, además del análisis del conjunto de derechos que se aglutinan y que paralelamente interactúan de manera recíproca con este primer derecho, con la finalidad de dar una vida digna a toda persona. Por otro lado, el Título II en el Capítulo I analiza, la importancia del instituto de la cosa juzgada, con el fin de tener presente sus características y aplicación dentro de nuestro ordenamiento jurídico. A la vez, se complementa con el capítulo II pues en este se analiza...
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    La posibilidad del ofendido para exigir responsabilidad patrimonial al Estado por el funcionamiento del Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal durante la etapa preparatoria del proceso
    (2017) Hernández Carmona, Alejandro; Cambronero Torres, Andrei Eduardo
    El cambio de legislación adjetiva sobrevenido en la materia penal en el año 1996, implicó no solamente una modificación material de normas, sino que además produjo un drástico remezón en la estructura ideológica de la materia. Parte de esa significativa permuta de visión, versó entorno a varios de los sujetos intervinientes en el proceso mediante el cual se canaliza el poder punitivo del Estado. Si bien es cierto la mayoría de los intervinientes vieron modificada su participación en alguna medida, es plausible argumentar que el sujeto que se vio más afectado -de forma positiva- con el nuevo Código, fue la víctima. El ofendido, que históricamente había sido relegado de la composición de los asuntos penales y que continuaba en esa condición en el desarrollo del Código de 1973, ahora toma un importante rol, deviniendo incluso la reposición de sus derechos, en uno de los pilares básicos sobre los que descansa el Código. Bajo este entendimiento, hablar de la participación y derechos de la víctima en el proceso penal, se vislumbra no solo como una posibilidad, sino y por mandato legal, como una potestad. El renacimiento de esta figura, deriva en un movimiento ideológico que demanda la participación del ofendido, para procurar la paz social a través del proceso penal, donde el castigo para el ofensor es relevante, mas no el único fin, pudiendo incluso, en virtud de la venia y satisfacción de la víctima, ser relegado frente a la reparación de la ofensa. En este contexto y aún cuando ciertamente el sujeto hacia el cual se dirige el proceso lo sea el imputado, debiendo tender hacia la protección de sus derechos frente al ius puniendi, es innegable que al ofendido, le asiste la facultad plena de procurar el restablecimiento o reparación de sus intereses, por lo cual, la maquinaria judicial y su funcionamiento, están obligados a propiciarlo, ciertamente en la medida en que las circunstancias así lo permitan...
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    Sede de misión diplomática: principios y régimen jurídico aplicable
    (2010) Granados Granados, Liyanyi; Fernández Fonseca, Mónica C.
    La Sede de la Misión Diplomática está regida por una serie de Principios y la principal normativa al respecto está constituida por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, no obstante, debido a que dicha Convención omite hacer referencia ante los casos de emergencia que pueden ocurrir en ellos, deja lagunas respecto a la garantía de seguridad que debe otorgar el Estado Receptor al Acreditante respecto a la Sede de Misión Diplomática, y la eventual responsabilidad internacional del Estado en caso de un incumplimiento adecuado de dicha garantía. Por medio de la investigación doctrinaria, jurisprudencial, costumbre internacional y tratados internacionales, este trabajo pretende deslindar los Principios que rige la Sede de la Misión Diplomática y los límites que puedan existir en los mismos, ya que considera a Costa Rica como el Estado Receptor de dicha Sede, y con ello analizar la garantía de seguridad que debe ser brindada por parte del Estado Receptor al Estado Acreditante en relación con los Locales de las Misiones Diplomáticas, con la finalidad de determinar la eventual responsabilidad internacional del Estado respecto a las temáticas mencionadas. Así también, exponer una propuesta de codificación de límites al Principio de Inviolabilidad de recintos diplomáticos en casos de urgente necesidad, que incluye la respectiva determinación de responsabilidad internacional del Estado Receptor en tales casos. La respuesta esgrimida en la presente investigación constituye un aporte pues no existe ningún tratado internacional, ni costumbre internacional que delimite la Responsabilidad del Estado Receptor en casos de emergencia y su deber de protección de los Locales de la Misión Diplomática en esos casos, de manera que una propuesta de reacción ante situaciones de evidente emergencia sería útil para resguardar la vida de los representantes extranjeros, los bienes afectos a la función diplomática y las relaciones...
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    La sanción disciplinaria de revocatoria de nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica
    (2015) Ulloa Cordero, Jorge Arturo; Carvajal Pérez, Marvin Antonio
    La siguiente monografía presenta un análisis de la sanción de destitución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El principal antecedente es la destitución de un magistrado por parte de la Asamblea Legislativa el 28 de julio de 2014, luego de un procedimiento incoado a lo interno de la Corte. Dicha decisión se basó en la interpretación autorizada de la Sala Constitucional, que determinó que la potestad de la Asamblea se encuentra implícita en los numerales 157 (nombramiento), 165 (potestad disciplinaria sobre los magistrados) y 166 (potestad disciplinaria sobre los funcionarios judiciales) de la Constitución Política. Dicha sanción, máxima a nivel disciplinario, implica una relación interórganica entre dichos supremos poderes, que puede incidir negativamente en la independencia judicial, por lo que debe ser cuidadosamente analizada a partir de los instrumentos y pronunciamientos de los organismos internacionales que resguardan los derechos humanos, cuerpo interpretativo que el autor Haba Müller denominó dogmática iushumanista. La hipótesis de trabajo fue, de acuerdo con una interpretación iushumanista, dentro de las funciones y competencias constitucionalmente delimitadas de la Asamblea Legislativa no está contemplada la potestad de decretar la revocatoria del nombramiento de los magistrados de la Corte, antes del vencimiento del periodo de nombramiento. El objetivo general fue examinar -desde el iushumanismo- si la Asamblea Legislativa posee la competencia constitucionalmente delimitada para decretar la revocatoria de mandato de los magistrados de la Corte. La metodología empleada fue la investigación documental (sobre normativa, jurisprudencia -nacional e internacional- y doctrina), dentro de un paradigma epistemológico interpretativista. Se desarrolló toda una base teorética y dogmática propia del Derecho Constitucional y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, para dar una posible interpretación...
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    La responsabilidad administrativa del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense de Seguro Social ante la problemática de los implantes mamarios PIP (Poly Implant Prothese)
    (2015) Campos Paniagua, Walter Javier; Zeledón Cruz, Virginia; Salas Leitón, José Iván
    El presente trabajo de investigación aborda un tópico de gran trascendencia y actualidad en la realidad costarricense como es la responsabilidad objetiva del Estado, en específico del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense del Seguro Social ante la problemática de los implantes mamarios poly implant prothese (en adelante PIP). Cuando se habla de la problemática de los implantes mamarios PIP se hace referencia al conflicto médico que se suscitó en el año 2010, a nivel internacional, en torno a los implantes mamarios elaborados por la empresa francesa Poly Implant Prothèse, que utilizó en algunos de sus implantes silicona industrial en lugar de silicona médica, lo que ocasionó que dichos implantes presentaran una alta tasa de ruptura prematura. Lo anterior ocasionó que las pacientes portadoras de dichos implantes sufrieran problemas de depresión ante la expectativa de portar un implante defectuoso y posibles consecuencias físicas de ello. Asimismo, producto de dicha situación, sufragaron una serie de gastos médicos, tales como, pago de exámenes médicos, e inclusive extracción y reposición de implantes, esto último, además del costo económico que representó, implicó un daño físico, en tanto las afectadas debieron someterse nuevamente a una cirugía con el fin de extraer los implantes e incluso colocarlos por otros seguros y de calidad, con los riesgos que ello conlleva. Todo lo señalado implica necesariamente la determinación de la responsabilidad objetiva de las instituciones públicas que, con su conducta legítima o ilegítima, normal o anormal, ocasionaron los daños antes señalados. No obstante, -a nivel nacional como internacional- ninguno de los actores sociales inmersos (el Estado francés y los diferentes Estados que autorizaron la comercialización de la prótesis en sus territorios, entre ellos el costarricense) acepta y asume su responsabilidad...
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    Regulación de la publicidad comercial y su incidencia en la violación a los derechos fundamentales
    (2002) Luna Villegas, Xiomara; Solís Zelaya, Román
    La Publicidad Comercial en Costa Rica, no goza de una regulación legal expresa, dejando ciertas derechos fundamentales de sectores que por su condición pueden ser vulnerados con su proyección, tales como la niñez, la adolescencia, la familia y las derechos de los consumidores. Estudos científicos evidencian la posibilidad de que la mente del ser humana pueda ser moldeada y manipulada con fines eminentemente comerciales tanta de anunciantes como agencias de publicidad, en niveles que se encuentran por debajo de la conciencia, representando esto un peligro verdadera contra presupuestos naturales que le garantizan al ser humano la posibilidad de desenvolverse en un ámbito de libertad. Realizando una aplicación de disposiciones constitucionales, normativa internacional y regulación legal de nuestro ordenamiento, así como, tomando en consideración las importantes criterios que sobre la materia ha esbozado la Sala Constitucianal, resulta que existen criterios suficientes para afirmar la existencia de límites expresos a la Publicidad Comercial, en atención a la protección de derechos fundamentales que son violentadas con ésta.

SIBDI, UCR - San José, Costa Rica.

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