Derecho
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Item La prisión preventiva como instrumento de criminalización de la pobreza: el arraigo en el peligro de fuga(2020) Barboza Guadamuz, María del Milagro; Mora Fonseca, Lilliana; Harbottle Quirós, FrankLa presente investigación surge por la problemática evidenciada ante la visita realizada por la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la cárcel de San Sebastián en el año 2016, que solo alberga a imputados por prisión preventiva, durante la cual se observaron las condiciones insalubres y degradantes del centro penitenciario. Además, se reveló que, un 18% del total de la población detenida eran personas indiciadas. Esta situación evidencia que, la prisión preventiva, no ha sido impuesta de forma excepcional, lo cual, lleva a cuestionarse quiénes son los más afectados por su aplicación. Por lo tanto, este trabajo se centra en el peligro de fuga como presupuesto contemplado por el Código Procesal Penal para que proceda la prisión preventiva, específicamente en el arraigo, con el fin de demostrar que se debilita conforme se desciende en los estratos socioeconómicos. El problema de investigación es: ¿en qué medida ha sido la falta de arraigo el principal presupuesto para imponer la prisión preventiva, convirtiéndola en un instrumento para criminalizar la pobreza en Costa Rica? Como respuesta, se plantea la hipótesis de que la falta arraigo, elemento tomado en cuenta para determinar si hay peligro de fuga, ha sido el principal presupuesto considerado por los jueces al imponer la prisión preventiva, convirtiéndolo en un instrumento de criminalización de la pobreza. El objetivo general es evaluar la incidencia del arraigo al imponer esta medida cautelar y su relación con la criminalización de la pobreza. Los objetivos específicos son: analizar a nivel doctrinal y normativo el arraigo como elemento del peligro de fuga, su concordancia con el ordenamiento jurídico costarricense y los Derechos Humanos; identificar la condición socioeconómica que atraviesan los presos preventivos en Costa Rica y su relación con los delitos que se les atribuyen...Item La crisis de la política criminal de drogas: problemas de su definición a partir de criterios políticos y económicos(2005) Salazar Víquez, Xinia; Salas Porras, Ricardo A.El carácter transnacional de ciertas actividades relacionadas con el tráfico de drogas hace que se haya experimentado, sobre todo a finales de los años ochenta, un aumento significativo de su regulación penal. Aunque varios comportamientos ya estaban incriminados desde hace algún tiempo, la creación de nuevos delitos creció considerablemente. Nuestra política criminal acudió al derecho penal como la mejor opción para resolver el problema de las drogas. Sin embargo, al asignarle ésta labor de forma exclusiva y prioritaria, dejó por fuera un sinnúmero de alternativas que pudieron incluso aplicarse con preferencia a la represión penal. Olvidando que la política criminal debería ser una estrategia de prevención y control de ciertas conductas consideradas delictivas, se promulgan leyes, decretos y reglamentos cuya orientación principal va dirigida a una fuerte represión, dejando al importante tema de la prevención en un segundo plano, en el mejor de los casos. Esta excesiva utilización del derecho penal para enfrentar el problema de las drogas hace que se desarrolle un derecho penal cuya aplicación resulta desigual y que conlleva, en ocasiones, a consecuencias injustas. La política criminal de drogas costarricense no ha sido diseñada atendiendo a un estudio criminológico que permitiera analizar la realidad de nuestro país antes de adoptar cualquier estrategia político-criminal, sino atendiendo a ciertos intereses que han ido configurando una política criminal de apaciguamiento.Item Problemas, dificultades y obstáculos de un Ministerio Público sin políticas de persecusión(2003) Avendaño Vega, Yorleny; Delgado Martén, Juan Manuel; Chirino Sánchez, Erik AlfredoEn la actualidad el ordenamiento jurídico costarricense a nivel procesal ha atravesado grandes cambios, de ellos fue la introducción del nuevo Código Procesal Penal, el cual trajo aparejado reformas de gran envergadura, como las nuevas funciones que se le otorgaron al Ministerio Público. Es por ello que la presente investigación trata sobre los Problemas, Dificultades y Obstáculos de un Ministerio Público sin Políticas de Persecución, señala las vicisitudes que enfrenta esta institución por tener en sus manos la tarea de perseguir los delitos, desde la promulgación del Nuevo Código Procesal Penal. Y es de esta manera, como el Ministerio Público se encontró de pronto con este nuevo reto por enfrentar, el cual es la emisión de las políticas de persecución. El Estado toma un rumbo según sea su forma de gobierno, la cual va a estar relacionada no solo con su gestión como tal sino además con su lineamiento de poder ya sea este económico, social, o político; es por ello que cada Gobierno ve de manera diferente el tratamiento a sus problemas y por ende el lineamiento de sus políticas. Siguiendo esta misma línea nos damos cuenta como el Estado emite una serie de políticas, las cuales caminan al lado de sus intereses no solo para el mismo Estado sino también para la sociedad, de esta manera vemos políticas sociales, políticas económicas, políticas educativas, políticas criminales, entre otras. Las cuales todas ellas son formas de exteriorización del Estado regente en ese momento. De esta manera, es como salen a la luz las políticas criminales, las cuales hacen frente a la criminalidad. Es así como las políticas criminales se tratan de ...un ámbito de decisiones, de criterios, de argumentaciones, que se postulan a nivel teórico o práctico para dar respuesta al fenómeno de la criminalidad. Así mismo, estas políticas criminales deben ser llevadas a cabo por una institución que cumpla con la finalidad de las mismas...Item El poder de las inmunidades: el problema de las impunidades en el ordenamiento jurídico costarricense(2007) Cordero Molina, Sofía; Barahona Krüger, PabloLas Inmunidades Parlamentarias y Diplomáticas pueden ser susceptibles de abrir portillos legales y convertirse en Impunidades. Si bien, la finalidad de dichas prerrogativas se circunscribe en condiciones ideales, a razones de funcionalidad e interés público, la práctica ha demostrado que el abuso de los privilegios es constante, amparado a derecho y promotor de una criminalidad de élite que queda sin castigo. Las particularidades propias de las lnmunidades - Parlamentarias y Diplomáticas - su vaga regulación, escaso estudio y compleja compresión contribuyen en gran medida a que esos portillos legales pasen por desapercibidos bajo un manto de permisibilidad por parte del ordenamiento jurídico y lo que es peor aún la aprobación moral de conductas reprochables por parte de una cultura del olvido característica de sociedades como la costarricense. Por medio de un acercamiento legal y doctrinario, el presente trabajo pretende desarrollar en forma puntual y detallada el poder invisible que tienen las lnmunidades Parlamentarias y Diplomáticas dentro de nuestro ordenamiento jurídico, y con ello esclarecer las líneas indiferenciadas con la Impunidad. De igual manera el estudio da la Impunidad como fenómeno criminológico, contribuye a entender la magnitud del problema estructural y el posible nexo causal entre ambas figuras. La actualidad del tema y su convergente tratamiento con ramas del derecho como la Constitucional, Internacional, Penal e incluso Criminológica, hacen de la presente investigación un importante aporte al tema de la denuncia de la criminalidad de élite producto de las líneas indiferenciadas entre las inmunidades del poder y su consecuente problema de impunidades.Item La doctrina de seguridad ciudadana: reflexiones en torno a una adecuada política criminal(2002) Acevedo Matamoros, Mayra; Chirino Sánchez, Erik AlfredoLa necesidad aparente de atacar al enemigo común del Estado y el orden público justificó en la era de la Guerra Fría la aplicación política de la Doctrina de Seguridad Nacional. Su contenido estaba principalmente dirigido hacia el resguardo del régimen político y económico que las dos potencias mundiales en su disputa pretendían imponer. La forma en que fueron desarrollados los contenidos doctrinarios significó para muchas naciones en proceso de transición democrática un debilitamiento de sus instituciones y, consecuentemente un descuido de las relaciones entre los ciudadanos y el Estado. Con la desaparición del adversario comunista y la consolidación de los mercados neoliberales; así como, el crecimiento de los niveles de complejidad en las sociedades modernas se puso en evidencia la incapacidad del Estado y sus instituciones para resolver los problemas que el pasado cercano les dejó y, afrontar las transformaciones sociales, culturales, económicas y políticas que el nuevo sistema mundial impuso. Las implicaciones que tales factores generaron en las sociedades se manifestaron en el debilitamiento de los tejidos sociales y en el deterioro de la cohesión social. De esta manera, la perdida general de expectativas favorecieron y estimularon cada vez más, la utilización de formas y conductas violentas para proporcionarse las respuestas que el Estado por sus condiciones actuales se encuentra imposibilitado de dar. La percepción subjetiva de un incremento de la violencia y la criminalidad, y la dramatización que los medios de comunicación colectiva realizaron sobre la misma, hicieron que se la alarma social aumentara y con ello la deslegitimación de las instituciones estatales de control social. Este sentimiento de inseguridad ciudadana convirtió al delincuente en el nuevo enemigo del orden público, desplazando de esta manera los contenidos doctrinarios sobre seguridad; es así como, los intereses políticos son enfocados..