1. Trabajos finales de graduación de grado

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    Propuesta de plan estratégico para la Defensoría de los Habitantes de la República para el año 2014
    (2014) Cabrera Sáenz, German Andrés; Ortega Samayoa, María Fernanda; Salazar Obando, Katherine; San Lee Corrales, Su Ann; Meléndez Rojas, Raudin Esteban
    La presente memoria titulada Propuesta de Plan Estratégico para la Defensoría de los Habitantes de la República para el año 2014 se encuentra dividida en seis capítulos a seguir. El primer capítulo expone la base de estudio del modelo, haciendo un recorrido desde la introducción de la temática a desarrollar hasta los antecedentes de la misma, pasando por el área de estudio, los objetivos de la investigación, preguntas de la investigación y la justificación de la escogencia del tema. El segundo capítulo nos muestra el cimiento teórico que fortalece y sostiene la presente investigación. El tercer capítulo se plasmó la metodología, bajo la cual se desarrolló el presente seminario, describiendo una a una las técnicas de recolección y análisis de los datos que llevaron a cada uno de los resultados obtenidos. El cuarto capítulo explica el ámbito de acción y nos brinda el contexto institucional en el cual nos encontramos inmersos durante el diseño y la aplicación de la Herramienta metodológica. El quinto capítulo presenta el desarrollo de la herramienta metodológica y los resultados obtenidos a raíz de las variables definidas en los capítulos anteriores. El sexto capítulo presenta las conclusiones y recomendaciones de los resultados obtenidos, de la aplicabilidad de la herramienta metodológica.
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    Legitimación institucional en el código procesal contencioso administrativo
    (2009) Induni Vizcaíno, María Jesús; Aguilar Arguedas, Alfredo; Castillo Víquez, Fernando
    El instituto de la legitimación se encuentra intrínsecamente relacionado con la participación ciudadana y el nivel de democracia en un Estado de Derecho, en la medida en que existe una relación directamente proporcional entre la amplitud de la legitimación dentro de las normas del Derecho Público y las facultades de los habitantes para poder recurrir las decisiones administrativas y tener participación, incidencia y ejercer un control en la función administrativa. De conformidad con lo anterior, con la introducción del Código Procesal Contencioso Administrativo, se pretende cumplir con el mandato constitucional del artículo 49 de la Carta Fundamental costarricense, de manera que la ley ofrece a los ciudadanos una tutela efectiva de sus derechos subjetivos e intereses legítimos. Sin embargo, el CPCA más allá de tutelar los derechos subjetivos y los intereses legítimos de los particulares, ratifica la legitimación que le corresponde a los órganos del Estado para efectos de cumplir con las funciones que les han sido encomendadas. Tratándose de la Procuraduría General de la República, la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes de la República, la legitimación que les ha sido reconocida, trae consigo para estos órganos la oportunidad para posicionar sus criterios en la sede jurisdiccional y tener una participación activa con incidencia directa en la función administrativa, para lograr que ésta sea llevada a cabo de la forma más eficiente, económica y diligente posible, garantizando el respeto al ordenamiento jurídico, el interés público y los derechos e intereses de los habitantes. Por lo tanto, es ostensible el reto que enfrentan estos órganos frente a las facultades para las cuales han sido habilitadas mediante el CPCA, con el objetivo final de canalizar, explotar y utilizar de la mejor manera la legitimación que les ha sido reconocida y generar un impacto positivo en la función...
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    El papel de la Defensoría de los Habitantes en la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas
    (2002) Odio Benito de Alvarenga, Marta Eugenia; Maxera Herrera, Rita
    El crecimiento del Estado moderno con el consecuente desarrollo acelerado de sus funciones, ha hecho insuficientes los tradicionales medios de protección de los derechos de sus gobernados frente a la Administración, tales como los recursos administrativos convencionales y los medios judiciales para impartir justicia. Es en esta realidad social donde emerge una institución inspirada en un antiguo modelo escandinavo, el OMBUDSMAN (vocablo derivado del sueco Imbud: representante, comisionado, protector, mandatario...), instituido para controlar el ejercicio del poder del Estado y servir de límite a las arbitrariedades de sus órganos administrativos, a través de la Magistratura de Conciencia, de Persuasión y de Influencia. En las últimas décadas, la figura del Defensor del Pueblo ha sido estatuido en un buen número de países en diversas regiones del mundo; dado este auge, autores como René Legrand la han calificado de institución universal. En Costa Rica, su creación de origen legal data de 1992, bajo el nombre de Defensoría de los Habitantes de la República, nació con el propósito de resguardar los derechos y los intereses de los habitantes. Los pueblos indígenas costarricenses, ávidos de encontrar respuesta oficial a sus necesidades actuales causadas por siglos de opresión e injusticia, cifraron sus esperanzas en la naciente institución para canalizar sus reclamos hacia los poderes públicos y, por su intermedio, hacer oír sus voces e intentar así desgarrar la mordaza impuesta desde la larga noche de los tiempos que precedió al desembarque de los extranjeros en sus tierras. En los últimos lustros del siglo XX, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos inició la codificación de los derechos de los pueblos indígenas, superando la concepción histórica de los derechos humanos de corte individual, hacia el reconocimiento de los derechos colectivos de estos pueblos, como condición previa para el ejercicio de sus burlados...
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    Legitimación jurisdiccional de la Defensoría de los Habitantes, una propuesta para una defensa real y efectiva de los derechos e intereses de los habitantes
    (2002) Leiva Poveda, Jorge Enrique; Muñoz Quesada, Hugo Alfonso
    Este Trabajo final de Graduación esta dividido en dos títulos, el primero dedicado exclusivamente del instituto de Defensor de los Habitantes Costarricense. En un primer momento, se analizan las características genéricas relacionadas con la institución, su naturaleza jurídica como órgano de control parlamentario. En cuanto al tema histórico se destaca que a diferencia de lo que la doctrina mayoritaria ha planteado, la presente obra rescató interesantes posiciones respecto de las influencias autóctonas distintas que, junto a las escandinavas, influyeron en lo que actualmente es la Defensoría de los Habitantes. Siempre dentro del ámbito de la actividad de este Órgano contralor, al estudiar las etapas de los procesos que se llevan a cabo dentro de esta entidad. Por primera vez, se abordó el tema de los presupuestos de admisibilidad de la institución. De lo anterior, se logró constatar la existencia de dos tipos de presupuestos: 1. Los Presupuestos Formales, a saber: i- Personalidad del denunciante, ii- Cualidades del denunciante, iii- el plazo del año. 2. Los Presupuestos Materiales, a saber: i- La Pendencia Judicial o en Materia Electoral y ii- Moralidad, Justicia y Legalidad de la Denuncia. Durante la revisión de la fase de investigación, se abordó el proceso de defensa propiamente dicho, el funcionamiento de los plazos y la distribución interna de la carga de labores que recibe esta entidad. Punto digno de resaltar, es el análisis realizado en torno a la naturaleza jurídica de las Recomendaciones del Defensor, las cuales a la fecha del presente trabajo, se les consideraba como actos sui generis, distintos de los establecidos en la clasificación tradicional de actos administrativos, actos jurisdiccionales y actos legislativos. Satisfactoriamente se logró precisar que los actos emanados de esta institución si pueden ser incorporados dentro de la clasificación de actos de gobierno. En relación con lo anterior, coincidimos...
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