Ciencias Sociales
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Item El procedimiento de nulidad de los actos administrativos emitidos por el Registro Nacional(2023) Brenes Hernández, Rolando J.; Víquez Cerdas, Ana CristinaLas inscripciones de Registro Nacional son consideradas actos administrativos de conformidad con los criterios vinculantes de la Procuraduría General de la República. En virtud de esta calificación es importante adaptar a estas inscripciones las normas aplicables a todos los actos administrativos, incluyendo, por tanto, el régimen de nulidades aplicable a los actos administrativos. La investigación pretende analizar si existe claridad en cuanto a cuáles procedimientos deben acatarse para decretar estas nulidades o si a fin de cuentas, no es posible anular una inscripción registral.Item El control jurisdiccional de los actos de gobierno(2023) Solano Salas, Jose Carlos; González Camacho, Oscar EduardoEsta investigación se centra en el Acto de Gobierno, instituto que es especie adscrita al género de los actos administrativos. Dicho concepto, nacido en la jurisprudencia del Consejo de Estado francés durante el siglo XVIII, en su formulación clásica, se postula como una excepción al control plenario del accionar de las Administraciones Públicas, por parte del contralor jurisdiccional. Se estudia su origen en el derecho francés, su evolución en el derecho español (en tanto escala necesaria) y finalmente, la acogida y posterior desarrollo en el derecho costarricense de la segunda mitad del siglo XX, así como su aparición, con claridad, a partir de la LRJCA. En tanto especie del Acto Administrativo, el ahondamiento en el Acto de Gobierno implica el estudio de la teoría general del Acto Administrativo, así como de sus elementos particulares. Por ser su nota distintiva una presunta exclusión de control jurisdiccional, también acarrea el estudio del contralor de legalidad, a través del establecimiento de la jurisdicción contencioso administrativa y civil de Hacienda. El estudio de análisis jurisprudenciales es sumamente complicado, en tanto, por su propia naturaleza aludida, son muy escasos los antecedentes donde se desarrolla el Acto de Gobierno y, más aún, donde se impugna un Acto Administrativo y se postula la excepción de acto no susceptible de impugnación por considerarse el objeto del proceso un Acto de Gobierno. Ello, combinado con el también escaso desarrollo doctrinal del instituto, ha propiciado que exista un enorme vacío en el derecho costarricense con respecto a esta tipología de Acto Administrativo. El no sometimiento, de una parcela del accionar de las Administraciones Públicas, al contralor judicial de legalidad o constitucionalidad es una premisa que debe ser estudiada a la luz de los principios que informan el marco teórico contemporáneo de la Justicia Administrativa, dentro de los cuales destacan: el principio...Item El temor fundado de ser objeto de persecución en razón de género como una causal de solicitud de refugio, estudio del caso costarricense en comparación con la región latinoamericana(2022) Bolaños Alvarado, Mónica; Herrera Quesada, Monzerrat; Thompson Jiménez, JoséLa razón que motiva este tema de investigación es el ejercicio jurídico de denotar la particularidad del caso costarricense frente a Latinoamérica, en el tema de la solicitud de refugio y sus causales. La persecución, en razón de género, es una de las causales contempladas en el país para solicitar la condición migratoria de refugio. El género es una de las cuestiones sociales más controversiales, y al mismo tiempo, más cotidianas en la vida común. También, el género es una de las causas más comunes de estigma, prejuicios y conflicto, aún en el siglo XXI. Los crímenes en razón de género son sumamente comunes en la región latinoamericana, donde la misoginia, homofobia, machismo y discriminación por ser mujer, cisgénero, intersexual, entre otros, aún es latente y continua. Es un fenómeno que no se exime de presentarse en todos los países de la región. En adición a lo anterior, una generalización en condiciones deplorables de vida en la región, ha causado una enorme movilización de personas en busca de refugio en otras naciones. La situación geopolítica, económica y, sobre todo, social, ha generado, al mismo tiempo, que Costa Rica sea un foco de recepción de migrantes en los últimos años. Dentro del territorio costarricense se encuentran migrantes de un sin fin de nacionalidades, esto no es excepción de la condición migratoria de refugio. Si bien Costa Rica es conocido, comúnmente, como receptor de personas solicitantes de refugio de Nicaragua, Venezuela, Haití o Colombia, estas no son las únicas nacionalidades, ya que se expande a todo el mundo. Estas dos situaciones mencionadas, al combinarse, son lo que generó la necesidad de desarrollar esta investigación. Lo que motiva el tema principal es una necesidad de comprobación y de ejemplificación del cómo, Costa Rica, ha enfrentado ambas situaciones y lo ha legislado o regularizado en procesos como el de solicitud de refugio. La principal motivación...Item Procedimiento administrativo ordinario de responsabilidad disciplinaria de la Caja Costarricense de Seguro Social: propuesta de mejora(2022) Herrera Gutiérrez, Laura; González Ballar, RafaelEl ejercicio de la potestad disciplinaria conlleva la posible imposición de una sanción y la supresión de derechos a los funcionarios, debido a ello se considera indispensable la tipificación de un procedimiento administrativo disciplinario, que garantice el debido proceso, y que se conduzca con la intención de lograr un máximo de celeridad y eficiencia, con arreglo a normas de economía y simplicidad, respetando en todo momento el ordenamiento y los derechos del administrado. En Costa Rica, la Ley No. 6227 -Ley General de la Administración Pública- regula el procedimiento administrativo sancionador, el cual es de aplicación obligatoria para toda la Administración Pública. Por su parte, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) regula este en la normativa de relaciones laborales, de modo que, con base en esta regulación, se instaura e instruye el procedimiento administrativo disciplinario y se ejercen las sanciones correspondientes. Sin embargo, esta institución afronta grandes problemas en el ejercicio de su potestad disciplinaria, por cuanto los procedimientos se tornan complejos y sumamente extensos. En virtud de lo anterior, se identificó el siguiente problema: El procedimiento administrativo ordinario regulado en la Normativa de relaciones laborales de la CCSS es sumamente complejo y extenso, lo cual conlleva la generación de vicios, entrabando con ello la búsqueda de la verdad real y, en general, los fines de la Administración. Se consideró como hipótesis que, para garantizar un ejercicio ágil y eficiente de la potestad disciplinaria en la CCSS, es necesario racionalizar el procedimiento administrativo ordinario y que, para ello, el Libro II de la Normativa de Relaciones Laborales (NRL) debe ser derogado, por cuanto las disposiciones del procedimiento administrativo de la Ley General de la Administración Pública son suficientes para garantizar que el tal procedimiento sea conducido con celeridad y eficiencia...Item Análisis racional crítico de la sanción ambiental administrativa(2020) Arias Rodríguez, Marvin Stevens; Centeno Ureña, Or-El; Mora Espinoza, Alvaro EnriqueEl derecho como fenómeno se ha caracterizado como un medio para llegar a diversos fines. Esto puede verse como una forma de solventar diversas problemáticas que tiene el humano en la sociedad. El realismo jurídico en sus múltiples y variadas concepciones nos ha enseñado que sin importar el enfoque, la formación, la región geográfica o la era en la que se presente el problema, debe de partirse de la observación de la realidad, para proceder con ello a idear una solución al conflicto. En el ámbito del Derecho Administrativo se emplean diversos órganos para abordar diversas vicisitudes que a la misma administración le corresponde resolver. Esto es lo que se denomina como el deber de hacer de la administración. Estos órganos son denominados tribunales y a diferencia del ámbito judicial, estos se encuentran a nivel organizativo dentro del Poder Ejecutivo, adscritos a entes u otros órganos propios de la administración central. Dentro de las más variadas aristas, como lo pueden ser temas aduaneros, migratorios, registrales y fiscales. Interesa, para efectos de este trabajo, uno en específico que corresponde a una de estas múltiples áreas, el cual es el Tribunal Ambiental Administrativo, un órgano dependiente del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el cual, maneja principalmente, una materia autónoma como lo es el Derecho Ambiental. Ante esto, se tiene una realidad jurídica (y social) y con ello, problemas por resolver. El Tribunal Ambiental Administrativo es una figura creada para buscar solución a problemas propios de su competencia, problemas de índole ambiental como el daño ecológico y la reparación del medio ambiente. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que no siempre aquello que se plasme en el papel corresponde con la realidad. En este trabajo se analiza la figura de la sanción ambiental administrativa, competencia del tribunal mencionado, -en relación...Item Visión crítica de la expropiación en el ordenamiento jurídico costarricense a la luz de la reforma integral a la ley de expropiaciones del 03 de mayo de 1995(2017) Chavarría Rosales, Karen Patricia; Córdoba Ortega, Jorge AntonioEn lo jurídico, el presente trabajo investigativo encontró su razón fundamental en la figura de la expropiación, la cual perteneciendo al derecho público y particularmente a la rama del derecho administrativo, se constituye como una potestad de imperio que trastoca el contenido esencial de la propiedad privada concebida en forma amplia, bajo el entendido de que por regla general sobre cualquiera de sus acepciones puede recaer este acto ablatorio. Cabe mencionar que el impulso académico para elegir el presente tema fue la importancia reconocida a la expropiación dentro de los intereses públicos por los cuales debe velar la Administración y lo que implica la figura a nivel de la solvencia de las necesidades de orden público que ven su efectivo alcance únicamente bajo la aplicación del instituto jurídico de análisis, respetando los parámetros del debido proceso; de este modo, para el cumplimiento cabal de lo que el legislador visualizó en la norma, se requirió más que una intromisión perjudicial, disminuyendo plazos y el actuar eficiente y responsable de los operarios de la Administración Pública. De esta forma, con la finalidad de aclarar la existencia de las insuficiencias normativas indicadas, así como las incongruencias constitucionales y prácticas de la mencionada normativa, se formuló un objetivo general consistente en determinar si efectivamente la Ley n.º 9286 constituye la vía jurídica idónea para subsanar limitantes históricas como la mora judicial, sin dejar de lado el debido proceso y el respeto al orden constitucional del Estado de derecho costarricense. Bajo esta misma línea se planteó una hipótesis que desde el inicio de la investigación consistió en el señalamiento de las incoherencias existentes entre el derecho de la constitución y los contenidos de la norma n.° 9286, pues en busca de entregar un mecanismo célere a la Administración, el legislador promulgó un procedimiento poco garantista...Item La protección de los datos de la persona como un derecho al no suministro de información en materia fiscal(2015) Cruz Monge, María Marcela; Muñoz Zamora, Fernando José; Villalobos Brenes, FranciscoJustificación: El presente trabajo de investigación pretende abordar un tema que resulta de vital importancia y que al día de hoy no ha sido objeto de estudio ni de mayores consideraciones por parte de la comunidad jurídica. Se requiere hacer un análisis y constatar si la Ley de Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, resulta un cuerpo normativo oponible e integrador ante una actuación de requerimiento de información por parte de la Administración Tributaria. Hipótesis: Existen ciertos datos que pese a poseer una relevancia de carácter tributario y son susceptibles de ser requeridos por la Administración Tributaria, gozan de un fuero especial de protección según lo dispone la Ley de Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales como norma legal que desarrolla el principio de autodeterminación informativa, siendo por consiguiente facultativo para el administrado el suministro de la información legalmente requerida. Objetivo general: Demostrar la existencia de un derecho del sujeto pasivo a reservarse información que goce de un fuero especial de protección pese a ser la misma de relevancia tributaria. Metodología: Se pretende explorar en la investigación que nos ocupa el método de investigación documental, esto debido a que las fuentes primarias de información que se ha propuesto utilizar están constituidas, tal y como él mismo indica, a través de documentos como lo son las fuentes bibliográficas que se enumeraron en el estado de la cuestión. Conclusiones: El capítulo de derechos y garantías del contribuyente que consagra el CNPT, es una lista enunciativa de protecciones con la que cuenta el sujeto pasivo contra la acción administrativa, que como lista enunciativa que es se puede ver ampliada e integrada por el resto del ordenamiento jurídico. La LPD viene a configurar un verdadero derecho al administrativo al no suministro de información en materia fiscal.Item Alcances de la responsabilidad del Estado por hechos tumultuosos(2015) García Quesada, Luis Felipe; Córdoba Ortega, Jorge AntonioEl tema por desarrollar, en la presente tesis, corresponde a Alcances de la Responsabilidad del Estado por Hechos Tumultuosos. Este corresponde a un enfoque sobre la responsabilidad administrativa, desconocido y omitido en la práctica jurídica del Derecho Administrativo en Costa Rica. Dicha temática deviene una investigación sumamente novedosa, respecto a los supuestos que implican el reconocimiento de una responsabilidad administrativa del Estado costarricense, así como, una eventual introducción aplicativa, en el sentido teórico y práctico, en el régimen administrativista actual; aunque este aspecto ha sido rezagado aún y cuando, constitucionalmente, se ha determinado la obligación estatal de intervenir en casos de desórdenes sociales y sus respectivas consecuencias, como podrían ser: la destrucción de bienes, daños a propiedad privada, daños físicos y/o pérdida de vidas, entre otras. Consecuentemente, en este trabajo, se pretende dar un enfoque informativo al respecto, reiterando el desconocimiento que existe al respecto e incluso, llega a ser inconcebible para muchos. Asimismo, el avance investigativo, se encuadrará a partir de una inactividad material, por parte de la Administración Pública en dichos escenarios, es decir, en el caso de omisión al respecto. El problema que acompaña el examen temático, es determinar si existe responsabilidad alguna por parte de la Administración Pública, en virtud de todos los daños causados, durante la congregación de actos tumultuosos; por lo tanto, se plantea la siguiente como hipótesis: El Estado Costarricense debe responder objetiva y solidariamente frente a los daños y perjuicios que se ocasionen sobre esfera jurídica de los administrados, en el tanto estos tengan relación directa y causal con los actos tumultuosos que acontezcan socialmente, en razón de la omisión de sus dependencias administrativas. Ahora bien, para efectos de organizar y desenvolver el tratamiento...Item El principio de transparencia en los procedimientos de urgencia y emergencia en la contratación administrativa: el caso del terremoto en Cinchona(2015) Elizondo Soto, Sheddy; Elizondo Soto, Shermine; Córdoba Ortega, Jorge AntonioEn nuestro país, el procedimiento utilizado por excelencia para la contratación por parte del Estado es la licitación pública, la cual se regula en el artículo 182 de la Constitución Política. Este es el medio que permite una participación más amplia de la población, igualdad de trato entre los oferentes, publicidad, evita arbitrariedades al permitirse la interposición de recursos y, al ser formalista, garantiza la transparencia y la legalidad de la contratación. Sin embargo, cuando se dan situaciones de emergencias y desastres se requiere que éstos sean atendidos de forma inmediata y expedita, por lo que la licitación pública se convierte en un obstáculo en estas situaciones. En virtud de esto, el Ordenamiento Jurídico ha permitido la contratación directa por razones de urgencia y emergencia, el cual implica un proceso menos dilatorio en razón de que se suprimen ciertas etapas de la contratación ordinaria, lo cual no significa que no se vaya a realizar un control adecuado de la contratación, sino solamente que será posterior. Debido a esta falta de fiscalización previa y de la agilidad del proceso, algunos funcionarios públicos lo han utilizado para evitar la licitación alegando emergencias no existentes o bien para satisfacer un interés privado, situación que ha sido denunciada en diferentes ocasiones, por lo cual decidimos investigar la misma. Para llevar a cabo esta investigación se ha definido como hipótesis que en Costa Rica, cuando la Administración Pública contrata mediante procedimientos de urgencia y emergencia no respeta el principio de transparencia. De igual forma, como objetivo general se ha planteado analizar los procedimientos de urgencia y emergencia, como una modalidad de contratación administrativa, para determinar si se cumple el principio de transparencia, enfatizando el caso del terremoto en Cinchona. La metodología utilizada para el presente trabajo fue un modelo mixto de investigación...