Browsing by Author "Salazar Rodríguez, Luis Alonso"

Now showing 1 - 13 of 13

Análisis de la figura del juez de vigilancia penitenciaria, para determinar su viabilidad y empleo en el dereho penal costarricense
(2019) Solano Carmona, Alexander; Salazar Rodríguez, Luis Alonso
La ejecución de la pena es la última etapa del proceso penal. Siendo la culminación procesal, una vez llegada a dicha fase, se abandona casi en su totalidad el resguardo de derechos a la población penal. Es en esa etapa donde más afectaciones sufren los individuos sentenciados, ello por la pena impuesta. La máxima penalización o penitencia aplicada en nuestro sistema penitenciario es la pena privativa de libertad. Que en principio consiste en la privación de libertad ambulatoria del sujeto en determinado centro penitenciario. Nuestra realidad evidencia que la privación de libertad va más allá de una restricción de la esfera jurídica. Acarrea vivir situaciones transgresoras de la dignidad humana de los reclusos. Implica encontrarse condenado a recibir tratos inhumanos, carecer de espacios propios para una vida aceptable, ser blanco de agresiones, impedimentos para acceder a la tutela de su condición mediante el ejercicio de sus derechos y garantías; y en general todo tipo de negatividades imaginables. Dentro de todas las causas originadoras de esta problemática, nosotros decidimos centrarnos en un fenómeno en particular. Creyendo que si lo atacamos y corregimos se puede avanzar enormemente en este tema. Nos referimos a la actividad de vigilancia penitenciaria, a nivel nacional. Actualmente, dicha tarea se encuentra asignada en mayor medida a los jueces de ejecución penal, pero desde un plano accesorio, secundario. Lo que se traduce en una inoperancia o efectuación sumamente limitada y deficiente. Ello porque dicha jurisdicción tiene a su vez otras funciones más de índole de control, situación que la detiene y aqueja para cumplir con el vigilo penitenciario. Por ende, el problema de mayor pertinencia se traduce en: la falta de una figura jurisdiccional eminentemente de vigilancia penitenciaria, significando que hoy sólo contemos con un juez poseedor de funciones de naturaleza jurídica distinta, pero deficiente...
Análisis integral del derecho en la "protección" del bien jurídico tutelado por el delito de retención indebida en los casos de morosidad de cuota obrero patronal
(2019) Benítez Guillén, Carlos Manuel; Calvo Rodríguez, Kevin; Salazar Rodríguez, Luis Alonso
Justificación y pertinencia: La retención indebida ha sido un delito utilizado por parte de la Caja Costarricense Del Seguro Social como una herramienta de miedo para ejercer presión en los cobros del dinero que retiene el patrono como parte del pago obligatorio del seguro social de los trabajadores. Es necesario aclarar que el empleo de ambas vías del derecho (civil y penal) no es ilegal, pero su legalidad formal no es lo que se discute, sino el porqué de la misma, es decir, se pretende determinar si el uso de una de las herramientas (procesos) más costosas del Estado, como lo es el proceso penal, está justificado y establecer si el procedimiento consigue los fines que pretende. Hipótesis: Actualmente se entiende por bien jurídico tutelado en estos casos la Seguridad Social, pero si se realiza un estudio integral del derecho, la protección real es al patrimonio de la Caja Costarricense de Seguro Social, que pareciera ser en el fondo del tipo penal el bien jurídico escondido en una aplicación incorrecta del Derecho. El uso indiscriminado de ambas vías (civil y penal) representa un exceso económico y punitivo innecesario, lo que genera una afectación a los derechos del imputado y a los ingresos del Estado. Objetivo general: El objetivo general de la presente investigación es analizar el procedimiento legal de recaudación de las cuotas obrero patronales que se encuentren en estado de morosidad. Metodología: En esta investigación se utilizará una metodología deductiva, ya que se emplearán conceptos generales del Derecho, así como de la Ciencia de la Economía, para analizar en específico la protección de la seguridad social tutelada por medio, tanto del proceso monitorio, el delito de retención indebida y los lineamientos propios del Derecho Laboral y Administrativo empleados en la persecución de un mismo fin y la pertinencia de los mismos. Conclusiones más importantes: Se realizó una distinción necesaria...
Análisis sobre la posibilidad de configuración del delito de estafa de crédito en casos de data reciente, específicamente los casos de "El Cementazo", Yanber y la Asociación Solidarista de Empleados del Banco Nacional (ASEBANACIO) con relación a los créditos otorgados por la banca estatal, privada y otras entidades no financieras
(2020) Barrantes Fonseca, Gabriel Antonio; Salazar Rodríguez, Luis Alonso
La Comisión del Delito de Legitimación de Capitales, a través del uso del dinero electrónico en Costa Rica y su posible regulación
(2015) Salas Guzmán, Michael; Segura Rojas, Michael; Salazar Rodríguez, Luis Alonso
El presente trabajo final de investigación nace en el campo del derecho penal, específicamente con el tema del delito de legitimación de capitales, más en concreto del estudio de las tipologías para realizarlo y en los sofisticados modus operandi de las organizaciones criminales, quienes utilizan con mejor precisión las invenciones en el campo tecnológico para cometer sus ilícitos y dotar de apariencia legítima los réditos patrimoniales provenientes de los mismos. Uno de esas invenciones que se menciona, es el tema de la evolución de los mecanismos de pago en el mundo y, Costa Rica no escapa de ello. El uso del dinero electrónico como sustito del dinero físico, es un tema que poco a poco toma auge en otras legislaciones y, actualmente, resulta posible encontrar en el mercado nacional opciones para utilizar mecanismos electrónicos de pago, si bien estos se encuentran de manera incipiente y su uso no es generalizado, no existe regulación específica sobre su empleo. Este vacío normativo, podría representar un potencial riesgo a la economía costarricense, al permitir que las organizaciones criminales utilicen estos mecanismos de pago tecnológicos, como medio para legitimar los dineros que obtienen en la comisión de los hechos delictivos a los cuales se dedican. Para demostrar lo antes expuesto, se planteó como hipótesis que debido a la nula regulación del uso del dinero electrónico como método de pago en Costa Rica, resulta posible que este mecanismo lo utilicen las bandas criminales organizadas, como una plataforma segura de mezclar sus ganancias provenientes de actividades ilícitas con los dineros formales de la economía costarricense. Tal circunstancia exige la regulación de este método económico para prevenir el blanqueo de capitales y financiamiento de organizaciones criminales. Para ello, se trazó como objetivo general analizar el uso del dinero electrónico como medio de pago en Costa Rica y la posibilidad...
Criterios de imposición de medidas de seguridad en materia penal, un análisis del desarrollo jurisprudencial de los votos de la Sala Constitucional y la Sala de Casación Penal, así como de los extintos Tribunales de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia a partir del voto Nº0088-1992 de la Sala Constitucional
(2022) Molina Chaves, Rebeca; Salas Mata, Diego Antonio; Salazar Rodríguez, Luis Alonso
La presente investigación tiene como finalidad el análisis del instituto de la Medida de Seguridad, tanto desde su conceptualización, como dentro de la Teoría del Delito y la doctrina del Derecho penal costarricense, partiendo desde su evolución histórica hasta su sucinta regulación normativa, para luego, realizar un análisis acentuado, respecto de la existencia o no, de criterios jurídicos prevalentes utilizados por las personas juzgadoras en la etapa recursiva o su análisis a nivel constitucional, para imponer una medida de seguridad a una persona declarada inimputable, lo anterior, a partir del voto Nº0088-1992 de las de las once horas del diecisiete de enero de mil novecientos noventa y dos, emitido por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. En el citado voto, derivado de una acción de inconstitucionalidad, resulta relevante para la presente pesquisa pues, realiza un examen elocuente y claro de la diferenciación entre el principio de culpabilidad y la peligrosidad criminal, que debe valorarse a la hora de imponer una pena o bien una medida de seguridad respectivamente. Para lo cual, es conciso el voto Nº0088-1992 al indicar que, (...) existe marcada aceptación en la doctrina para tener como fundamento de la pena a la culpabilidad, mientras que las medidas lo hacen en la peligrosidad. La culpabilidad permite una función garantista a la pena, pues limita al Estado en cuanto a la reacción por la comisión de un hecho delictivo, al tanto de culpabilidad, mientras que la peligrosidad no puede cumplir ese cometido, dado que para superarla se necesita someter al sujeto a un tratamiento o intervención por tiempo indeterminado; la gravedad del hecho, la importancia del bien jurídico afectado y el grado de culpabilidad demostrado en la comisión del hecho, pierden importancia como circunstancias a tomar en consideración para fijar el tanto de la reacción penal, así bien puede ser posible que por la participación...
Derecho a la educación en las cárceles: pertinencia de la oferta educativa del Centro de Atención Institucional Vilma Curling Rivera como herramienta para el cumplimiento del fin resocializador de la pena impuesta a las mujeres condenadas por narcotráfico
(2020) Chaves Peñaranda, Karla Sofía; Mora Porras, José Alexander; Salazar Rodríguez, Luis Alonso
Justificación. El propósito de realizar esta investigación es describir el contexto y situación entorno a la educación penitenciaria, la cual constituye una de las herramientas más importantes en el proceso de resocialización de la población privada de libertad. Al mismo tiempo se pretende verificar si existe una verdadera oportunidad para las mujeres privadas de libertad de utilizar la educación penitenciaria como una herramienta para el ingreso al mercado laboral y ascenso en la movilidad social vertical. Hipótesis. La educación que reciben las mujeres condenadas por narcotráfico en el Centro de Atención Institucional Vilma Curling Rivera contribuye efectivamente en el proceso de resocialización de las mismas, puesto a que facilita su inserción en el mercado laboral y favorece el ascenso en la movilidad social vertical. Objetivo General. Analizar la pertinencia de la oferta educativa del Centro de Atención Institucional Vilma Curling Rivera como herramienta que contribuye al proceso de resocialización mediante la inserción laboral y el ascenso en la movilidad social vertical. Metodología. El presente trabajo se trata de una investigación aplicada exploratoria dividida en dos capítulos; el primero de ellos, se desarrolla con la ayuda de elementos descriptivos y el segundo, con elementos exploratorios. El objetivo es crear dos marcos comparativos entre sí para identificar las principales diferencias en la concepción y el funcionamiento del Sistema Educativo Penitenciario del CAI Vilma Curling Rivera. El capítulo I es relativo a la organización de la educación penitenciaria en el CAI Vilma Curling Rivera, su desarrollo se consiguió a través de la consulta de fuentes bibliográficas, doctrina y legislación internacional y nacional, en materia de derechos humanos, derecho constitucional y derecho penal. Por otro lado, para el capítulo II se construyó un marco contextual del funcionamiento de la educación penitenciaria del CAI...
La dificultad probatoria en el delito de legitimación de capitales y el proyecto de ley de extinción de dominio como solución a esto: propuesta de un nuevo modelo
(2015) Sandoval Ramos, Andrea; Salazar Rodríguez, Luis Alonso
El presente trabajo de investigación es de gran importancia en la actualidad debido a las profundas consecuencias que tiene en la sociedad el delito de legitimación de capitales, éste cala cada día con más fuerza en las economías de todos los países, sus efectos son cada vez más graves y las distintas formas de legitimar capitales se vuelven más innovadoras y creativas día con día. Es por este motivo que es de suma importancia contar con las herramientas suficientes para poder combatirlo de la forma más eficiente posible, dentro de las herramientas más eficaces con las que se cuentan en la actualidad se encuentra el sistema penal, el cual debe estar estructurado de tal manera que pueda cumplir con esta tarea de la mejor manera. Existe en la actualidad un debate a nivel doctrinal en cuanto a la autonomía o no del delito de legitimación, por un lado, están las personas que consideran que el delito de Legitimación de Capitales debe ser dependiente de un delito previo específico, es decir, que para poder juzgar a alguien por el delito de legitimación, primero es necesario probar que el dinero o bienes en cuestión provienen de un delito en específico, tales como prostitución o narcotráfico, y demostrar además, que el juzgado tenía conocimiento de esto. El otro lado de la doctrina mantiene la posición de que el delito de legitimación de capitales es un delito autónomo y como tal no es necesario que se penalice un delito previo para poder proceder con una sentencia condenatoria por el delito de legitimación de capitales. Dentro de este debate, la posición que se ha tomado mayoritariamente en nuestro país es la que establece que el delito de legitimación de capitales es un delito dependiente del delito previo, esta posición genera gran dificultad a los jueces penales, ya que se vuelve una tarea prácticamente imposible lograr probar que el sujeto que está siendo juzgado en ese momento, tenía conocimiento de que el dinero...
El tratamiento del VIH y el sida durante el I semestre de 2020 de las mujeres privadas de libertad del Centro de Atención Institucional Vilma Curling, ubicado en San Rafael Arriba de San José, a la luz de la legislación internacional
(2022) Álvarez Villagra, Mónica Carolina; Álvarez Zumbado, Daniel; Salazar Rodríguez, Luis Alonso
La presente investigación se basó en la hipótesis de la existencia de una vulneración a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad portadoras de virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida). En especial en lo relacionado con su derecho a la salud, en cuanto a atención médica y tratamiento se refiere. Consecuentemente, la presente investigación parte de la necesidad de plantear una reforma normativa en el régimen jurídico vigente para fortalecer la labor de la Comisión Nacional Penitenciaria sobre el sida para que, ostentando atribuciones más operativas, tutele más efectivamente el derecho fundamental a la salud de las personas privadas de libertad en el Centro de Atención Institucional Vilma Curling. Se plantean como objetivos estudiar la realidad práctica del Centro de Atención Institucional Vilma Curling, con el fin de evaluar si los problemas localizados en el régimen jurídico se presentan pragmáticamente, lo que afecta la realidad de las mujeres privadas de libertad. Asimismo, se busca estudiar el régimen jurídico que rodea a la Comisión Nacional Penitenciaria sobre el sida a la luz del derecho fundamental a la salud de las personas privadas de libertad portadoras del VIH, con el fin de determinar si las atribuciones y funcionalidad de esta Comisión le permiten tutelar efectivamente este derecho fundamental y, en caso de confirmar la hipótesis, diseñar y proponer una reforma normativa al régimen jurídico de la Comisión Nacional Penitenciaria sobre el sida, que le permita tutelar más efectivamente el derecho a la salud de las mujeres privadas de libertad del Centro de Atención Institucional Vilma Curling, portadoras del VIH/sida. Para desarrollar esta investigación se desarrolló el método de entrevistas escritas, esto se debe a las limitaciones propias de una situación de pandemia. Pese a lo anterior, se logró obtener satisfactoriamente el punto...
En búsqueda de una alternativa viable ante la ineficacia de la pena privativa de libertad en Costa Rica como método resocializador
(2014) Guerrero Barrantes, Elízabeth; Salazar Rodríguez, Luis Alonso
Justificación: A la luz de la realidad penitenciaria en Costa Rica, en donde se ha determinado la existencia de tratos crueles, inhumanos y degradantes dentro de los centros de atención institucional, cabe cuestionarse la asignación y la eficacia de un fin resocializador a la pena privativa de libertad. Esto, obliga al Estado a buscar mecanismos que le permitan desahogar sus centros penales, sin descuidar el control de la criminalidad y respetando en todo momento los derechos humanos de las personas recluidas y sus víctimas. Hipótesis: La pena privativa de libertad estandarizada como sanción primordial ante hechos punibles, no está cumpliendo con el fin de resocialización normativamente asignado, por lo tanto se establece la justicia restaurativa como un método que posee alternativas de sanción más acordes con un objetivo resocializador de la pena. Objetivos generales: -Evidenciar el fracaso de la pena privativa de libertad en Costa Rica como mecanismo para alcanzar la resocialización del sujeto a quien se dirige la pena. -Presentar a la Justicia Restaurativa como un método alternativo a la pena privativa de libertad con mayores posibilidades de efectividad para alcanzar la resocialización de quien se enfrenta a una pena. Metodología: La forma de estudio y las fuentes consultadas determinan la metodología de la presente investigación como de tipo descriptiva-cualitativa. Conclusiones: En Costa Rica a partir del año 2008 se reporta un aumento en las sentencias condenatorias, cuya pena por excelencia es la privativa de libertad. Algunas causas de tal incremento son: implementación de los tribunales de flagrancia, un aumento en el uso de la prisión preventiva como medida cautelar por parte de los jueces, la promulgación de legislación que aumenta o crea penas, política criminal y sub-ejecución presupuestaria del Patronato de Construcciones del Ministerio de Justicia y Gracia. Al analizar la capacidad instalada de los centros penales...
Expansionismo y juventud: una deconstrucción del discurso expansionista con relación con el fenómeno delincuencial juvenil
(2013) Gómez Valdez, Alejandro A.; Salazar Rodríguez, Luis Alonso
El presente trabajo se dedica al contexto de validez del concepto de política criminal aplicado a la materia penal juvenil. El problema que justifica el trabajo se constata en que quienes han fungido como encargados del Poder Legislativo en Costa Rica desde 1996 al 2012, han concentrado el manejo de la delincuencia juvenil en órganos que responden de forma acentuadamente represiva sin alcanzar los objetivos declarados. Estos, se adjudican el monopolio del control social en virtud de un manejo discursivo del saber penal. Ante tal problema, la investigación propone como objetivo general: Reestructurar el discurso utilizado para controlar la participación de los menores de edad en conductas delictivas y, en consecuencia, fortalecer la generación de medidas no represivas. A) Y como objetivos específicos: Deconstruir el concepto de política criminal y evaluarlo a partir del criterio de racionalidad intersubjetiva. B) Criticar las formas de control social de la población joven gestadas en la Asamblea Legislativa y Policía. Para alcanzar los mencionados objetivos, se utilizó como método la investigación documental bibliográfica que comprendió el examen de fuentes primarias; entre ellas: obras de dogmática jurídica, proyectos de ley, legislación vigente y artículos especializados. Así como el método de análisis del discurso. En el examen del problema se parte de la siguiente hipótesis: La política criminal es un concepto incapaz de contener el uso expansivo de la represión penal y, por el contrario, legitima violaciones a los derechos de los menores de edad. Re-significarlo valida la participación de actores no pertenecientes al aparato punitivo, los cuales podrían aportar respuestas no represivas en materia penal juvenil, más eficientes respecto de los fines declarados por las medidas expansionistas y más respetuosas de los Derechos Humanos de los niños y jóvenes. Las conclusiones presentan al lector consideraciones básicas...
Necesidad del control jurisdiccional en la transición de personas adultas privadas de libertad del sistema institucional al sistema semi-institucional: análisis a la luz del proyecto de ley del servicio penitenciario nacional y de acceso a la justicia para la ejecución de la pena 18 867
(2019) Évora Castillo, Óscar Andrés; Salazar Rodríguez, Luis Alonso
Justificación. Dentro del procedimiento penal, la ejecución de la pena es el momento donde el Estado ejerce de forma más evidente su poder coercitivo, es por esto, que deben ser respetados los derechos fundamentales del individuo de la misma manera que en todo el proceso penal previo. Por esta razón, es difícil comprender el olvido del tema por los diferentes operadores del derecho, jueces, doctrinarios e, incluso, los mismos legisladores. Los autores que se han dedicado en los antecedentes a temas relacionados, en especial desarrollan el tema desde un punto de vista sustantivo de la pena, sus fines, entre otros, dejando de lado aspectos procesales importantes de la ejecución en sí misma, aun cuando los derechos fundamentales del individuo adquieren tanta importancia en esta etapa. El interés de esta investigación recae en la realidad que se presenta actualmente en Costa Rica en relación al procedimiento que tiene el Ministerio de Justicia y Paz por medio de la Dirección General de Adaptación Social para el cambio de programa de atención del régimen Institucional al régimen Semi- institucional en adultos privados de libertad. Esto dado que no existe un control jurisdiccional en este sentido, aún y cuando existen requisitos estrictos que deben de cumplirse en su totalidad para el cambio de régimen y que en muchos casos ha quedado demostrado que los mismos no se cumplen ni son respetados por los encargados de llevar a cabo esta delicada tarea. Hipótesis. Nuestro problema se enfoca en la siguiente pregunta: ¿Se hace necesaria la judicialización de la aplicación del sistema de traslados de los privados de libertad, del régimen institucional al régimen semi-institucional? Es bien sabido que hasta ahora, en Costa Rica, han sido los órganos técnicos-administrativos, como la Dirección General de Adaptación Social por medio del Instituto Nacional de Criminología, los encargados de determinar los criterios de valoración...
Políticas de oralidad implementadas por el Poder Judicial del período 2006 al 2008 en el proceso penal costarricense
(2011) Ramírez Avendaño, José Pablo; Salazar Rodríguez, Luis Alonso
Justificación. La oralidad y la escritura son formas procesales contingentes que admiten, sin mayores problemas, distintas combinaciones, según lo requieran las necesidades procesales en un momento dado y lo permitan las posibilidades y recursos con los que se cuentan. La clave estará en respetar el núcleo intocable que debe someterse a la forma oral por las ventajas que dicha forma manifiesta en el desarrollo del juicio, especialmente en lo que se vincula a la práctica de las pruebas (inmediación y concentración procesal encabezando la lista), decidiendo, racionalmente, para los demás actos procesales que conforman el proceso, optando por aquella forma que se muestre más atinada con la obtención de las distintas finalidades a ellos asignados. En nuestro país, a causa de la poca implementación de la Oralidad en el procedimiento penal considerada por algunos juristas, la Presidencia de la Corte en unión con el BID, estableció un Programa de implementación de la Oralidad a través de un curso impartido a todos los empleados judiciales, llamado Oralidad y Proceso Penal, Hacia un proceso penal por Audiencias, con el cual se pretende que el procedimiento penal sea en su mayoría oral y mucho más expedito en aras de una Justicia pronta y cumplida, pretendiendo un Sistema Acusatorio Puro en contraposición del Sistema Mixto de nuestro país, en detrimento de la finalidad de esta normativa procesal vigente, ya que una vez que se imparten los cursos en cada provincia, se llegan a acuerdos en cada Jurisdicción, lo cual ha creado una inseguridad jurídica muy amplia, al dejar de lado las formas procesales y las etapas de nuestro procedimiento penal. Hipótesis. Las Políticas de Oralidad implementadas por el Poder Judicial de Costa Penal pretenden un Sistema Acusatorio Puro en detrimento del Sistema Mixto vigente en nuestro país. Objetivo General. Analizar las Políticas de Oralidad del Poder Judicial introducidas en el proceso penal...
Societas delinquere potest: rompiendo el paradigma : ¿responsabilidad penal de la persona jurídica o derecho administrativo sancionador?
(2013) Loaiza Araya, Nelson Rodolfo; Mata Guzmán, Paola María; Salazar Rodríguez, Luis Alonso
Históricamente, en materia penal, toda acción tipificada ha sido entendida como un comportamiento atribuible a un ser humano, excluyendo la posibilidad de que las personas jurídicas cometan acciones punibles a ellas mismas. Sin embargo, en la actualidad se ha dado un crecimiento de las actividades ilícitas por parte personas jurídicas que actúan en detrimento del ordenamiento, especialmente en delitos económicos y ambientales. Esta realidad ha llevado a la doctrina a considerar la posibilidad de establecer sanciones penales a la persona jurídica. Partiendo de esta dicotomía de posiciones entre quienes admiten la posibilidad de la sanción a las personas jurídicas y quienes la niegan, radica la importancia de un desarrollo más profundo de este tema, ya que es evidente que las actuaciones realizadas por estas ficciones jurídicas, siempre que afecten la esfera jurídica de un tercero o perjudiquen los intereses difusos, deben tener una consecuencia jurídica reprochable y que vaya acorde con el principio de legalidad. Como hipótesis de nuestra investigación, nos centramos en el tópico acerca de si los principios de juzgamiento del Derecho Penal costarricense actual no impiden que se legisle regulando la responsabilidad penal de las personas jurídicas y aplicarles sanciones ante su accionar ilícito. Como objetivo general de este trabajo de investigación nos hemos propuesto determinar si, ante la eventual comisión de ilícitos por parte de las personas jurídicas, existe impedimento jurídico para que el Ordenamiento Jurídico Costarricense, reaccione aceptando la aplicación de sanciones penales a dichas entidades o, en su caso, qué modificaciones deben realizarse en la legislación nacional para aceptar la responsabilidad penal de dichas entidades. Para la realización de esta investigación, nuestra metodología se enfoca principalmente, en un análisis doctrinario (a través de títulos publicados a nivel nacional e internacional...